Piquetes pero con orden

Con el nuevo decreto, que habilita a la Policía a intervenir sin fallo judicial previo, el gobierno busca ponerle un límite a los cortes de rutas espontáneos y sin aviso
Por Martín Natalevich y Lucía Núñez

Desde el inicio de esta administración y ante hechos concretos el gabinete viene discutiendo en Consejo de Ministros sobre la necesidad de ponerle un "límite" a los piquetes "espontáneos" que cortan caminos e imposibilitan la libre circulación.

El decreto publicado el lunes 20 con la firma del presidente Tabaré Vázquez –en el que se autoriza al Ministerio del Interior a comenzar a liberar calles, rutas o caminos ocupados por manifestantes de manera directa y sin esperar el fallo de la Justicia– apunta justamente a evitar que cualquier agrupación de individuos de manera desorganizada bloquee un camino, dijo una fuente del Poder Ejecutivo a El Observador.

El gobierno entiende que en algunos piquetes imprevistos se observó un "desbalance" o "falta de equilibrio" entre dos legítimos derechos: la libre manifestación y la libre circulación. Por este motivo es que el Ejecutivo amplió las potestades de la Policía Nacional quien ahora podrá disponer de las "medidas pertinentes" a los efectos de preservar el uso público de las calles, camino o carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza sin acudir antes a la Justicia.

La fuente puso como ejemplos el caso de un grupo de vecinos que por alguna razón hacen un piquete quemando llantas en ruta Interbalnearia (tal como sucedió el 5 de marzo pasado), el de las gremiales empresariales del transporte de carga que realizaron cortes en 2006, y las manifestaciones de productores rurales.

El decreto del gobierno apunta a los casos en los que se deja sin opción para el desplazamiento, es decir cuando no hay una vía alternativa para tomar, explicó el informante. Esto suele suceder en rutas nacionales y no tanto en ciudades que, por lo general, ofrecen variantes cuando hay un corte en algún punto. De hecho, los grupos coordinados que se manifiestan en espacios públicos densamente poblados de Montevideo suelen avisar con anticipación de las acciones que piensan emprender.

En este sentido, el gobierno distingue entre las movilizaciones convocados por agrupaciones organizadas y con personería jurídica y quienes hacen una manifestación sin hacer una comunicación previa sobre las medidas que se van a adoptar, sin una plataforma en la que se diga de antemano las reivindicaciones y en las que no hay una organización que permita establecer algún tipo de orden.

El decreto del Ejecutivo excluye de su aplicación, en el artículo 4, lo previsto en el artículo 57 de la Constitución. Dicha norma establece que "la ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica" y declara a la huelga como "un derecho gremial".

La valoración del gobierno es que quienes hacen piquetes espontáneos no sólo interrumpen la libre circulación sino que muchas veces infunden temor por el desconocimiento que hay acerca de su acción.

Preocupación y calma en el PIT

La aparición de este decreto preocupó en un comienzo a las autoridades del PIT-CNT que durante la tarde de ayer miércoles 22 se reunieron para analizar con detalle el documento e incluso hacer consultas "informales" sobre lo que esta norma implica.

Consultado por El Observador, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala dijo que, luego de analizar el documento y hacer consultas, se confirmó que el decreto no perjudica al movimiento obrero ya que el mismo aclara la protección del derecho de huelga por parte de los sindicatos.

"Este decreto no es contra el movimiento obrero organizado, que levanta una plataforma, que establece sus acciones, que se moviliza y son movilizaciones enormes", afirmó el dirigente.

Además, dijo que "desde un punto de vista normativo, este decreto no agrega elementos", ya que "concentra normativa que ya existe". La norma va en línea con la Ley Nº 19.315 que establece que la Policía Nacional tiene como misión "proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar el orden y la seguridad interna".

También está respaldado en el decreto Nº 127 de mayo de 1999 que comete al Ministerio del Interior la adopción de las medidas pertinentes a los efectos de preservar el uso público de las calles, caminos o carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza, estableciendo la comunicación a la Justicia en forma inmediata a la actuación.

De todas formas, Abdala aclaró que el tema pasó a estudio de la sala de abogados del PIT-CNT y será evaluado en la próxima reunión del Secretariado Ejecutivo. "Si el decreto llega a desarrollarse de forma equivocada y extrema contra las libertades democráticas y sindicales" el PIT-CNT "actuará en consecuencia".

Abdala también opinó que, en materia de movilizaciones, "hay que mirar un poco más allá de lo que hace el movimiento sindical" ya que, según el dirigente, en el último tiempo han habido manifestaciones que no han sido impulsadas por los trabajadores pero "ponen en riesgo cuestiones que hacen al interés nacional".

"Estamos observando que ha habido algunos movimientos empresariales, en los que participa muy poca gente, y tienen la disposición logística de trancar todo el país. Y ha habido también conflictos interempresariales donde a veces se ponen en riesgo cuestiones que hacen al interés nacional", concluyó el dirigente sindical.

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