"Opacidad y regulador débil incentivaron desvíos en ANCAP"

Experto considera imperioso definir rol de entes públicos para luego evaluarlos
Su condición de experto en temas de competencia y participación como consultor en organismos vinculados a las empresas públicas permiten interpelar desde otra óptica el funcionamiento de los entes del Estado. En diálogo con El Observador, Leandro Zipitría fue crítico y contundente sobre el manejo de ANCAP donde dice sin tapujos que "falló todo". Además, considera que el sistema político y la sociedad debería definir "qué rol" pretende que jueguen las empresas públicas para luego contar con más elementos para evaluar su desempeño.

Advirtió un debilitamiento de organismos de "contrapeso" para la gestión de los entes como los reguladores (Ursea y Ursec). También dijo que en la crisis de ANCAP incidió la "opacidad" en la información sobre sus distintas unidades de negocios. Lo que sigue es un fragmento de la entrevista que el economista Leandro Zipitría mantuvo con El Observador.

En el partido de gobierno parece haber dos corrientes sobre el papel de las empresas pública. Una que apuesta un rol más "desarrollista" con un perfil más social y otra donde los números tienen que cerrar sí o sí y deben estar al servicio de la macroeconomía. ¿Cuál es el camino?

La realidad está más en el centro. ¿En qué sentido? Las empresas públicas pueden ser utilizadas como una herramienta para el control de la inflación, pero en términos coyunturales y puntuales. Tampoco uno le puede pedir a un gerente que administre una empresa sin tener claro cuál va ser el horizonte tarifario o presupuestal. Eso no es una crítica al Ministerio de Economía, sino a la falta de objetivos y no tener claro los roles. Esto dificulta la evaluación de cómo operan las empresas públicas.

Si uno a las empresas públicas le pide 10 roles distintos, muchos de ellos son antagónicos. Tenemos el ejemplo de ANCAP con la asunción de un nuevo Directorio. ¿Qué es lo que tiene hacer? Tiene que reducir el déficit, hacer que los combustibles sean más baratos. Tiene que centrar la operativa de la empresa en determinados segmentos que son los relevantes. Tiene que dar ganancias, subsidiar a los sectores productivos. ¿Cuáles son los roles que le vamos a pedir a esta empresa? No lo tenemos claro. Si no tenemos la certeza del rol, no podemos evaluar si el Directorio cumplió o no los objetivos.

Ese el gran problema que tenemos en Uruguay. No tenemos claro qué queremos de las empresas públicas y los objetivos que queremos privilegiar. Surgen sobre la marcha. No tenemos claro cuál es grado de eficiencia relativa que tienen las empresas públicas. Sabemos algunas cosas sobre ANCAP sobre la paridad de importación de los combustibles que releva la Ursea. Pero en lo sustantivo, no hay un indicador que nos muestre qué tan eficientes somos en las tarifas de los combustibles dado que somos importadores.

¿Qué pasa con el papel de la regulación?
Precisamente, el otro problema que hay es que falta un contrapeso de las empresas públicas. No hay en el sector público una buena contraparte. El Ministerio de Economía no está para controlar ni la gestión de las empresas públicas, ni cómo es el proceso productivo. Economía podría decir o controlar si es conveniente que se tome deuda en determinados momentos o si es conveniente que se suban o no las tarifas. Pero no tiene la capacidad técnica y no le corresponde evaluar si esa tarifa refleja o no los componentes. Para ello debería haber un regulador.


"Más allá de cualquier objetivo que se le fije a una empresa, tiene que hacer un buen uso de los recursos. No tengo la impresión de que en el caso de ANCAP haya sido el caso", dijo Zipitría.

El gran problema que hubo en los últimos años, es que los reguladores han pasado a un segundo plano. Han perdido su rol natural de ser una contraparte de las empresas públicas para poder evaluar si en el funcionamiento de ese mercado esas tarifas, esa estructura, esa licitación y ese servicio que se va a brindar funcionan; cómo se traslada a un precio y qué incentivos se le están dando a las empresas. Ese rol ha desaparecido de los reguladores. En la Ursea (Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua) eso es claro. El rol de asesoramiento en materia de tarifas ha desaparecido de sus cometidos. En la Ursec, no es claro su rol para fomentar el funcionamiento de un mercado.

¿Esto pueda explicar en parte que ANCAP acumulara pérdidas millonarias que obligaron a una capitalización del gobierno por más de US$ 600 millones?

El tema de ANCAP es muy complejo. Es increíble, pero en ANCAP falló todo. Desde el Directorio para hacer esa revisión de los planes de negocios dado los cambios, o los no trasladados a tarifas. Si no hubo un traslado de determinados costos a tarifas, la empresa debería haber revisado sus planes de negocios e inversiones.

En segundo lugar, ese plan tarifario no es transparente para la sociedad en cómo se forma y cuáles son sus componentes. El único que puede interpretar eso es un órgano regular que diga, "si esto está bien, que se incluya en la tarifa". Pero en la medida en que la empresa no lo hace transparente y la sociedad y el regulador no tienen información, es muy difícil saber si los componentes de las tarifas están ocultando ineficiencia o no.

El tercer elemento, es que es muy complejo controlar a una empresa que trabaja en una multiplicidad de negocios que no están regulados. El plan de negocios del Portland no corresponde que el regulador lo mire. El problema es si tenemos una contabilidad que permite separar las líneas de negocios y tener claro dónde se están dando los desvíos y cuáles son los subsidios cruzados que están teniendo.

El presidente Vázquez optó por remover el directorio de ANCAP por un perfil más técnico que político. ¿Alcanza para enderezar el barco?
El principal problema no es la persona sino el entorno. El entorno de las empresas públicas fue de mucha opacidad. Recién ahora comenzó a salir información sobre lo que hacía ANCAP. Esta información siempre debió estar disponible. La opacidad genera la posibilidad de que existan desvíos que luego son imposible de corregir.

Por eso, lo primero que hay que cambiar es la opacidad en la que operan las empresas públicas y va más allá de que publiquen o no los balances. Si hubiera existido más transparencia en años anteriores, se podrían haber tomado las medidas correctivas. Muchas manejan el argumento de que esas empresas compiten en determinados segmentos y que la información genera un costo respecto a la oportunidad de competencia. Pero bueno, ese es el costo de una empresa pública que no es un competidor privado que puede tener sus intereses y salvaguardar sus datos. Más que las personas, lo que importa es cuál es el entorno que le damos a los directores para que actúen.

De todas formas, la decisión de poner una persona con perfil técnico al frente de ANCAP (por Marta Jara) me parece sumamente acertada. Es claro que la gestión tiene que se profesional. A veces me planteo por qué las empresas públicas no pueden traer profesionales que han demostrado capacidades en otras partes del mundo. Se podrá decir que son empresas públicas, los sueldos. Bueno, revisemos eso. La señal que dio el presidente fue la privilegiar una conducción técnica y de subordinamiento del resto de los objetivos hasta que cambie la coyuntura.

El problema es que hay empresas que se manejan con directores que son sus propios funcionarios. Esto distorsiona mucho los objetivos. Además, hay un problemas. Esos funcionarios van a los cargos de directores con sus sueldos para no resignar ingresos. Entonces, lo primero que hay que revisar son los sueldos de los directores y no los de los gerentes. En segundo lugar, no tienen ningún incentivo. Si la persona fracasa vuelve a su cargo. No tienen el incentivo para que lo pueden echar. Acá lo peor que le puede pasar es que vuelva a su oficina manteniendo el mismo sueldo. Esa estrategia hay que revisarla. Más allá de su calificación y de que puedan ser capaces para esa posición.

Perfil

Economista
42 años
Casado, tres hijos
Hobby: la música

Es docente e investigador del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar. Es economista y tiene una maestría en la Universidad de la República. Ha realizado trabajos de consultoría para el Banco Mundial, Cepal y la Unidad Regulador de Energía y Agua (Ursea). También presta servicios de consultoría a empresas privadas. Experto en temas vinculados a la competencia.




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