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Otros jueces bajo sospecha por irregularidades, ahora en Paysandú
La Suprema Corte de Justicia realizó una inspección de cuatro días en todos los juzgados de la ciudad
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04 de noviembre de 2015 a las 05:00
Los juzgados de Paysandú son una olla de grillos. Algunas semanas después de que el juez penal Gerardo Azarola fuera separado del cargo por varias irregularidades y por ser investigado por supuesto acoso sexual, el otro juez penal del departamento, Fabricio Cidade, está en pie de guerra con abogados, fiscales y funcionarios judiciales.
Tras recibir denuncias por el desempeño de todos los juzgados de la ciudad, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) desembarcó el martes pasado con una inspección sorpresa que se extendió por cuatro días y no se limitó a revisar la tarea de Cidade y Azarola. Inspectores del máximo órgano del Poder Judicial entrevistaron a funcionarios y magistrados de los siete juzgados de la ciudad. El funcionamiento de la Justicia de un departamento en el que el año pasado hubo más de 100 procesamientos por narcotráfico está bajo la lupa.
La SCJ inspecciona de rutina los juzgados cada dos años aproximadamente. Estas visitas se focalizan en controlar el trabajo de la oficina, en revisar si los procesos han cumplido con los plazos previstos, si los actuarios cumplieron con su tarea. Pero esta inspección tiene otro carácter porque el máximo organismo judicial ordenó investigar a fondo el desempeño de jueces y funcionarios de todas las sedes departamentales, dijeron fuentes judiciales consultadas por El Observador.
Los tres fiscales de Paysandú denunciaron ante la Corte al juez Azarola por varias irregularidades. Luego, el Colegio de Abogados local denunció que las fallas en el funcionamiento se presentan también en los demás juzgados. Los inconvenientes van desde demoras en el trámite de oficios y fijación de audiencias hasta el dictado de sentencias. "Existe un malestar generalizado sobre el funcionamiento de varias sedes judiciales del departamento de Paysandú", dijo a El Observador una fuente del Colegio de Abogados.
Las denuncias contra los dos jueces penales, Cidade y Azarola, describen irregularidades similares: retraso en el dictado de sentencias, lo que anula los procesos y ha dejado en libertad a delincuentes por incumplir con la normativa procesal.
Mientras Cidade sigue trabajando, enfrentado a fiscales, abogados y funcionarios, la SCJ ordenó un sumario administrativo con separación del cargo y retención de la mitad del salario contra Azarola, quien había sido denunciado por dictar procesamientos de personas más allá del plazo constitucional de detención de 48 horas. Además, pesa en su contra una denuncia presentada por una mujer con la que mantuvo una relación sentimental.
El cargo de Azarola es ocupado por diversos jueces subrogantes que se encargan, de forma rotativa, de cumplir con los turnos, pero el vacío se siente ante la falta de un magistrado que realice un seguimiento de las causas en trámite.
La denuncia contra las juezas de Treinta y Tres fue promovida por el Colegio de Abogados a instancias de la filial de profesionales de Treinta y Tres. Otra denuncia por irregularidades contra las magistradas fue presentada por un comerciante de ese departamento, que es representado por el exministro de la SCJ, Leslie Van Rompaey.
La denuncia del Colegio de Abogados señala que en Treinta y Tres "hay personas indagadas, procesadas y privadas de libertad como consecuencia de procesos arbitrarios y no garantistas" porque las juezas Tejera y Bajac y la fiscal Sandra Fleitas (que fue denunciada ante la Fiscalía de Corte) son amigas "y no se recusan de actuar" pese a ello.
En ese mismo sentido, la denuncia afirma que en Treinta y Tres "no se están dando las garantías suficientes a los justiciables, a la población en general, a los abogados y a los funcionarios judiciales en cuanto existe una connivencia y una falta de garantía absoluta en los procesos vulnerándose todos los derechos y garantías (...)", dice.
Como ejemplo del aparente "abuso de poder", la denuncia plantea que un hombre fue procesado y estuvo varios meses preso por decisión de la jueza Tejera tras una denuncia por intento de violación de domicilio radicada por su colega Bajac. Según el Colegio de Abogados, esa imputación se hizo pese a que "no hay pruebas ni testigos de tales hechos y la única prueba es el testimonio de la propia juez".
Además, la denuncia sostiene que la jueza Tejera para dilatar un proceso y "molestar" a una abogada suspendió una audiencia alegando que tenía que levantar el cadáver de una persona fallecida en la localidad de La Charqueada. Sin embargo, según el planteo a estudio de la SCJ, esa muerte "nunca existió" y la jueza Bajac "se prestó para la artimaña y llamó a la jueza penal para interrumpir la audiencia".
Tras recibir denuncias por el desempeño de todos los juzgados de la ciudad, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) desembarcó el martes pasado con una inspección sorpresa que se extendió por cuatro días y no se limitó a revisar la tarea de Cidade y Azarola. Inspectores del máximo órgano del Poder Judicial entrevistaron a funcionarios y magistrados de los siete juzgados de la ciudad. El funcionamiento de la Justicia de un departamento en el que el año pasado hubo más de 100 procesamientos por narcotráfico está bajo la lupa.
La SCJ inspecciona de rutina los juzgados cada dos años aproximadamente. Estas visitas se focalizan en controlar el trabajo de la oficina, en revisar si los procesos han cumplido con los plazos previstos, si los actuarios cumplieron con su tarea. Pero esta inspección tiene otro carácter porque el máximo organismo judicial ordenó investigar a fondo el desempeño de jueces y funcionarios de todas las sedes departamentales, dijeron fuentes judiciales consultadas por El Observador.
Los tres fiscales de Paysandú denunciaron ante la Corte al juez Azarola por varias irregularidades. Luego, el Colegio de Abogados local denunció que las fallas en el funcionamiento se presentan también en los demás juzgados. Los inconvenientes van desde demoras en el trámite de oficios y fijación de audiencias hasta el dictado de sentencias. "Existe un malestar generalizado sobre el funcionamiento de varias sedes judiciales del departamento de Paysandú", dijo a El Observador una fuente del Colegio de Abogados.
Delincuentes liberados
El foco de la investigación dispuesta por la SCJ está puesto sobre los siete juzgados de la ciudad de Paysandú: tres de familia, dos civiles y laborales, y dos penales (que además se encargan de delitos aduaneros y de los cometidos por adolescentes).Las denuncias contra los dos jueces penales, Cidade y Azarola, describen irregularidades similares: retraso en el dictado de sentencias, lo que anula los procesos y ha dejado en libertad a delincuentes por incumplir con la normativa procesal.
Mientras Cidade sigue trabajando, enfrentado a fiscales, abogados y funcionarios, la SCJ ordenó un sumario administrativo con separación del cargo y retención de la mitad del salario contra Azarola, quien había sido denunciado por dictar procesamientos de personas más allá del plazo constitucional de detención de 48 horas. Además, pesa en su contra una denuncia presentada por una mujer con la que mantuvo una relación sentimental.
El cargo de Azarola es ocupado por diversos jueces subrogantes que se encargan, de forma rotativa, de cumplir con los turnos, pero el vacío se siente ante la falta de un magistrado que realice un seguimiento de las causas en trámite.
El caso Treinta y Tres
La investigación por las aparentes irregularidades en el funcionamiento del sistema judicial de Paysandú está en proceso semanas después de que la SCJ abriera sumarios administrativos contra dos juezas de Treinta y Tres acusadas por presuntos abusos. En ese caso, la jueza penal Mariela Tejera y la jueza de paz Virginia Bajac, inicialmente no fueron separadas del cargo, pero luego el máximo órgano del Poder Judicial decidió concederles licencia hasta el 22 de noviembre, fecha en que se estima culminará la investigación que determinará si hay mérito o no para aplicarles sanciones disciplinarias.La denuncia contra las juezas de Treinta y Tres fue promovida por el Colegio de Abogados a instancias de la filial de profesionales de Treinta y Tres. Otra denuncia por irregularidades contra las magistradas fue presentada por un comerciante de ese departamento, que es representado por el exministro de la SCJ, Leslie Van Rompaey.
La denuncia del Colegio de Abogados señala que en Treinta y Tres "hay personas indagadas, procesadas y privadas de libertad como consecuencia de procesos arbitrarios y no garantistas" porque las juezas Tejera y Bajac y la fiscal Sandra Fleitas (que fue denunciada ante la Fiscalía de Corte) son amigas "y no se recusan de actuar" pese a ello.
En ese mismo sentido, la denuncia afirma que en Treinta y Tres "no se están dando las garantías suficientes a los justiciables, a la población en general, a los abogados y a los funcionarios judiciales en cuanto existe una connivencia y una falta de garantía absoluta en los procesos vulnerándose todos los derechos y garantías (...)", dice.
Como ejemplo del aparente "abuso de poder", la denuncia plantea que un hombre fue procesado y estuvo varios meses preso por decisión de la jueza Tejera tras una denuncia por intento de violación de domicilio radicada por su colega Bajac. Según el Colegio de Abogados, esa imputación se hizo pese a que "no hay pruebas ni testigos de tales hechos y la única prueba es el testimonio de la propia juez".
Además, la denuncia sostiene que la jueza Tejera para dilatar un proceso y "molestar" a una abogada suspendió una audiencia alegando que tenía que levantar el cadáver de una persona fallecida en la localidad de La Charqueada. Sin embargo, según el planteo a estudio de la SCJ, esa muerte "nunca existió" y la jueza Bajac "se prestó para la artimaña y llamó a la jueza penal para interrumpir la audiencia".
