Piden que se suspenda la aprobación del proyecto parlamentario para regular apps

El proyecto del Poder Ejecutivo fue aprobado por Diputados y pasará a estudio del Senado
El diputado nacionalista Rodrigo Goñi planteó que la aprobación parlamentaria del proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo para regular las aplicaciones de transporte debería suspenderse ahora que estas herramientas serán reguladas por un nuevo decreto municipal.

El Poder Ejecutivo envió este año al Parlamento un proyecto de ley que apunta a la regulación general de todas las aplicaciones, tanto las de transporte como las de alojamiento (Airbnb). Este proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y pasaría a estudios del Senado para ser aprobado.

Goñi, que también preside la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología del Parlamento, sostuvo que la aprobación de ese proyecto carece de sentido ahora que la Junta Departamental de Montevideo aprobó un decreto municipal que habilita las aplicaciones de transporte como Uber, EasyGo y Cabify.

"Sería de toda lógica y sentido común y convivencia dejar en suspenso la consideración en el Senado de esta regulación dado que ya se resolvió lo que parecía más urgente", dijo Goñi a El Observador.

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El legislador dijo que este proyecto "debería dejarse al menos en suspenso" ya que su principal objetivo era atender los problemas que se crearon en el transporte público con el surgimiento de estas aplicaciones, y ahora este aspecto ya se resolvió. También porque, según Goñi, el proyecto fue considerado como "inconveniente" e "inadecuado" por todos los actores que participaron de su estudio en el Parlamento porque intenta regular actividades que "no tienen que ver una con la otra".

Asimismo, el legislador consideró que el decreto aprobado por la Junta mantiene la misma filosofía "restrictiva" que el gobierno transmitió en el proyecto de ley respecto a establecer limitaciones en la prestación de servicios.

Sobre esto, Goñi opinó que se "viola el principio de libre competencia legalmente establecido en Uruguay y recomendado explícitamente en este caso por la comisión de defensa y competencia" con medidas "arbitrarias e injustificadas".





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