Parlamento venezolano reanudó el juicio político contra Maduro

Bancada oficialista se retiró al considerar la sesión un "golpe de Estado"
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, reanudó ayer el debate sobre la responsabilidad política del presidente socialista Nicolás Maduro en la aguda crisis del país, una medida que busca declararlo en “abandono del cargo” y reaviva la tensión entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.

“Retomamos el juicio político que debe terminar declarando la responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro en la crisis del país. Es justo, es necesario; Maduro es el responsable directo”, dijo el diputado Juan Pablo Guanipa al inicio del debate.

El parlamentario aseguró que una vez declarada la responsabilidad política, el Legislativo continuará la revisión de los mecanismos constitucionales “que permitan, en el menor plazo posible, que Nicolás Maduro, por una decisión constitucional, una decisión democrática, salga definitivamente de la Presidencia”.

Poco después que empezara el debate, la bancada oficialista se retiró del hemiciclo al considerar la sesión como “un golpe de estado”.

Pero la salida de Maduro del cargo mediante este proceso no parece viable.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había prohibido en noviembre pasado a la Asamblea Nacional continuar esa discusión, por considerar que el “juicio político” (impeachment) no está contemplado en la Constitución.

Decomiso de juguetes

Mientras tanto, ayer también se supo que el gobierno venezolano, a través de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), decomisó más de 4,7 millones de juguetes a la distribuidora local Kreisel, la más grande de ese país caribeño, una mercancía que será distribuida por un organismo del Estado. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que la compañía debería pasar a manos del “pueblo”.

En unos galpones en la ciudad de Guarenas, cercana a Caracas, el sábado fueron decomisados más de 900.000 juguetes de 130 tipos diferentes para ser distribuidos por un organismo estatal.

“Vamos a (...) confiscar este galpón para ponerlo a la disposición de la República, dado que forma parte de los ilícitos que han sido encontrados con relación a esta empresa. ¿Y cuáles son los ilícitos principales? Especulación, acaparamiento, boicot, desestabilización económica”, dijo el superintendente venezolano de Precios Justos, William Contreras.

El decomiso del sábado se sumó al hecho el viernes, cuando el mismo Contreras encabezó un operativo en un galpón de Kreisel en el este de Caracas y retuvo algo más de 3.821.000 juguetes a la distribuidora de juguetes más grande de Venezuela.

El gerente de ventas de la empresa, Giussepe Sason, y la gerente de contabilidad, Osiri Mendoza, fueron detenidos en los operativos y están a la orden del Ministerio Público señaladas, entre otros, por el delito de “obstrucción de un procedimiento de fiscalización”, según el jerarca.

Maduro dijo el domingo que tras la intervención a la distribuidora de juguetes y la incautación de más de cuatro millones de objetos lúdicos hay que dar un nuevo “paso” y consideró pertinente fundar en sus instalaciones una fábrica juguetera administrada por el “pueblo”.

“¿Qué va a pasar con esta empresa? Al gabinete económico se lo dejo, al buró político se lo dejo. Este gran capital tiene 200 tiendas; los dueños salieron huyendo del país, cometieron graves delitos. ¿Qué va a pasar?”, se preguntó el presidente en su programa “En contacto con Maduro”.

Cierre de fronteras



Maduro anunció que ordenó un cierre de fronteras de 72 horas con Colombia para hacer frente a las “mafias” que operan en la zona y que, asegura, realizan contrabando de moneda venezolana para “desestabilizar la economía del país”.

Fuente: AFP

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