Partidos hablan de controlarse, pero eluden ley de financiamiento

Legislación sobre donación por parte de privados fue violada por todos

El cierre de Cambio Nelson, la huida de su dueño, el colorado Francisco Sanabria, y su regreso al país ayer generaron en el último mes una particular inquietud en los partidos políticos acerca de quién los financia. Esta semana, luego de un largo debate, se creó una comisión investigadora en el Parlamento para echar luz sobre un tema que tiene muchas zonas oscuras. Todo comenzó cuando en el Frente Amplio se quiso abrir una pesquisa sobre el aporte de Sanabria a la campaña del Partido Colorado, más específicamente a la candidatura del diputado Germán Cardoso. Hubo truco y retruco en el Palacio Legislativo, ya que los colorados respondieron con una propuesta de investigar empresas vinculadas al Frente Amplio, como Aire Fresco, Fripur y Cutcsa, y el oficialismo resolvió ir por más para revisar toda la financiación a partidos políticos desde 1985. Voto va, voto viene, al final se pusieron de acuerdo en investigar a todas las empresas desde 1999 a la fecha, y al costo de los avisos que los partidos contratan en canales de televisión.

No parece haber elementos de juicio para cuestionar la intención de investigar. La transparencia es una meta sana y necesaria. Pero resulta bastante contradictorio el impulso actual a la luz de los hechos.

Los partidos políticos negociaron y aprobaron en 2008 una ley marco sobre la financiación de las campañas. En términos generales, el articulado retomó la legislación de 1928 por la que se asigna dinero según la cantidad de votos que obtenga cada sector, y dio un marco para el aporte de privados. Esto último puso ciertos límites y prohibiciones, y tras las dos elecciones en que se aplicó, ya quedaron casi todas violadas.

Las autoimposiciones de los partidos fueron agujereadas de forma inmediata por sus autores, los cuales además son los encargados de controlarse a sí mismos en la Corte Electoral, donde las pocas denuncias o reportes de alteraciones fueron archivadas.

La mosqueta

Los partidos políticos hicieron fintas de todo tipo a la ley de financiamiento de las campañas. Tanto en 2009 como en 2014 hubo omisiones, trampas y directas violaciones. En general se repite la falta de información o las declaraciones parciales, aunque también hay casos donde se buscó salvar las prohibiciones con manejos sutiles de la letra fría.

En 2014, el Movimiento de Participación Popular (MPP), el Partido Socialista y Compromiso Frenteamplista (la lista de Raúl Sendic) declararon a medias e incumplieron la obligación respecto a las donaciones anónimas. Según establece la ley, las donaciones nominativas están comprendidas en el rango entre 4.000 y 300.000 unidades indexadas, que en ese momento correspondían a $ 11.750 y $ 881.220. Ello quiere decir que por debajo de la primera cifra no es necesario decir quién es el donante, y que no es posible aceptar un aporte individual por encima de la segunda cifra. Las que se ubican en el medio necesariamente deben ser identificadas.

En los documentos entregados a la Corte Electoral, el MPP –sector encabezado por el expresidente José Mujica– omitió identificar a sus donantes, y en cambio declara la suma de $ 2.725.250 bajo el título "varios", lo cual rompe la regla antes descrita.

Los socialistas, por su parte, informaron sobre una donación de $ 1.338.765 y mencionaban un detalle "adjunto", el cual nunca hicieron público, al menos en los registros de la Corte Electoral y del Diario Oficial.

Por último, la lista de Sendic informó la donación equivalente a $ 24.400 a cargo de "Rodríguez", sin detalle alguno que permita identificar a esa persona.

Letra chica

El Partido Colorado en 2014 omitió una prohibición de forma clara, y caminó por la cornisa en otro caso. De acuerdo a los registros oficiales, recibió dos aportes de

$ 48.302 y $ 49.548 por parte de la Asociación de Laboratorios Nacionales, cuando la ley impide de forma clara en su artículo 45 que gremiales, sindicatos o asociaciones profesionales hagan aportes a campañas. Y en otro caso aceptó, al igual que el Partido Nacional, aportes de empresas que tienen contratos de servicio con el Estado. La ley no permite que aporten las empresas que tengan contrato de obra con el Estado. Esas donaciones, de Terminales Graneleras Uruguayas y Baluma (accionista del hotel Conrad), parecen ir contra el espíritu de la ley, aunque la respetan en su letra fría.

Por su parte, el Frente Líber Seregni (que lidera Danilo Astori) recibió aportes a la campaña de 2014 por parte de Alejandro Ruibal, vicepresidente de la constructora Saceem, que es concesionaria de varias obras públicas. Si bien la ley no lo prohíbe, también en ese caso los partidos encontraron una ventana para eludir la intención de la legislación.

En 2009 se denunció el aporte del grupo Eurnekian, concesionario del Aeropuerto de Carrasco, en las campañas de cuatro partidos políticos, y de una empresa del Grupo Techint, adjudicatario de obra pública, en el Frente Amplio y el Partido Nacional. El trámite no tuvo mayor impacto en la Corte Electoral, y luego de vagas diligencias se archivó por no encontrarse mérito.


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