Perfeccionar nuevo sistema penal

Es indispensable que el Códido del Proceso Penal empiece a regir este año

Las desprolijidades y contradicciones que sobreviven en el cansino manejo parlamentario del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) desde hace seis años justifican, aunque no sea deseable, la nueva postergación de tres meses en su vigencia. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, otros miembros de la Fiscalía y el Ministerio del Interior coinciden en la necesidad de diferir hasta noviembre la fecha fijada del 16 de julio para su inicio. La Suprema Corte de Justicia disiente e insiste en que, después de tantos años perdidos por inercia gubernamental y legislativa, se mantenga la fecha establecida. El ministro Ricardo Pérez Manrique, con comprensible urgencia por salir del horrendo atraso jurídico actual, ha señalado que las reformas que se requieran para poner a punto el nuevo CPP pueden aprobarse después de que empiece a funcionar.

Todos están de acuerdo en que es apremiante la sustitución de un sistema acusatorio por el vigente resabio medieval del sistema inquisitorio. Pero mientras los fiscales reclaman que su inicio sea sin los defectos detectados, la SCJ, según la posición de Pérez Manrique, prefiere que empiece a caminar con renguera y que se lo cure más adelante. Pero prioriza la posición de la Fiscalía la importancia de las claudicaciones existentes y que no podrían obviarse de aquí a julio. Díaz señaló la incongruencia de que, tal como está la ley aprobada hace dos años y medio y las modificaciones que se han propuesto al Parlamento, los delincuentes adultos serían enjuiciados bajo el nuevo sistema acusatorio en tanto que los menores continuarían bajo el régimen inquisitorio.

Otros reclamos de los fiscales incluyen la aplicación de la prisión preventiva y que, tal como está planteada, la libertad condicional conduciría a que la mayoría de los procesados queden en libertad. Se argumenta también que el nuevo CPP supone modificar otras leyes vigentes. En el Ministerio del Interior se citó la ley orgánica policial, que establece que los policías trabajen con los jueces en las investigaciones de delitos. Esto cambia con el más moderno sistema acusatorio, en el que el juez queda excluido de las investigaciones y se limita a dictar sentencia luego de evaluar las presentaciones del fiscal y el abogado defensor, en juicios orales y públicos. Las investigaciones quedan a cargo de los fiscales, que serán quienes trabajarán con la Policía.

Urge salir del injusto sistema penal actual, no solo por razones elementales de justicia equilibrada sino porque hasta le ha costado a Uruguay una severa condena de Naciones Unidas. El CPP se viene gestando desde hace nueve años, cuando una comisión de juristas lo redactó durante tres años. Pero hibernó olvidado por los gobiernos y los parlamentarios, con la frágil excusa de falta de recursos para implementarlo, hasta que la reprobación de la ONU lo hizo revivir. El texto actual y los cambios propuestos no contemplan todos los aspectos que resta solucionar. Esta realidad sustenta la insistencia de la Fiscalía en que se postergue hasta noviembre, para dar tiempo a perfeccionar los aspectos jurídicos y normativos que son fundadamente cuestionados. Pero es indispensable que, después de tantas dilaciones, esta sea la última y el CPP empiece a regir este año, para lo que cual es necesario unificar en una sola propuesta los cambios requeridos y que el gobierno y los legisladores actúen con la visión y diligencia que faltó durante tantos años.


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El Observador

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