Penalistas en contra de agravar penas por homicidio de trabajadores

Consideran que eso implicaría jerarquizar la vida de unas personas con respecto a la de otras
El acuerdo del presidente Tabaré Vázquez con los delegados de partidos políticos de aumentar el agravante para los homicidios de policías, jueces, fiscales o de trabajadores en ejercicio de sus funciones encontró discrepancias en los abogados penalistas, que consideran que eso implicaría jerarquizar la vida de unas personas con respecto a la de otras.

El acuerdo implicó estudiar varios proyectos, entre los cuales está considerar "muy especialmente agravado" el homicidio de jueces, fiscales, policías y guardias de seguridad privada. Además, otro proyecto en el que hubo consenso es considerar como "especialmente agravado" el homicidio de trabajadores en ejercicio de sus funciones. El senador nacionalista Javier García, que integra la comisión, dijo en el programa Desayunos Informales que el argumento principal en este último caso fue darle protección jurídica a las personas que se exponen a "mayor riesgo".

En diálogo con El Observador, el abogado penalista Germán Aller, se mostró en contra de la decisión, a pesar de que consideró que "la intención es buena".

"No concuerdo que se transformen en agravantes una serie de profesiones. Va generando más desigualdades. Al final si la víctima es un estudiante o un trabajador que no está en su actividad no hay agravante ni nada por el estilo", consideró. Además, opinó que no se trata de la forma "más idónea" para "abatir el delito", ya que la legislación "no va a disminuir la delincuencia". "Sería establecer distintos criterios sobre la vida de las personas. La clave está en la vulnerabilidad, no en su profesión", agregó.

El homicidio y sus agravantes están legislados en los artículos 310 al 315 del Código Penal. El artículo 310 bis señala como un agravante especial el hecho de matar a un policía a raíz de su función, lo que implica una pena un tercio mayor al homicidio intencional (que va de 20 meses a 12 años de penitenciaría). Sin embargo, con la propuesta de la comisión de seguridad, este delito pasaría a ser "muy especialmente agravado", lo que implica una condena más elevada de la que ya existe.

El abogado penalista Juan Fagúndez, usó el mismo argumento que Aller para manifestar su postura contraria a la de la comisión de seguridad, sobre todo en lo referente a separar la categoría del trabajador con respecto a otros roles. "No comprendo una salvaguarda respecto a algunos y a otros no. Trabajadores, ¿que aportan al BPS o trabajadores en negro? El homicidio refiere a la vida humana, no refiere a lo que hace a la persona, no vale más por lo que hace, lo que vale es la vida", comentó a El Observador.

El abogado penalista Gastón Chávez también fue en esa línea. “Cuando el delincuente se dispone a delinquir tampoco es de los que desayuna leyendo el diario oficial”, expresó, por lo que consideró que el aumento de la pena no va a evitar que el delincuente salga a matar. “Ese toqueteo de legisladores es como el nene con sus primeros ensayos tocando la pantalla del celular o de la computadora. Me parece totalmente desacertado”, consideró.

Según su argumento, la decisión de ir por ese camino "confiesa la incapacidad legislativa para atender el fenómeno de prevención" de los homicidios. Además, el abogado señaló que por lo general, cuando los jueces se encuentran con penas que para su criterio son muy elevadas "siempre buscan un bypass" para "atemperar el rigor" de la condena.

Hoy, el homicidio está "razonablemente legislado", opinó Chávez, aunque admitió que el sistema tiene algunos "fallos" si se compara el rigor de los homicidios con, por ejemplo, los copamientos. Hay casos en que quien comete un copamiento puede tener una condena más grave que quien cometió un homicidio.

Feminicidio, ¿sí o no?

Una discusión similar ocurrió con la decisión del presidente Tabaré Vázquez de legislar de manera separada del resto el feminicidio. Cuando surgió el tema el año pasado, la primera discusión fue si debía ser un delito independiente del homicidio o si debía considerarse un agravante dentro de lo ya legislado. En ese momento varios abogados penalistas discrepaban con el hecho de legislarlo como delito separado del homicidio, porque implicaría generar inequidades.

El abogado Juan Fagúndez reiteró su disconformidad con legislar el delito ya que consideró que ya que las características de este tipo de asesinato ya están previstas como agravante. Además, opinó que "la vida de la mujer no es diferente de la del hombre".
Sin embargo, el abogado Gastón Chavez discrepó con Fagúndez y opinó que el feminicidio implica un tipo de víctima especial que tiene características particulares, y por tanto debe tener una legislación particular.

A fines del año pasado, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que agrava las penas para quienes matan a mujeres por razones de género. Luego, en abril de 2016, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto para "garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género" que luego derivó al Parlamento para su estudio.

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