ONU criticó ley de Salud mental y Diputados postergó su aprobación

La organización advirtió que usa "terminología peyorativa"
La Cámara de Representantes debería haber votado este martes en comisión el proyecto de ley de Salud mental que ya tiene media sanción del Senado pero las cosas se complicaron. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) envió una carta a los legisladores el viernes 2, en donde les advirtió que "tres aspectos del proyecto podrían condicionar los avances que se están llevando a cabo".

Por este y otros motivos, la Comisión de Salud y Asistencia Social de Diputados decidió postergar la votación, que se llevará a cabo el miércoles 14, según informó a El Observador el legislador nacionalista Martín Lema.

La misiva fue firmada por Amerigo Incalcaterra, representante regional para América del Sur de Oacnudh. Allí sostuvo que el proyecto de ley "no consigue incorporar cabalmente los estándares internacionales, pues estos establecen la prohibición de utilizar terminología peyorativa en materia de salud mental".

Según el jerarca, que en el proyecto se use la denominación "trastorno mental" determina que se estigmatice a las personas que tienen discapacidades psíquicas.

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A su vez, Incalcaterra hizo hincapié en que el proyecto "no aborda interdisciplinariamente los diferentes momentos del proceso de atención de acuerdo a lo establecido en estándares internacionales". En ese sentido, afirmó que aquellos que requieran atención no deben recibir únicamente la opinión de psiquiatras, sino que deben participar también profesionales de la Psicología y de las Ciencias Sociales en el proceso.

Asimismo, el jerarca valoró que el proyecto de ley crea un órgano contralor de las prácticas de atención en salud mental, pero cuestionó que se realice dentro del Ministerio de Salud Pública (MSP). Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los países "establecerán, a nivel nacional, un marco que constará de uno o varios mecanismos independientes" para supervisar la aplicación de la Convención.

Por lo tanto, Incalcaterre señaló que es necesario que el órgano de contralor "se cree bajo una estructura independiente y autónoma del Poder Ejecutivo".

Finalmente, el jerarca también opinó sobre la internación involuntaria y el consentimiento informado. Incalcaterra sostuvo que "la internación involuntaria ha sido calificada como privación arbitraria de la libertad", por lo que Uruguay debería "tomar todas las medidas para prevenir y remediar las detenciones arbitrarias". También recomendó que el Estado uruguayo "elimine las disposiciones del código civil que privan o restringen el ejercicio de la capacidad jurídica" . Por lo tanto, sostuvo que en vez de declarar la incapacidad de estas personas, se cree una figura jurídica que tome en cuenta sus decisiones brindándole apoyo.


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