Oro por baratijas

La central sindical PIT-CNT se propone denunciar los aumentos de precios "abusivos" en los supermercados. No servirá de nada, salvo como propaganda, pues ataca las consecuencias, no las causas.

Cuando un Estado gasta por encima de sus posibilidades, como ocurre en Uruguay al menos desde 2012, el agujero se tapa con más impuestos, más deuda pública o con la emisión de mucho papel moneda. El gobierno está recurriendo a todas esas vías, en distinto grado, para cubrir el mayor déficit fiscal desde 2002.

La inflación, que es el aumento sostenido de los precios, suele ser consecuencia de una emisión de dinero superior al aumento del producto bruto: la cantidad de dinero crece más rápido que la cantidad de bienes y servicios disponibles. Otros factores, como un fuerte incremento de la demanda o el aumento desmedido del valor del dólar, suelen ser transitorios. De hecho, el dólar cayó ante el peso uruguayo entre 2008 y 2014, un fenómeno impensable durante casi un siglo, y la inflación en ese período igual fue elevada. Ahora el consumo de las familias cae, en tanto el petróleo –principal importación uruguaya– se abarató radicalmente, pero la inflación no cede.

Fijar precios "baratos" es una ilusión. Nadie produce ni comercia mucho tiempo por debajo del costo, salvo que reciba subsidios. Las tarifas artificiales, sin relación con la oferta,provocan escasez y "colas", o la desaparición de los bienes, salvo en el mercado negro, donde se venden a su precio real más un plus por el riesgo de desafiar las leyes. Hay mucha experiencia sobre el tema en el mundo, inclusive en Uruguay, que probó esa vía durante décadas, las peores de su historia. Un caso paradigmático de hoy es el de Venezuela.

Es cierto que en Uruguay, un mercado pequeño y poco competitivo, se registran monopolios públicos o privados en ciertas áreas, desde combustible a bebidas, u oligopolios abusivos, como en dentífricos y champús. Sucede porque las leyes antimonopolio no se cumplen, porque los organismos especializados no actúan y porque no hay voluntad política para combatirlo. También ocurre porque el Mercosur no existe: su artículo primero dice que los bienes pueden circular libremente, pero si alguien compra un camión de pasta dental o combustible en la frontera y lo vende en Montevideo irá a la cárcel por contrabando. Las aduanas son un anacronismo que protege a oligarcas y abusadores.

No hay que confundir inflación, que es un fenómeno permanente, con salto de precios, que es transitorio. Un ejemplo clásico de "salto de precios" se produjo en 1973-1974, cuando el valor del petróleo se multiplicó por cuatro y provocó un abrupto cambio de precios relativos en todo el mundo.

En esencia, el peso uruguayo es una moneda de segunda o tercera categoría, aunque no tan mala como han sido históricamente las de Brasil o Argentina.

Cuando se creó en 1863, el peso uruguayo valía 1,697 gramos de oro fino. Para dar confianza, los tenedores de pesos podían ir a la ventanilla del banco emisor y cambiar sus papeles por oro.

Cuando en 1914 se abandonó la convertibilidad por oro, un peso uruguayo equivalía a 0,967 dólar. En los años siguientes el Banco República comenzó a emitir dinero cada vez en mayor cantidad, sin vínculo alguno con el aumento del producto bruto, para tapar los agujeros del presupuesto del Estado. En octubre de 1931, cuando el peso se había devaluado 65% frente al dólar y la libra, el gobierno de Gabriel Terra impuso el control de cambios (con el respaldo del blanco Carlos Quijano y la opinión en contra del socialista Emilio Frugoni, quien propuso el retorno al patrón oro y la convertibilidad).

El mercado de cambios controlado y con tarifas múltiples dio lugar a toda clase de chanchullos y tragedias, hasta que se liberó 43 años después. Al peso uruguayo, corroído por la inflación, se le quitaron tres ceros en 1975 ("nuevo peso") y otros tres en 1993. Si no se le hubieran quitado esos seis ceros, hoy habría que pagar 31.500.000 pesos por un solo dólar (una moneda,dicho sea de paso, que también se depreció mucho, pues la Reserva Federal ha inundado el mundo de billetes, en particular desde 1971, cuando abandonó el patrón oro y la convertibilidad).

En 1990, cuando la inflación uruguaya llegó a 129%, Ramón Díaz, nuevo presidente del Banco Central, propuso reducirla a un dígito, lo que no ocurría desde 1956. La meta se alcanzó en 1998 y, con alguna excepción, se mantuvo hasta ahora.

La inflación es una forma de bajar el gasto público, pues reduce gastos de funcionamiento, salarios y pasividades en términos reales. Opera como un impuesto bastardo, pues nadie lo votó, y estimula los conflictos.