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Pago de un subsidio enfrenta a Botana con su antecesor Saravia
Tribunal de Apelaciones determinó que intervenga la Justicia penal
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03 de noviembre de 2015 a las 05:00
La autorización del exintendente de Cerro Largo, Pedro Saravia, para que una funcionaria de confianza política que estuvo dos meses en el cargo de secretaria general cobre un subsidio por seis meses, terminará en la Justicia penal.
Saravia había asumido en la intendencia en lugar de Sergio Botana, cuando el dirigente nacionalista renunció para buscar su reelección, algo que finalmente obtuvo en las últimas elecciones departamentales.
La relación política entre Saravia –que es del sector de Luis Lacalle Pou– y Botana – que pertenece a Alianza Nacional liderada por Jorge Larrañaga– no es buena. Incluso Saravia, en el corto tiempo que fue intendente presentó denuncias penales contra actos administrativos y personal de confianza de Botana.
Otras denuncias las había presentado la Junta Departamental por el manejo de recursos públicos.
Entre mayo y junio de 2015, la secretaría general fue ocupada por Patricia Reboledo, quien reclamó el pago del subsidio que reciben los jerarcas al terminar su período. Ese subsidio es por el triple del tiempo por el cual se desempeñó. En este caso le corresponderían seis meses.
En ese cargo, Reboledo recibió un sueldo de $ 115.071 en mayo, y $ 106.616 en junio de 2015.
La exjerarca, que antes se desempeñaba como directora de Recursos Humanos, cobró además un mes de subsidio por algo más de $ 100 mil. Ahí se interrumpió el pago del subsidio.
El intendente Botana había decidido solicitar la opinión del Tribunal de Cuentas para determinar si debe hacerse esa erogación.
Para el Tribunal, por el mes de subsidio pago, que "no correspondía", pueden configurarse ilícitos relacionados con "eventuales tipos penales como falsificación documentaria y abuso de funciones" de acuerdo a la sentencia a la que accedió El Observador.
También marcó que "resulta significativo que el señor intendente saliente (Pedro Saravia) a escasos dos días de la asunción del nuevo intendente (10 de julio de 2015) autorizara u ordenara el pago de un subsidio tan importante a una ex colaboradora de confianza y esta afirmara luego haberlo cobrado en contradicción clara con las resultancias documentales del expediente administrativo".
El tribunal, además de remitir el caso a la sede penal, consideró que la intendencia debería ordenar una investigación administrativa.
El exintendente Pedro Saravia dijo a El Observador que él autorizó el pago del subsidio a quien fuera secretaria general de la comuna "porque le corresponde a todos los que ocupen ese cargo".
Opinó asimismo que ahora la administración Botana "por un tema político enlenteció" el trámite para no pagarle a Reboledo. El exjefe comunal dijo que Reboledo y Botana tienen fuertes discrepancias políticas.
Saravia entiende la Justicia terminará beneficiando a Reboledo a quien le deberán pagar el subsidio que reclama.
Desde el departamento jurídico de la intendencia de Cerro Largo, se explicó a El Observador que la denuncia penal no la presentó la comuna, sino que el Tribunal de Apelaciones "actuó de oficio" al remitir los antecedentes a la órbita penal.
Saravia había asumido en la intendencia en lugar de Sergio Botana, cuando el dirigente nacionalista renunció para buscar su reelección, algo que finalmente obtuvo en las últimas elecciones departamentales.
La relación política entre Saravia –que es del sector de Luis Lacalle Pou– y Botana – que pertenece a Alianza Nacional liderada por Jorge Larrañaga– no es buena. Incluso Saravia, en el corto tiempo que fue intendente presentó denuncias penales contra actos administrativos y personal de confianza de Botana.
Otras denuncias las había presentado la Junta Departamental por el manejo de recursos públicos.
Entre mayo y junio de 2015, la secretaría general fue ocupada por Patricia Reboledo, quien reclamó el pago del subsidio que reciben los jerarcas al terminar su período. Ese subsidio es por el triple del tiempo por el cual se desempeñó. En este caso le corresponderían seis meses.
En ese cargo, Reboledo recibió un sueldo de $ 115.071 en mayo, y $ 106.616 en junio de 2015.
La exjerarca, que antes se desempeñaba como directora de Recursos Humanos, cobró además un mes de subsidio por algo más de $ 100 mil. Ahí se interrumpió el pago del subsidio.
El intendente Botana había decidido solicitar la opinión del Tribunal de Cuentas para determinar si debe hacerse esa erogación.
A la Justicia
Ante esa situación, Reboledo interpuso una acción de amparo en el juzgado civil a cargo de la jueza Sahiana Sena, quien desestimó el reclamo. Reboledo inistió en cobrar y el expediente llegó al Tribunal de Apelaciones, que mandó los antecedentes a la Justicia penal.Para el Tribunal, por el mes de subsidio pago, que "no correspondía", pueden configurarse ilícitos relacionados con "eventuales tipos penales como falsificación documentaria y abuso de funciones" de acuerdo a la sentencia a la que accedió El Observador.
También marcó que "resulta significativo que el señor intendente saliente (Pedro Saravia) a escasos dos días de la asunción del nuevo intendente (10 de julio de 2015) autorizara u ordenara el pago de un subsidio tan importante a una ex colaboradora de confianza y esta afirmara luego haberlo cobrado en contradicción clara con las resultancias documentales del expediente administrativo".
El tribunal, además de remitir el caso a la sede penal, consideró que la intendencia debería ordenar una investigación administrativa.
El exintendente Pedro Saravia dijo a El Observador que él autorizó el pago del subsidio a quien fuera secretaria general de la comuna "porque le corresponde a todos los que ocupen ese cargo".
Opinó asimismo que ahora la administración Botana "por un tema político enlenteció" el trámite para no pagarle a Reboledo. El exjefe comunal dijo que Reboledo y Botana tienen fuertes discrepancias políticas.
Saravia entiende la Justicia terminará beneficiando a Reboledo a quien le deberán pagar el subsidio que reclama.
Desde el departamento jurídico de la intendencia de Cerro Largo, se explicó a El Observador que la denuncia penal no la presentó la comuna, sino que el Tribunal de Apelaciones "actuó de oficio" al remitir los antecedentes a la órbita penal.
