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Piden captura del promotor de Círculo Católico que creó más de 80 empresas truchas
Un promotor de la mutualista Círculo Católico fue el responsable de la creación de más de 80 empresas truchas a través de las cuales se lograba inscribir a personas como socios de este centro de salud cuando en realidad no tenían derecho a serlo porque no aportaban al Banco de Previsión Social (BPS). Según surge del auto del procesamiento, por cada afiliación el promotor -que ahora está requerido por la Justicia- recibía $ 3.500.
Si bien las mutualistas pueden promocionarse, o bien ofrecer sus servicios a través de empresas promotoras tercerizadas, en la estafa detectada, los supuestos promotores pagaban $ 500 a vecinos de asentamientos para que firmaran un supuesto formulario de afiliación, algo que está prohibido. Además inscribieron a 31 mil personas que no aportaban al BPS y por lo tanto no tenían derecho a elegir una mutualista. Eso causó un perjuicio económico al Estado que alcanza los US$ 900 mil por año durante seis años.
Por este delito fueron procesadas cinco personas. Entre ellas se encuentra Christian Martín, un joven de 23 años con antecedentes por estafar a bancos, que era quien figuraba como titular de las empresas truchas, y dos conocidos que reclutaban personas para inscribirlas en el Círculo Católico. Estos dos recibían un subsidio de desempleo pagado por el Banco de Previsión Social (BPS), a sabiendas de que no les correspondía, y que había sido gestionado por Martín.
En tanto, las madres de estos últimos también fueron procesadas con prisión, ambas por ser titulares de empresas truchas. Además, Martín le gestionó a una de ellas un préstamo en el BPS, mientras que a la otra el cobró durante seis meses un subsidio por desempleo.
Declaran hoy
La jueza del caso, Julia Staricco, citó para hoy a dos directivos del Círculo Católico así como a funcionarios del BPS que participaron de las afiliaciones de las empresas ficticias, al tiempo que pidió la captura del promotor que creó las 80 empresas ficticias.
La investigación policial, que apunta a siete prestadores privados, tiene como foco especialmente al área comercial y de captación de socios. El principal motivo es que se presume que las mutualistas cobraron durante casi seis años –tiempo que duró la estafa– las cápitas que paga la Junta Nacional de Salud (Junasa) del Ministerio de Salud Pública (MSP) por socios que en realidad no existían. La cápita representa una suma de dinero dependiendo del usuario que se atienda.
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