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Ordenan investigar a expresidenta argentina por contratos con Báez
Una Cámara Federal confirmó además el procesamiento del empresario kirchnerista
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01 de julio de 2016 a las 05:00
La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de Argentina ordenó ayer investigar a la expresidenta Cristina Fernández en la causa por la "ruta del dinero K", algo que el juez de la causa, Sebastián Casanello, había optado por no hacer hasta el momento, y ratificó el procesamiento dictado contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner.
Aunque el fiscal de la causa, Guillermo Marijuán, pidió en abril pasado investigar a Fernández de Kirchner, hasta el momento el juez federal Casanello no había seguido esa línea de investigación, un enfoque reclamado debido a las sospechas sobre el presunto origen ilícito del dinero de Báez.
Los jueces remarcaron que las denuncias contra Báez apuntan a la obra pública, desde la que "habrían partido las cantidades muchas veces millonarias cuyo manejo y traspaso se investiga". "Allí entonces, es desde donde debe iniciarse cualquier estudio", consideraron los jueces.
El fallo llama entonces la atención sobre los vínculos "al menos comerciales" que unían a las empresas de Báez con otras ligadas a la exmandataria argentina y a su familia. Por ese motivo, creen los jueces, "es de la lógica más elemental sospechar acerca de la íntima relación existente entre la cuantiosa adjudicación de obra pública a Báez (y su grupo económico)" y los vínculos que el empresario tenía con el fallecido expresidente Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández.
"El más elemental sentido común torna necesario que se avance sobre las sospechas que vinculan a la procedencia ilícita de los bienes, con la larga lista de adjudicaciones de obras públicas que beneficiaron a empresas de Lázaro Báez, en forma paralela a las relaciones –cuanto menos– personales y comerciales que lo unían con las más altas autoridades del Poder Ejecutivo", indicaron.
Según el fallo, el tribunal rechazó el pedido de la defensa de Báez para dejar sin efecto el procesamiento dictado en su contra por el juez Casanello. Báez, detenido desde abril pasado en forma preventiva en la cárcel federal de Ezeiza, fue el principal adjudicatario de obra pública en la sureña provincia de Santa Cruz.
Estrecho colaborador de Kirchner, el empresario está acusado de integrar una presunta red de lavado de dinero proveniente de la obra pública.
Allanamientos
Por otro lado, y en el marco de la causa que investiga a la expresidenta Fernández por enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos, en una investigación que pone el foco en los negocios inmobiliarios de la sociedad Los Sauces, la justicia argentina ordenó 12 allanamientos de propiedades en la provincia argentina de Santa Cruz.
Según informó el diario argentino La Nación, los allanamientos ordenados por el juez federal Claudio Bonadío comenzaron sobre las 9.30 horas en la ciudad de Río Gallegos. Los Sauces SA es una sociedad anónima presidida al menos hasta 2015 por Máximo Kirchner, hijo de la expresidenta y de Néstor Kirchner.
La sociedad anónima Los Sauces es investigada por presunta vinculación con Lázaro Báez y con el empresario Cristóbal López, quien fuera procesado por retención de 8.000 millones de pesos argentinos en impuestos de su compañía petrolera.
La denuncia presentada el 4 de abril por la diputada Margarita Stolbizer advierte sobre alquileres de inmuebles de Los Sauces S.A. a las empresas Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia, de Cristóbal López; y a Valle Mitre, Loscalzo y del Curto, y Kank y Costilla, de Báez. Stolbizer planteó como sospecha "que los alquileres en realidad podían ser sobornos o retornos a los Kirchner por los negocios que entregaron a Báez y López durante estos doce años".
La de ayer fue la segunda orden de allanamiento del juez Bonadío sobre inmuebles de los Kirchner, luego de que en julio del año pasado se ordenaran medidas similares por la causa Hotesur, que indaga el presunto lavado de dinero en torno a un complejo hotelero también propiedad de la familia Kirchner.
"Meterme presa es su claro objetivo"
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner criticó ayer que hace "décadas" que no se veía "un abuso de poder y persecución política" como los que denuncia se están produciendo en su contra y remarcó que hay un "claro objetivo" de meterla presa.
La ex jefa de Estado se pronunció en Twitter luego de que la Justicia ordenara allanar sus propiedades. Fernández criticó que los allanamientos, "como no podía ser de otra manera", los ordenó el juez Claudio Bonadío, quien en mayo dictó su procesamiento en otra causa que investiga contratos de venta de futuros de dólar por el Banco Central durante su mandato. "Hacía tiempo, décadas diría, que no se veía un abuso de poder y persecución política semejante", dijo Fernández, y criticó duramente la actuación de algunos medios informativos nacionales.
"¿Transmitirán en vivo y en directo los allanamientos arrasando los códigos vigentes y los más elementales derechos y garantías que la Constitución Nacional reconoce a cualquier ciudadano?", subrayó.
En su opinión, "esta no es la primera, ni tampoco será la única causa que inventarán, ni la última 'excursión de pesca'; lo vienen haciendo desde el año 2003 a la fecha", añadió en referencia al año en el que comenzó el mandato de su esposo, el difunto Néstor Kirchner.
"Nunca hubo en las últimas décadas presidentes más denunciados e investigados que los que ejercimos la primera magistratura desde el 2003 al 2015", agregó.
"Y como nunca tuvimos cuentas en negro en el exterior o bienes no declarados en el extranjero sustrayéndolos del fisco argentino, siempre han inventado sobre las DDJJ (declaraciones patrimoniales juradas) que siempre en tiempo y forma hemos presentado (...) ante la AFIP (Fisco) para pagar los impuestos al día", añadió.
También aprovechó para pegarle al actual presidente, Mauricio Macri. "No estamos en los Panamá Papers ni en ningún otro escándalo internacional".
"Podrán hacer mil allanamientos más. Podrán televisarlos, podrán meterme presa, su claro objetivo. Lo que nunca van a poder tapar son las consecuencias de un plan económico que solo distribuye pobreza para los trabajadores, las clases medias y los pequeños y medianos empresarios. ¡Y subordinación nacional para todos y todas!", concluyó.
Procesan a López por enriquecimiento
El juez federal Daniel Rafecas procesó ayer al exsecretario de Obras Públicas José López, quien trató de esconder bolsos con casi US$ 9 millones en un convento, por el delito de "enriquecimiento ilícito". El fiscal de la causa, Federico Delgado, había solicitado esta medida al juez Rafecas la semana pasada, además de pedir que López continúe detenido en el penal donde se encuentra, por riesgo para la investigación en caso de que se le otorgue la libertad condicional. "Todo hace pensar que la fuente de su incremento patrimonial ilegal fue su cargo de Secretario de Obras Públicas, que ocupó durante las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández", indicaba el fiscal Delgado en su presentación.
