La fiscal penal Silvia Méndez solicitó el procesamiento con prisión de los dueños de un depósito de fuegos artificiales de Toledo, Canelones, donde el 25 de octubre de 2016 cuatro trabajadores murieron en una explosión; tres de ellos en el lugar y uno días más tarde en el Centro Nacional de Quemados (Cenaque). La fiscal pidió el procesamiento de los dos dueños del lugar por "homicidio culposo", informaron a El Observador fuentes vinculadas con el caso. A su vez, se pidió el cierre de fronteras, que ya fue otorgado por la Justicia.
En noviembre del año pasado, la familia de uno de los jóvenes muertos había presentado una denuncia penal en la que solicitaba que se investigara las circunstancias de la muerte. Uno de los argumentos presentados por la familia demandante fue que el local no tenía habilitación de Bomberos. "Es obvio que si la empresa ocupaba a los trabajadores en un lugar con explosivos que no tenía habilitación de Bomberos habría incurrido en una conducta ilícita. No se puede hacer trabajar a nadie en esas condiciones", indicó la denuncia, presentada a través del abogado Óscar López Goldaracena.
Consultado por El Observador, el abogado indicó que "la pericia de bomberos comprobó que había pólvora en el ambiente y esto era así porque en ese depósito se reparaban y manipulaban fuegos artificiales, lo que estaba prohibido". "La empresa violó las leyes y reglamentos.Toda la conducta de la empresa fue una conducta culpable y es legalmente correcto que se juzgue a los responsables de la empresa por el delito de homicidio culpable que se castiga hasta con hasta ocho años de penitenciaría. Aquí corresponderá aplicar la pena máxima porque hubo pluralidad de muertes", sostuvo.
Los familiares de otro de los jóvenes muertos también habían presentado una denuncia penal representados por el abogado Gustavo Salle.
Por su parte, la defensa de los dueños de la empresa argumentó en una de las audiencias que los jóvenes "se tiraban" pirotecnia como "forma de juego". "Trabajando y en momento de distensión podía ocurrir que uno tirara a otro en modo de broma un chasqui bum, no sé si era frecuente. No era todo el tiempo ni todos los días, era una broma entre compañeros", había declarado un empleado actual de la empresa ante la jueza Patricia Ferreira y la fiscal Méndez, según consta en las actas. El testimonio de esa persona fue impugnado por la defensa de los familiares por considerarlo "testigo sospechoso" y que "agraviaba la memoria de las víctimas".
Bomberos realizó un informe que remitió al Poder Judicial donde asegura que los trabajadores "estaban inmersos en un ambiente de pólvora", según declaró el director del organismo, Leandro Palomeque, ante la Justicia.
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