Oficialismo y oposición unifican proyectos para intentar bajar aranceles de tarjetas

Dos proyectos de ley ingresaron al Parlamento en momentos distintos y desde diferentes bancadas con el mismo objetivo: regular el sistema de tarjetas a raíz de la inclusión financiera impulsada por el gobierno.

Primero fueron los diputados Daniel Peña y Gonzalo Mujica que presentaron en 2011 un proyecto de ley con el objetivo de, entre otras cosas, fijar los aranceles máximos que pueden cobrar los bancos por el uso de tarjetas de crédito y débito. En ese entonces los legisladores pertenecían al Partido Nacional y al Frente Amplio respectivamente, ahora Peña responde al Partido de la Gente y Mujica se desempeña como independiente. En 2015, ese proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados con el apoyo de todos los partidos pero como el Poder Ejecutivo se oponía, fue archivado.

En marzo de este año fue el senador oficialista Leonardo De León (Lista 711) quien presentó un nuevo proyecto, que tiene como base el presentado en 2011, con el objetivo de "fortalecer el proceso de inclusión financiera". Al mismo tiempo, el proyecto de Peña y Mujica fue desarchivado por lo que ambos proyectos están en el Parlamento, uno en Diputados y otro en el Senado.

El proyecto de Peña fija que los aranceles cobrados a los comercios por el uso de tarjetas de crédito no puede superar el 2% y el 1% en caso de tarjetas de débito mientras que el de De León fija el 1,5% y el 0,5% para crédito y débito, respectivamente. El comercio paga hoy para las tarjetas de débito entre 2% y 2,2% y para las de crédito 4,5%.

"Mi objetivo ahora es buscar las similitudes y llegar a un proyecto común. Si es de mi autoría o no, es lo mismo. Quiero que se apruebe el proyecto", dijo Peña a El Observador. Incluso, ya existió un acercamiento entre ambas partes a través de un llamado de Mujica a De León. "A las diferencias que ya tienen los pequeños comercios con las grandes superficies, entendemos que no debemos sumarle diferenciales en cuanto a los aranceles que tienen que pagar por las tarjetas", dijo De León a El Observador.

El proyecto del senador oficialista fue presentado con la firma del MPP, la lista 711, el Partido Comunista y Casa Grande, según dijo el legislador. El Frente Líber Seregni (FLS), sector liderado por el ministro de Economía, Danilo Astori, no firmó el proyecto pero tampoco se opuso para que pudiera tomar estado parlamentario.

En marzo, el Ministerio de Economía (MEF) había dejado en claro sus diferencias con el proyecto de De León. El asesor del MEF y coordinador del Programa de Inclusión Financiera, Martín Vallcorba, expresó sus dudas sobre los resultados de un hipotético tope a los aranceles. Vallcorba dijo que para el caso del débito, lo que pagan los pequeños comercios es "virtualmente lo mismo" que lo que pagan las grandes superficies. "El camino que ha seguido Uruguay, con mejoras sustantivas y con un cronograma de futuras rebajas, ha dado buenos resultados y deberíamos seguir en esa línea", aseguró a radio Carve.

El Poder Ejecutivo esta negociando con los bancos ese cronograma de rebajas y desde el FLS entienden que el proyecto solo va a tener viabilidad si el PE no se llega a un buen acuerdo. "Se trata de un proyecto que obliga a los bancos a negociar. Si no hay un buen acuerdo, puede caminar", dijo a El Observador una fuente de ese sector.

Existen visiones distintas sobre si el artículo que fija los aranceles viola o no el artículo 133 de la Constitución. Específicamente ese artículo de la Constitución dice que "requerirá la iniciativa del Poder Ejecutivo todo proyecto de ley que determine exoneraciones tributarias o que fije salarios mínimos o precios de adquisición a los productos o bienes de la actividad pública o privada".

El constitucionalista Martín Risso considera que el proyecto de ley para regular los aranceles debe ser de iniciativa del Poder Ejecutivo porque entiende que se trata de un "producto financiero" que se está regulando. Por lo tanto, los proyectos de Peña y de De León serían inconstitucionales.

Sin embargo, el abogado Julio Facal, que asesora a nueve cámaras de comercios, entiende que no se puede considerar que se trate de un producto o un bien sino de un servicio. "Esto es un servicio financiero, no hay un producto. Los productos son los que vienen del sector primario, manufacturación, industria, etc", dijo Facal a El Observador. El abogado entiende que ese párrafo de la Constitución está previsto para artículos de primera necesidad. Además, asegura que el Estado le dio toda la concesión del servicio financiero a los bancos, no le cobra por eso y no reguló precios.

El constitucionalista Martín Risso consideró que el acuerdo que pretende llevar adelante el gobierno con los bancos es ilegal. “Si va a haber acuerdos entre los bancos para fijar los aranceles, topes y promedios, es ilegal. Van a estar todos los bancos, o la mayoría de ellos, ejerciendo una posición dominante y acordando un precio que va a ser obligatorio para los usuarios. Me parece que va a haber una violación a la ley de libre competencia”, dijo.