Pedidos de informe, una de las caras más perezosas del Estado

Organismos públicos incumplen abiertamente solicitudes del Parlamento

La burocracia estatal muestra una de sus caras más perezosas en la demora en responder pedidos de informe del Parlamento. Los legisladores tienen para ejercer su rol de contralor esa herramienta junto a otras como las interpelaciones y llamados a ministros a comisión. Una ley de 2003 establece un plazo de 45 días con una prórroga de 30 días más para que organismos estatales respondan a diputados y senadores sus preguntas escritas, pero al analizar datos de 2000 a la fecha se advierte un incumplimiento contumaz.

De acuerdo a la información disponible, desde 2000 (primer año de gobierno de Jorge Batlle) hasta hoy (primer año de gobierno de la segunda administración de Tabaré Vázquez), a senadores y diputados en su conjunto le respondieron 55,1% de los pedidos de informe, de un total de 10.400 trámites en 15 años. Es decir que los ministerios, empresas públicas, entes y distintos organismos dejaron sin respuesta a más de 4.600 pedidos de legisladores.

El líder blanco Luis Lacalle Pou se quejó de esa demora en las últimas horas, y anunció que reiteraría 10 pedidos de informe porque no ha tenido respuesta, uno de los cuales fue tramitado hace más de tres años.

La estadística parece darle la razón al legislador nacionalista ante el reclamo de incumplimiento. La información oficial indica que 64% de los pedidos de informe tramitados por diputados no tuvieron respuesta en 2015, y 57,5% para el caso de los senadores. En los dos casos está por debajo de la media de respuesta de los últimos 15 años.

Esa demora asumida y la violación abierta de la ley 17.673 lleva a varios legisladores a apelar a la ley de acceso a la información pública, sancionada en 2008, y que permite no solo a legisladores, sino a cualquier ciudadano uruguayo, a reclamar datos de manejo público a organismos estatales. El plazo para responder en ese caso es de 20 días hábiles con una prórroga de 20 días más, e incluso se abre la posibilidad para que intervenga la Justicia para determinar si tal o cual información debe liberarse si la oficina pública se niega.

Del análisis de los datos publicados por el Parlamento realizado por El Observador, surge por otra parte que los organismos más incumplidores son los ministerios de Industria, Energía y Minería (MIEM); de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), y de Educación y Cultura (MEC). El MIEM respondió solo dos (4%) de los 50 pedidos de informe que tramitaron legisladores el año pasado. El Mvotma respondió 15 (20,8%) de los 72 que recibió, y el MEC 13 (22%) de los 59 que le llegaron del Parlamento.

Los datos disponibles no permiten comparar el nivel de respuesta de los organismos estatales según el color político, ya que apenas se puede contraponer la administración colorada de Batlle en 2000-2005 con las dos restantes del Frente Amplio y la que está en curso de Vázquez. Sin embargo la estadística es también clara en ese sentido y se inclina en contra del gobierno colorado, que dejó sin responder más pedidos de informes de los que respondió. Del análisis de los datos surge que durante la administración de Batlle se respondieron 44,6% pedidos a diputados y 47,9% a senadores.



La ley no castiga el incumplimiento

La ley 17.673 de julio de 2003 establece un plazo de 45 días para que organismos del Estado respondan pedidos de informe a los legisladores. En caso de incumplimiento, la norma de seis artículos indica que el legislador podrá apelar a otros mecanismos de contralor legislativo, como las interpelaciones. Esa herramienta está prevista por la Constitución. La ley no indica, de todos modos, sanciones ante incumplimientos.




Populares de la sección