"Padres de Ayotzinapa" van en busca de presión internacional

Quieren instir ante el gobierno para aclarar desaparición de 43 jóvenes
Atrás quedaron los cánticos enardecidos, los carteles en reclamo de justicia y las calles abarrotadas de personas buscando explicaciones sobre 43 desaparecidos. Ahora, las marchas por la tragedia de Iguala presentan casi siempre las mismas caras: padres destruidos por el dolor que buscan desesperadamente respuestas a una tragedia que los privó de sus hijos, hace ya 19 meses. Días después que se presentara un informe que denunció las "obstrucciones" de las autoridades mexicanas en la investigación, los "padres de Ayotzinapa" tienen como principal propósito conseguir una presión internacional lo suficientemente fuerte como para arrojar algo de luz a las preguntas que mantienen abierta la herida originada en el estado de Guerrero.

"La lucha es larga y así estemos poquitos (...); para callarnos tendrán que matarnos", se escucha decir a Emiliano Navarrete, que con la foto de su hijo marchó esta semana por Reforma, la gran avenida del centro del Distrito Federal de México. "Importa más la calidad que la cantidad de las personas que apoyan", explica sin ocultar el desánimo por la poca asistencia a la marcha y la falta de respuestas.
Los padres viajaron desde Tixtla, un empobrecido municipio de Guerrero, en el sur del estado mexicano, donde se ubica la escuela para maestros de Ayotzinapa, para participar en la manifestación convocada dos días después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH (GIEI) presentara un duro informe final sobre las investigaciones que realizó durante un año.

Estos expertos, cuya misión terminó tras la negativa del gobierno a autorizar la extensión de sus investigaciones, señalaron directamente a las autoridades mexicanas de obstaculizar su búsqueda de nuevas pistas y alegó, entre otras cosas, casos de torturas contra detenidos.

El grupo puso en tela de juicio la versión oficial que afirma que integrantes del cártel de Guerreros Unidos habrían asesinado y quemado los cuerpos de los jóvenes en un basurero, para luego arrojar sus cenizas a un río cercano.

En la noche del 26 de setiembre de 2014, los 43 jóvenes fueron brutalmente atacados y detenidos por policías de Iguala, un municipio de Guerrero, y entregados a ese cartel, según la investigación oficial.
Ahora los padres apuestan al "escrutinio internacional" y a que funcione el mecanismo de seguimiento especial que aplicará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para continuar investigando el caso, según explicó el abogado de una de las familias.

Los expertos "están poniendo en evidencia a nuestro sistema de procuración de justicia, un sistema totalmente disfuncional, que tortura, fabrica evidencias y oculta pruebas", consideró por su parte Denis González, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, algo que, según asegura, incomoda al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Fuente: Basado en AFP

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