Otro embrollo en el Frente

Proyecto astorista para controlar a empresas públicas encuentra resistencias en la 711 y el MPP
La gestión de las empresas públicas, los controles por los gastos y el funcionamiento independiente de las subsidiarias estatales que operan bajo régimen privado, vuelve a abrir una grieta enla interna del Frente Amplio.

La situación planteada rememora los enfrentamientos vividos por la situación económica de ANCAP donde terció la oposición presentando una denuncia penal por sospechas de delitos.

Ese debate por las finanzas de la petrolera, que debió ser recapitalizada para seguir subsistiendo, separó las aguas entre el astorismo y la lista 711 del vicepresidente Raúl Sendic.

El Frente Liber Seregni impulsa ahora un proyecto que establece controles al accionar de los entes y sus colaterales. Regula gastos y determina responsabilidades civiles. Y la idea no cayó bien en todo
el Frente Amplio.

Para empezar, el diputado de la lista 711 Pablo González dijo a El Observador que a su sector el proyecto del FLS le provoca, en una primera mirada, varias prevenciones. "Esta iniciativa se parece más a un mensaje sobre la idea que tienen algunos compañeros sobre las empresas públicas que a un verdadero proyecto de ley. Descarto que haya una intención de marcar perfilismo, pero el hecho de que haya tomado estado público es, por lo menos, apresurado", dijo González.

Entre otros aspectos que la 711 considera negativos, González destacó el hecho de que se "lesiona la autonomía" de los entes al intentar ponerle tope a sus gastos a menos que sean aprobados por el Poder Ejecutivo.

También consideró apresurada la propuesta de modificar el Código Penal y la de limitar la publicidad oficial de los entes. "Sobre este punto hay un proyecto en la comisión de Constitución y Códigos que fue respaldado por todos los partidos y que tiene diferencias importantes (con la iniciativa del FLS) en cuanto al manejo de la publicidad oficial", afirmó González.

"Esta iniciativa se parece más a un mensaje sobre la idea que tienen algunos compañeros sobre las empresas públicas que a un verdadero proyecto de ley", Pablo González

Además, según dijo a El Observador el senador Leonardo de León, la bancada oficialista analiza otro proyecto, presentado por la lista 711, donde se propone "fortalecer" a las empresas públicas.

Pero la lista de Sendic no es la única que cuestiona la iniciativa astorista. Fuentes del Movimiento de Participación Popular (MPP) dijeron a El Observador que si bien se dedicarán en los próximos días a analizar el proyecto, en principio parece "claro" que afecta "la autonomía" de los entes. El Partido Socialista, por su parte, analizará en los próximos días la propuesta para definir su posición.

En la oposición, en cambio, la iniciativa generó buena recepción (ver recuadro). Los líderes de los partidos opositores hicieron críticas en distintas oportunidades por el manejo de las empresas públicas. Entre otras cosas, se cuestiona la formación y la integración de los directorios de las empresas estatales.

Por otro lado, el economista Ignacio Munyo, sostuvo que en UTE, ANCAP y ANTEL, las tres empresas públicas más grandes de Uruguay, sólo el 20% de sus mandos tienen formación en dirección de empresas.

Munyo señaló que la designación de directores tendría que dejar de ser un "hecho político" y transformarse en una decisión económica.

Hoy existen unas 30 sociedades anónimas de capitales públicos vinculados a las empresas públicas, según se informó en abril, en un seminario organizado por la Fundación Propuestas del Partido Colorado.

La gestión de las empresas estatales, la forma de ingresar a ellas, cómo se seleccionan los gerentes, el organigrama de las compañías, el número de empleados, los resultados que se obtienen, y lo ocurrido en ANCAP que debió ser capitalizada, han generado una seguidilla de cortocircuitos entre el gobierno y la oposición y también en la interna del Frente Amplio.

Es así que el presidente Tabaré Vázquez dijo en febrero en Paysandú que habría "un nuevo encare" en la gestión de las empresas públicas y afirmó que seguiría "directamente" a cada uno de los entes.

En ese momento, El Observador pudo saber que los responsables de marcar la línea a seguir eran el ministro de Economía, Danilo Astori, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, dos hombres de confianza del presidente.

No obstante, desde buena parte del Frente Amplio se sostiene que las empresas públicas no solo deben ser meros entes recaudatorios sino que, fundamentalmente, deben prestar servicios a la sociedad. Y sostienen que los entes autónomos tienen que ser, precisamente, autónomos para no depender de los lineamientos del Poder Ejecutivo.

Cambios


La propuesta del Frente Liber Seregni, sector del ministro de Economía Danilo Astori, que ha generado rechazos en otros sectores del oficialismo, es un anteproyecto que pretende evitar los desvíos, establece límites a los gastos, incluidos los de publicidad, y fija controles a las sociedades subsidiarias.

Entre otros cambios, establece que los jerarcas de los entes públicos y sociedades del Estado pasen a tener responsabilidad civil por las decisiones que tomen en el ejercicio de sus cargos, previa reforma del Código Penal.

Por otro lado, se propone que los directores de los entes autónomos, así como quienes estén en los órganos de dirección, no puedan ser candidatos a puestos electivos de alcance nacional, departamental ni municipal, hasta que haya pasado un período de gobierno desde que cesan en su función.

Se busca también poner el foco en los gastos de los entes y los servicios descentralizados que, a partir de cierto monto, deberán tener autorización previa del Poder Ejecutivo.

El diputado Jorge Pozzi (FLS) comentó a El Observador que la iniciativa no responde los problemas financieros por los que atravesó ANCAP en el período pasado y que provocó cuestionamientos desde el FLS.

El proyecto "es un viejo anhelo" del sector, dijo Pozzi, pensado para mejorar la administración de las empresas públicas y ampliar los controles a las subsidiarias.

A su vez, el senador De León, quien además fue director de Alcoholes del Uruguay (ALUR) una colateral de ANCAP, dijo a El Observador que, si bien aún no leyó el proyecto del astorismo, siempre apoya que haya controles y contrapesos para el manejo de dineros públicos.

Pero el parlamentario de la 711 dijo también que la bancada de izquierda tiene a estudio un proyecto de su sector para "fortalecer a las empresas públicas y los servicios descentralizados" permitiéndoles, por ejemplo, que puedan asociarse con terceros en proyectos de innovación, desarrollar patentes y crear áreas de desarrollo de productos.

Reclaman más controles


El senador Alvaro Delgado (Partido Nacional) opinó que "hubo un uso y abuso" de las empresas colaterales, por lo está de acuerdo con que haya más controles. En tal sentido recordó que un proyecto de su autoría está a discusión en la comisión de Hacienda. Entre los cambios propuestos por Delgado, está que los entes no puedan crear sociedades sino que deberá hacerlo el Poder
Ejecutivo. Su proyecto puede tener "puntos de coincidencia" con el que maneja el astorismo, pero considera al suyo "más moderno", dijo a El Observador.

El proyecto de Delgado, presentado en julio, propone también que las empresas colaterales tengan que especificar el objeto de su funcionamiento; deberán contar con un manual de buenas prácticas similar al del Banco Central del Uruguay; y la obligatoriedad de tener un gerente general como responsable de las funciones ejecutivas. También impulsa abrir una parte minoritaria del capital accionario y que tengan la autorización del Poder Ejecutivo para endeudarse y renovar préstamos.
El senador Germán Coutinho (Partido Colorado) también está de acuerdo con ajustar los controles sobre las sociedades subsidarias y las empresas públicas. No obstante, comentó a El Observador que por su experiencia como exintendente de Salto, los procesos de contralor no pueden llegar a tener un nivel de rigidez que terminen trabando el funcionamiento de las administraciones.

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