Pagos extra a cortadores de caña habían causado dudas en ANCAP

Hubo consultas a KPMG acerca de si debían aportar a la seguridad social
Mientras el Banco de Previsión Social (BPS) busca determinar si Alcoholes del Uruguay (ALUR) debe pagar las cargas sociales por el dinero entregado durante una década a los cortadores de caña de azúcar, en actas de la empresa subsidiaria de ANCAP, el tema apareció varias veces, con consultas que planteó el directorio que presidía Raúl Sendic.

En las actas de ALUR del 27 de agosto de 2010, el entonces director Leonardo De León (hoy senador del Frente Amplio de la Lista 711 de Sendic), hizo referencia al informe elaborado por la consultora KPMG a raíz del plus que se le abona a los cortadores de caña sin pagar a la seguridad social. "Esa información en cuanto a los aspectos tributarios fue solicitada por los directores de ANCAP y en su momento se hizo la consulta", explicó el jerarca según consta en actas. "KPMG plantea que es un servicio personal fuera de la relación de dependencia", según se plasmó en los documentos oficiales a los que accedió de El Observador.

Desde KPMG se informó que no harán comentarios sobre el punto debido a cláusulas "de confidencialidad" que firman con sus clientes. Actuales jerarcas de ANCAP están convencidos de que por esas partidas se debieron hacer aportes sociales y así lo plantean para los desembolsos futuros.

Convenios

Cinco años atrás, quedó escrito en esa misma acta del directorio de ALUR -que se había reunido en la sala de presidencia de ANCAP-, detalles del acuerdo con los plantadores y los obreros de la industria azucarera.

Sobre el convenio con el sindicato de obreros de la caña de azúcar (SOCA), el director de ALUR, Angel Morales, preguntó cuál era el impacto económico del convenio y la respuesta la dio su colega De León: unos US$ 370 mil.

De León preciso que "no se accedió a la solicitud del sindicato de pagar retroactividad al año 2007".
También fue tema de conversación entre los jerarcas el conflicto que se vivía con la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA).

Acerca de "el plus" –así se le llaman a la partida extra que sin aportes a la previsión social se le entregaba a los trabajadores– De León habían informado además acerca de la instalación de una mesa bipartita que incluía otros temas, entre ellos la mecanización de la cosecha. En ese año 2010, el contador Martín Dibarboure junto al contador Gabriel Skirzewski de ALUR, se abocaban a la planificación financiera de la empresa propiedad de ANCAP (90%) y de la venezolana Pdvsa (10%) cuyos números eran preocupantes.

Dibarboure estimó que ALUR debía tener su financiamiento propio y planteó evaluar ese camino. "En la situación financiera actual, producto de la dinámica en variables que se controlan y otras que no se pueden controlar, lo presupuestado no coincide con lo real y a su vez lo real no coincide con el proyecto original", opinó. Consideró además que la situación de ALUR provocaba que la empresa no fuera sujeto de crédito "si no cuenta con la garantía de ANCAP" .

En esas actas, que fueron entregadas a la comisión investigadora del Senado sobre ANCAP, quedó registrado que el presidente Sendic estaba preocupado por los números de ALUR y preguntó "qué acciones se tomarán para corregir la previsión de déficit financiero".

Donaciones

Los convenios con productores y trabajadores fue una constante para los jerarcas.
Los documentos en poder de El Observador muestran que en una sesión del directorio de ALUR, realizada en este caso en febrero de 2015 en Buenos Aires (en la sede de Pdvsa), se estableció la política de "donaciones" que llevaría adelante el directorio de ALUR.

Se aclaró que el directorio, que ya presidía De León, debería establecer un presupuesto anual de donaciones "sin incluir el plus" que se pagaba a UTAA. En esa sesión se informó del acuerdo alcanzado con los cortadores de caña de azúcar y sobre la extra que se entrega "como donación todos los años". En esa sesión se aprobó por unanimidad ratificar el acuerdo ALUR –UTAA por el pago plus, vigente hasta el año 2016 inclusive, que terminó de pagar el actual directorio de ALUR que encabeza Juan Carlos Herrera.

Cuando el actual directorio de Alcoholes del Uruguay detectó que esos pagos se hacían sin aportar al Banco de Previsión, se buscó una fórmula para seguir enviando ese dinero a Bella Unión y a su vez empezar a pagar los aportes.

En el acuerdo firmado por ALUR y el gremio en 2008, se estableció claramente que ese dinero –que según datos del gremio UTAA lo recibían 2.600 trabajadores y según ALUR 1.500– era un "complemento" del salario y no una donación.

Luego de que El Observador informó el martes 9 que la empresa de ANCAP pagaba a trabajadores sin hacer aportes, el senador De León comentó que se trató "de donaciones". Por ley, cuando un pago, tipo bono anual, se vuelve constante –como en este caso– se deben pagar las cargas sociales.

Fórmula

Con el comienzo de la zafra de la caña de azúcar retrasado en dos semanas, los productores decidían anoche si aceptan la propuesta de ALUR de darles a ellos la partida plus para que éstos la entreguen a los cortadores.

El tema empezó a ser analizado este lunes en una asamblea de los empresarios, pero las dudas que surgieron hicieron que la discusión sobre el punto no fuera agotada.

Según supo El Observador, varios productores no están de acuerdo con oficiar de intermediarios en ese pago a los cortadores de caña y uno de ellos preguntó a sus colegas si no sería mejor esperar la resolución del BPS respecto a si la partida plus está sujeta a aportes. En todo caso, ALUR será garante ante cualquier reclamo que pueda surgir.

El mismo abogado de ALUR y Sendic

En la sesión del directorio de ALUR del 2 de febrero de 2015 se informó acerca de la investigación de la justicia especializada en crimen organizado por la adjudicación de la obra de la planta de bioetanol de Paysandú donde, según sospecha la oposición, se pagaron sobreprecios. ALUR decidió, para su defensa, contratar los servicios del abogado penalista Gummer Pérez "por su conocimiento del caso y antecedentes". El abogado Pérez también defiende a Sendic en la causa sobre la gestión de ANCAP que dejó pérdidas millonarias para el Estado.


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