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Opción de reconstrucción global
Los recientes desastres ocasionados por el cambio climático imponen medidas de emergencia como la atención sanitaria y alimentación de miles de personas desplazadas, la reconstrucción de la ciudad de Dolores y la rehabilitación de rutas y caminos rurales. Pero en este último campo el gobierno debe ir más a fondo. Ante la destrucción en caminería rural, rutas secundarias y algunas nacionales, sería útil, hasta donde sea posible, que los trabajos inmediatos no se limiten a reparaciones superficiales sino que pasen a formar parte del programa para el mejoramiento global y permanente de la red vial del país. El problema, para una administración en una difícil situación fiscal, es la disponibilidad de recursos.
El Presupuesto quinquenal incluye US$ 12.000 millones en el período para obras de infraestructura, con un tercio de esa suma provisto por inversores privados en asociación con el Estado. Este ambicioso programa aún no ha desplegado y se debate en dudas creadas por el magro crecimiento de la economía. Pero el momento actual es la oportunidad lógica para ponerlo en marcha en el volumen que sea factible, uniéndolo con la necesidad de reparaciones inmediatas para evitar duplicaciones en trabajos futuros.
No es una coyuntura fácil para el gobierno, que hasta tiene dificultades para escarbar los US$ 100 millones que el presidente Tabaré Vázquez dijo que se aplicarán a normalizar la situación. Anunció que parte se arbitrará con endeudamiento público, lo cual no es conveniente a largo plazo. Y el resto saldrá de partidas asignadas a otros destinos, de los que cabe suponer no eran muy prioritarios. Varios intendentes del interior ya han adelantado que las sumas que Vázquez les promete, de esos US$ 100 millones, son apenas una fracción de lo que necesitan para restablecer caminos rurales al estado en que se hallaban antes de las inundaciones. Si la situación es como estos intendentes la describen, solo podrían hacerse reparaciones muy parciales, expuestas a nuevos deterioros en cualquier momento. Esta realidad fortalece la conveniencia de que, junto con las obras más urgentes, se encare el plan global de mejora de una red vial que ya venía deteriorada e insuficiente antes de los temporales.
Los trabajos de emergencia previstos tendrán la ventaja de ayudar a combatir el creciente desempleo, al requerir mano de obra en muchos rubros, especialmente en el golpeado sector de la construcción. Este beneficio se incrementará considerablemente si las obras se integran al plan global de la recuperación de la red vial en todo el país. Hay dos caminos ineludibles para hacerlo. Uno es apresurar los acuerdos con inversores privados, agilizando las habitualmente lentas y engorrosas tramitaciones para una asociación con el Estado. El otro es que el gobierno cumpla a rajatabla el compromiso asumido por el ministro de Economía, Danilo Astori, de reducir el gasto público en áreas donde se puede economizar, como parte del ajuste fiscal que viene realizando por etapas. Se requiere también una política salarial más estricta y excluir el expediente de aumentar impuestos, que sería contraproducente en momentos de alicaída actividad económica. La administración Vázquez tiene en esta emergencia la opción de actuar con visión, energía y eficacia o derivar en medias tintas.
