"Hay que ajustar la ley de financiamiento partidario", aseguró el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres en una entrevista en El Observador TV. "Todos sabemos que es una normativa light", agregó.
En ese sentido dijo que desde el Partido Independiente van a plantear iniciativas para firmar una norma que exija más. Para el senador la regulación del financiamiento de los partidos políticos debería ser más exigente y que el Tribunal de Cuentas debería fiscalizar y auditar los balances anuales que son enviados por cada uno. "No lo que hacemos ahora con las campañas. Presentamos nuestras cuentas con la Corte Electoral que no tiene capacidad de analizarlas".
El senador del Partido Independiente también se refirió a la reunión entre los partidos políticos y el presidente Tabaré Vázquez, realizada en la noche de ayer. "Vázquez la llamó porque la situación está mal, no lo habría hecho si estuviera viento en popa. Hay una convicción de que las cosas están mal y hay sensación de hastió, miedo e indignación en la gente", dijo.
"El gobierno se dio cuenta que tiene que poner límites porque hay límites que no se pueden transgredir. El gobierno ha sido siempre medio oscilante en estas cosas, una concepción equivocada de la izquierda de que la represión es autoritarismo. Los límites son necesarios", agregó.
Desde el PI plantearon que es imprescindible que haya comisarías en los 60 barrios para recuperar la "lógica de seguridad" porque las mismas se establecieron hace 60 años cuando había barrios que eran descampados y ahora hay complejos de viviendas o cooperativas. "Hay escuelas en cada barrio cada cuatro o cinco cuadras, pero comisarías en algunos casos no hay a diez cuadras a la redonda", dijo.
"Estoy convencido de que hubo ilícitos", aseguró Mieres. La semana que viene los partidos de la oposición presentarán la denuncia formal, a partir de resultados que surgieron de la comisión investigadora del ente. "Identificamos más de una veintena de irregularidades, de violaciones normativas, pero no todas son delitos", agregó el senador.
El planteo que realizará el PI se centra en seis puntos que pueden implicar conductas ilícitas: acerca de contratos de transporte de cal, la construcción de un remolcador y dos barcazas, varias irregularidad en las publicidades de Ancap, contratos de transacción que consideran no eran necesarios que generó un costo de US$3 millones, licitaciones de equipamiento de plantas de cemento que fueron adjudicadas a la misma empresa.
"En muchos casos fue una única empresa la que se presentó. Creemos que pudo haber habido un direccionamiento de la licitación, y si se suma al precio por las nubes", dijo.
Otra de las denuncias que presentarán será acerca de la importación de crudo y gases, para los cuales no se realizaron trámites ante la aduana. "Podría haber un delito de contrabando", aseguró Mieres.
"En algunos casos será necesario que el Poder Ejecutivo ajuste las clavijas a Ancap".
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