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Oposición retoma ofensiva contra Maduro dividida y sin rumbo claro
Mesa de la Unidad Democrática quiere más presión social pero no capitaliza descontento popular
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04 de enero de 2017 a las 05:00
La oposición venezolana retoma esta semana su ofensiva contra el gobierno de Nicolás Maduro, fracturada y sin una estrategia clara para lograr su objetivo de sacar del poder al chavismo, que luce más fuerte pese a los augurios de una crisis aún peor en 2017.
A un año de haber asumido el control de la Asamblea Nacional, la oposición renovará la junta directiva parlamentaria mañana jueves, cambiará a su equipo coordinador y redefinirá su hoja de ruta, luego del fracaso que tuviera en 2016 en su plan de revocar el mandato de Maduro, dividirse y perder apoyo popular.
"Están en una situación doblemente difícil: por un lado, luchan contra una fuerza que tiene el poder económico, militar y político; y, por otro, lo hacen fraccionados, sin organización sólida, y con pugnas internas insalvables", comentó Luis Vicente León, presidente de la firma Datanálisis.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ya anunció que buscará incentivar la presión social. Pero no le será fácil, pese a que 78,5% de los venezolanos, según Datanálisis, rechaza la gestión de Maduro, cansados de la elevada inflación y la escasez de alimentos, medicamentos y hasta de dinero en efectivo.
Tras arrasar en las elecciones legislativas de 2015, lo que terminó con 17 años de hegemonía chavista en el Parlamento, esa alianza opositora no logra capitalizar el descontento popular a su favor.
Según Keller y Asociados, su apoyo bajó de 45% a 38% en los últimos dos meses por sus desacuerdos, errores estratégicos y desconexión con los grupos sociales.
La MUD agudizó sus diferencias luego de que el poder electoral –al que acusa de aliado del chavismo– suspendió el proceso de referendo revocatorio el 20 de octubre y, pese a ello, diez días después entabló un diálogo con el gobierno, auspiciado por el Vaticano y la Unasur.
Las negociaciones fueron rechazadas por muchos seguidores de la MUD y la mitad de los 30 partidos que la integran –entre ellos el del líder preso Leopoldo López–, por considerar que el gobierno las planteó para enfriar las protestas. "No son divisiones superficiales.
En la MUD hay diferencias estructurales entre moderados y radicales sobre la vía para atender el problema de Maduro y conflictos de intereses entre sus líderes", opinó León. Entre críticas, la MUD congeló el diálogo en diciembre, al acusar al gobierno de incumplir con la excarcelación de opositores y la definición de un calendario electoral que incluya la reactivación del revocatorio o el adelanto de las elecciones de 2018.
Pero la liberación de siete opositores en vísperas de año nuevo, entre ellos el excandidato presidencial Manuel Rosales, podría suavizar posturas y llevar a la MUD a la cita del 13 de enero. "Nosotros la vamos a cumplir", había dicho Maduro el 27 de diciembre.
"Estas liberaciones son puntuales, no van al fondo del problema del diálogo: la desconfianza; por eso está en un punto muerto", afirmó Ricardo Sucre, politólogo de la Universidad Central de Venezuela.
Diecisiete opositores fueron excarcelados, pero según la MUD permanecen presos un centenar, entre ellos los de mayor peso: López y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. López, Ledezma y otros opositores proponen retomar en 2017 la ofensiva desde la Asamblea Nacional y la calle, y "recuperar el voto". "Tenemos que luchar para que se dé el cambio de gobierno", afirman.
Pero la MUD no aclara cómo: si se concentrarán en las elecciones de gobernadores y alcaldes de este año o insistirán en un revocatorio, que en 2017 implica sólo el reemplazo de Maduro por su vicepresidente y no comicios presidenciales como hubiera ocurrido si se realizaba en 2016.
En lo que concierne al Parlamento, donde prevalece la oposición, en diciembre había declarado al presidente Nicolás Maduro responsable político de la crisis y evaluará a partir del jueves la figura del "abandono de cargo", acusándolo de no cumplir con garantizar la gobernabilidad del país.
Pero el Tribunal Supremo de Justicia, que desde la oposición es señalado de servir al chavismo en el poder, decidió anular prácticamente todas las decisiones del Poder Legislativo, después de diecisiete años de supremacía oficialista.
A un año de haber asumido el control de la Asamblea Nacional, la oposición renovará la junta directiva parlamentaria mañana jueves, cambiará a su equipo coordinador y redefinirá su hoja de ruta, luego del fracaso que tuviera en 2016 en su plan de revocar el mandato de Maduro, dividirse y perder apoyo popular.
"Están en una situación doblemente difícil: por un lado, luchan contra una fuerza que tiene el poder económico, militar y político; y, por otro, lo hacen fraccionados, sin organización sólida, y con pugnas internas insalvables", comentó Luis Vicente León, presidente de la firma Datanálisis.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ya anunció que buscará incentivar la presión social. Pero no le será fácil, pese a que 78,5% de los venezolanos, según Datanálisis, rechaza la gestión de Maduro, cansados de la elevada inflación y la escasez de alimentos, medicamentos y hasta de dinero en efectivo.
Tras arrasar en las elecciones legislativas de 2015, lo que terminó con 17 años de hegemonía chavista en el Parlamento, esa alianza opositora no logra capitalizar el descontento popular a su favor.
Según Keller y Asociados, su apoyo bajó de 45% a 38% en los últimos dos meses por sus desacuerdos, errores estratégicos y desconexión con los grupos sociales.
La MUD agudizó sus diferencias luego de que el poder electoral –al que acusa de aliado del chavismo– suspendió el proceso de referendo revocatorio el 20 de octubre y, pese a ello, diez días después entabló un diálogo con el gobierno, auspiciado por el Vaticano y la Unasur.
Las negociaciones fueron rechazadas por muchos seguidores de la MUD y la mitad de los 30 partidos que la integran –entre ellos el del líder preso Leopoldo López–, por considerar que el gobierno las planteó para enfriar las protestas. "No son divisiones superficiales.
En la MUD hay diferencias estructurales entre moderados y radicales sobre la vía para atender el problema de Maduro y conflictos de intereses entre sus líderes", opinó León. Entre críticas, la MUD congeló el diálogo en diciembre, al acusar al gobierno de incumplir con la excarcelación de opositores y la definición de un calendario electoral que incluya la reactivación del revocatorio o el adelanto de las elecciones de 2018.
Pero la liberación de siete opositores en vísperas de año nuevo, entre ellos el excandidato presidencial Manuel Rosales, podría suavizar posturas y llevar a la MUD a la cita del 13 de enero. "Nosotros la vamos a cumplir", había dicho Maduro el 27 de diciembre.
"Estas liberaciones son puntuales, no van al fondo del problema del diálogo: la desconfianza; por eso está en un punto muerto", afirmó Ricardo Sucre, politólogo de la Universidad Central de Venezuela.
Diecisiete opositores fueron excarcelados, pero según la MUD permanecen presos un centenar, entre ellos los de mayor peso: López y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. López, Ledezma y otros opositores proponen retomar en 2017 la ofensiva desde la Asamblea Nacional y la calle, y "recuperar el voto". "Tenemos que luchar para que se dé el cambio de gobierno", afirman.
Pero la MUD no aclara cómo: si se concentrarán en las elecciones de gobernadores y alcaldes de este año o insistirán en un revocatorio, que en 2017 implica sólo el reemplazo de Maduro por su vicepresidente y no comicios presidenciales como hubiera ocurrido si se realizaba en 2016.
Para politólogo revocatorio ya fue
"Un revocatorio ya no tiene sentido. Las elecciones regionales son la opción que les queda", afirmó el politólogo Ricardo Sucre, al efectuar un análisis de la actual coyuntura venezolana.En lo que concierne al Parlamento, donde prevalece la oposición, en diciembre había declarado al presidente Nicolás Maduro responsable político de la crisis y evaluará a partir del jueves la figura del "abandono de cargo", acusándolo de no cumplir con garantizar la gobernabilidad del país.
Pero el Tribunal Supremo de Justicia, que desde la oposición es señalado de servir al chavismo en el poder, decidió anular prácticamente todas las decisiones del Poder Legislativo, después de diecisiete años de supremacía oficialista.
