Para el Estado "no corresponde" informar sobre control a Uber

A principios de setiembre, tras un planteo realizado por unos 100 propietarios de taxímetro, el juez de lo contencioso administrativo, Gabriel Ohanian, intimó a varios organismos estatales a que informaran cuál era su estrategia para controlar a los conductores que trabajan para la multinacional Uber y si habían realizado gestiones para embargar o bloquear las cuentas.

Sin embargo, vencido el plazo de 30 días otorgado por el magistrado, la respuesta fue negativa.

En las respuestas a las intimaciones del juez Ohanian a las que accedió El Observador, la Intendencia de Montevideo (IMM), la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS) afirman que "no corresponde" proporcionar los datos requeridos y que los taxistas pretendían realizar un adelanto de prueba indebido.

Tanto la DGI como el BPS amparan su negativa en el secreto tributario, comprendido en el artículo 47 del Código Tributario y que establece que la información requerida "solo podrá ser proporcionada a la Administración Tributaria y a los Tribunales de Justicia en materia penal, de menores o aduanera cuando esos órganos entendieran que es imprescindible para el cumplimiento de sus funciones". Esto, remarcan los escritos, no se da en este caso.

Según dicen, los daños y perjuicios sufridos por el efecto de Uber "supera los US$ 100 mil por taxi" y afirman que los propietarios "sólo por pérdida del valor de sus permisos, han perdido más de US$ 80 mil".

Para el caso de BPS y DGI, el juez Ohanian intimaba a aclarar las "medidas de fiscalización, sanción y cobro" realizadas contra quienes "ostensiblemente incumplen sus obligaciones fiscales y frente a la seguridad social" a través de transporte privado; si pidieron información a bancos o entidades emisoras de tarjetas para individualizar a los infractores, y si realizaron embargos.

En tanto, se pedía información a la comuna sobre qué cantidad de casos de "transporte ilícito de transporte oneroso de pasajeros ha detectado desde noviembre de 2015", cuántas multas ha aplicado y en qué fechas se dispusieron las sanciones.

Además la comuna debía explicar si existe algún "programa, estrategia o pauta de fiscalización" para detectar este tipo de infracciones; si se realizaron gestiones con el Banco Central o con emisoras de tarjetas internacionales para bloquear la operativa de quienes prestan el servicio; o para bloquear a Uber.

Sin embargo, para la comuna se trata de datos subjetivos, y en eso ampara su negativa. En su respuesta al juez, la IMM asegura que en su artículo 190 el Código General del Proceso (CGP) establece que los informes que se soliciten a entidades públicas deben referir a hechos o actos que resulten de la documentación archivo o registro, y que "la mayoría de la información solicitada no cumple con esos supuestos". Así, señala que "no corresponde proporcionar ni aportar datos subjetivos o que tienen que ver con cuestiones de política institucional".

Algo similar alega también el BPS. Ese organismo indica, por su parte, que mediante la intimación los taxistas "pretenden adelantar prueba indebidamente" y que "la petición no califica dentro de ninguno de los numerales previstos" en el CGP.

Pese a no dar detalles de los mecanismos de control, que en los últimos días generaron reclamos de usuarios y conductores de la multinacional, la intendencia informó a la Justicia acerca de la cantidad de sanciones aplicadas, los datos de los conductores y las chapas de los vehículos.

La mayoría de ellas corresponden a los últimos meses de 2016. Los datos coinciden con las declaraciones del director de Asesoría Jurídica de la IMM, Ernesto Beltrame, quien afirmó en rueda de prensa que en las últimas semanas se aplicaron 30 sanciones a conductores de la multinacional a través de interrogatorios.

En tanto, desde la Unidad Nacional de Seguridad Vial se aseguró que no es de su competencia realizar gestiones para "el cese de la actividad irregular".