Padres aceptan rescatar al Varela si los dejan controlar a gestores

El plan incluye una reestructura del colegio; el lunes se decide si lo aplican

La continuidad del colegio José Pedro Varela depende de lo que decida el próximo lunes la asamblea de la Sociedad Uruguaya de Enseñanza (SUE) sobre la propuesta que presentó la comisión de padres. Con este propósito comenzó a trabajar el miércoles la comisión, que instaló la SUE, para analizar y elaborar un informe sobre el plan, el único claro sobre la mesa.

De no prosperar esa alternativa, las sedes de Montevideo cerrarán sus puertas y la de Ciudad de la Costa será absorbida por el colegio Elbio Fernández, tal como planteó la SUE la semana pasada. Actualmente, el colegio Varela tiene 1.170 estudiantes y 450 funcionarios.

La propuesta de los padres también impone una condición. Plantean que la comisión que los agrupa pueda tener control sobre la gestión del colegio que realiza la SUE. Si la sociedad no acepta ese punto, los padres "a priori" se retirarían y no continuarían adelante con la propuesta, dijo a El Observador, Enrique Villamil, integrante de la comisión de padres. No obstante, expresó que la decisión final seguramente la tome la asamblea de padres. "Nosotros no vamos a gestionar el colegio. Eso tiene que quedar bien claro. Nosotros vamos a controlar que quien gestione el colegio lo haga correctamente", aclaró. Además puntualizó que en caso de aceptarse ese aspecto, seguramente se necesite un cambio de estatuto.

Reestructura

La propuesta elaborada por los padres establece entre sus grandes líneas la necesidad de realizar una reestructura. Al respecto, Villamil señaló que desde hace algunos años el número de funcionarios presenta "un excedente". Explicó que la baja de la matrícula que se registró en los últimos años ha llevado a esta situación.

Por su parte, Sergio Sommaruga, coordinador de Asuntos Laborales del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep), expresó a El Observador que en los últimos años el colegio perdió aproximadamente 400 alumnos. A su vez, en estas últimas semanas se han ido otros 250 estudiantes.

Villamil agregó que la reestructura incluirá también la rebaja de los salarios más altos. Días atrás Sintep denunció que había cargos medios que percibían mensualmente un salario de $ 180 mil aproximadamente.

De la mano con esto, otra de las grandes líneas que incluye el plan tiene que ver con alcanzar un acuerdo con el gobierno respecto a la aplicación de excepciones al seguro de paro.

El 30 de diciembre cuando el consejo directivo del colegio anunció el envío al seguro de paro de sus 450 funcionarios, se encontró con dos obstáculos. Por un lado, la reglamentación de la educación privada prohíbe el envío a seguro de paro de funcionarios durante el mes de enero. Por otro, los trabajadores que también son funcionarios públicos no pueden recibir el beneficio. En ambos casos, se debe pedir la excepcionalidad al BPS.

Esta preocupación fue planteada de antemano al Ministerio de Trabajo por parte de Sintep y ya se tiene una respuesta.

Sommaruga adelantó que el gobierno confirmó la excepcionalidad para poder enviar funcionarios a seguro de paro en enero. Sin embargo, no la aprobó para aquellos empleados que también sean funcionarios públicos.

Liquidez

Las otras dos grandes líneas que proponen los padres tienen que ver con la liquidez de la institución. Para esto, plantean la búsqueda de financiamiento por parte de los padres "congelados", es decir, aquellos que ya hayan pagado la anualidad 2016. La idea propone que ese dinero se tome como la cuota del año 2017 y que ahora vuelvan a pagar la anualidad de 2016 para generar liquidez.

A su vez, proponen negociar con el banco Heritage el atraso hasta el año próximo del pago de una deuda contraída por $ 9 millones. "Nosotros queremos empezar a pagar el año que viene, cuando todo esto ya haya pasado, y se reestructure el colegio y se recomponga la matrícula", dijo Villamil. l


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