Otra muerte entre los pacientes trasladados de la ONG en Salto

Dos personas permanecen internadas, una en estado grave
En la tarde de este viernes las autoridades del Instituto del Niño y del Adolescente (INAU) confirmaron la muerte del cuarto paciente de un total de 13 que fueron trasladados por avión a Montevideo desde la ONG Aldeas de la Bondad de Salto.

Se trata de una mujer de 36 años de edad que padecía parálisis cerebral severa y había sido hospitalizada el 8 de diciembre en el Hospital Español, debido a que luego del traslado comenzó a rechazar la ingesta de alimentos.

El 1º de diciembre, 13 pacientes con discapacidades severas habían sido relocalizados de Salto a Montevideo en el avión Hércules de la Fuerza Aérea, luego de que debieran cambiar de centro porque la ONG en la que estaban internados rescindió el contrato. Según el director de la organización, se debió a que el presupuesto era insuficiente para continuar con el proyecto.

"Hay problemas graves en este caso, que se siguen sumando fallecimientos, y es el momento de empezar a establecer responsabilidades", dijo Daniel Reyes abogado de Aldeas de la bondad

Tanto las autoridades sanitarias como el director de Aldeas de la Bondad coinciden en que el traslado fue exitoso y se realizó de manera correcta. Sin embargo en los diez días posteriores murieron tres pacientes y una cuarta falleció este viernes. Otras dos personas permanecen internadas, una en estado grave con una patología digestiva. Las autoridades sanitarias todavía no dieron una explicación pública de las causas de las muertes.

Los médicos del centro habían advertido de los riesgos que podían tener los traslados, porque se trata de pacientes vulnerables con parálisis cerebral y los mismos podían tener un impacto emocional.

En ese sentido, este miércoles, en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, el director general de la Salud, Jorge Quian, reconoció que los riesgos eran conocidos. "Seguramente –es mi impresión personal– todos eran contestes en que el traslado de estos pacientes podía significar problemas", según establece la versión taquigráfica.

Evaden responsabilidad


A pesar de que pasaron dos semanas desde que ocurrieron las primeras dos muertes de pacientes discapacitados, hasta el momento no se han asumido responsabilidades por ese desenlace. Por el contrario, las autoridades del INAU –organismo que tomó la decisión del traslado– prefieren no realizar declaraciones al igual que las del Ministerio de Desarrollo Social, porque aseguran que fue designado el INAU como vocero del tema.

Días atrás, las autoridades del INAU realizaron una denuncia penal contra dos trabajadores de Aldeas de la Bondad por presunto abuso sexual a tres pacientes. Las mujeres fueron atendidas en el Pereira Rossell el pasado fin de semana y declararon a los médicos haber sido víctimas en reiteradas ocasiones de abusos por dos trabajadores, a los que pudieron identificar. La misma denuncia fue realizada por el abogado de Aldeas de la Bondad, Daniel Reyes, quien también denunció penalmente el viernes a varias autoridades como responsables de las cuatro muertes, en este caso como representante de los familiares de los muertos.

"Hay problemas graves en este caso, que se siguen sumando fallecimientos, y es el momento de empezar a establecer responsabilidades, tanto de autoridades nacionales como departamentales", aseguró a El Observador. El abogado prefirió no precisar los nombres de a quiénes denunciaron, pero indicó que se trata de quienes coordinaron los traslados.

"Hay una responsabilidad política de autoridades nacionales, pero también hay una administrativa.
Hay que ver si actuaron por ineptitud, omisión o delito. En los tres casos el resultado es uno: la destitución", agregó Reyes.

En la ONG Aldeas de la Bondad viven personas con parálisis cerebral, discapacidades profundas y leves. Todavía permanecen en el centro 48 pacientes, que deberán ser trasladados a otros centros adjudicatarios de la nueva licitación. El INAU y Aldeas de la Bondad llegaron a un acuerdo para postergar esas relocalizaciones hasta marzo.

Los trabajadores se oponen porque temen de más muertes.

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