Para legisladores hubo "falta de diálogo" del Mides en el Instituto Cachón

El centro de rehabilitación fue desocupado por los usuarios tras 70 días
Después de dos horas y 10 minutos de sesión, la reunión convocada por la comisión de Derechos Humanos para intentar llegar a una solución ante la ocupación del Instituto de rehabilitación para personas ciegas y con baja visión Tiburcio Cachón, terminó con "un giro poco constructivo". Así lo definió la presidenta de la comisión, la frenteamplista Berta Sanseverino. Legisladores, integrantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos y usuarios y exusuarios del centro confiaban que la sesión, realizada el martes, iba a poner fin al conflicto.

Sin embargo, eso no sucedió y la única coincidencia fue en que hubo errores en la forma en la que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) comunicó a los usuarios que las funciones del instituto pasarían a desarrollarse en otro edificio.

El diputado del MPP Washington Silvera, representante por Canelones, sostuvo ante la comisión que "es imposible solucionar un error si, en primer lugar, no se reconoce que hay un error".
"Ese es el punto: nunca se reconocieron los errores", dijo, y agregó que el principal problema fue "la falta de diálogo", que "no fue auspiciado por los usuarios del Cachón", sino que "salió de una orden directa" del Mides. Silvera destacó que hubo "soberbia desde el principio".

"Faltó sensibilidad, solidaridad, sentido común y un poco de humildad para atender este tema", señaló.
Por su parte, la diputada Sanseverino sostuvo que si bien la decisión del Mides de trasladar las funciones de rehabilitación a personas ciegas o con baja visión que se cumplían en el Cachón al Instituto Artigas fue pública, la cartera "lo comunicó mal".

"Ese aspecto lo tengo muy claro porque yo soy una militante política oficialista y considero que hay protocolos y maneras de llegar a conclusiones, especialmente cuando insistimos tanto en la construcción de los diálogos sociales", dijo.

Tanto la diputada Gloria Rodríguez, como el diputado Eduardo Rubio de Unidad Popular, criticaron que quien se haya presentado por parte del Mides para intentar llegar a un acuerdo fuera, por segunda vez, Brenda Ibarra, una abogada funcionaria de la cartera, pero no una autoridad oficial.

Ibarra reiteró ante los legisladores que el Mides está dispuesto a negociar "todos los términos de la rehabilitación, pero no el traslado". En reuniones anteriores, la abogada dijo no tener poder de decisión sobre el tema.

Durante la sesión, Mariana González, integrante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, indicó que "falta información" sobre cómo se realizará el traslado y recalcó que se debe asegurar a los usuarios el derecho a la rehabilitación. Uno de los puntos denunciados por las personas ciegas en estos 70 días de ocupación fue, precisamente, una pérdida de funciones del centro con el paso de los años desde el 2005, según manifestaron varios de ellos a El Observador hace más de un mes atrás.

Desocupan por cansancio

Ayer, los usuarios y exusuarios resolvieron levantar la ocupación, al no ver otra salida posible al conflicto, por considerar que el Mides había roto el diálogo.

Quienes ocuparon por más de dos meses el instituto, acusaron a la cartera de Desarrollo Social de tomar una actitud "intransigente" que implicó "una pérdida de tiempo y una falta de respeto para legisladores, usuarios, exusuarios y representantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos".
Si bien lo resolvieron ayer, la medida será levantada hoy, según dijo a El Observador Diego Lamas, integrante de la comisión que conformó el instituto para resolver el conflicto.

Ayer jueves, se encontraban en tareas de limpieza para poder entregar el edificio en condiciones.

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