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PIT-CNT avisa: habrá una "conflictividad gigantesca"

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05 de julio de 2016 a las 05:00
El PIT-CNT lo intentó todo para que el gobierno cambiara las pautas salariales: una reunión con el presidente Tabaré Vázquez, otras dos con el equipo económico, un paro parcial con movilización frente al Ministerio de Economía (MEF) y el anuncio de un paro de 24 horas para la siguiente semana. Sin embargo, nada de esto fue suficiente. Luego de la reunión del Consejo de Ministros, el gobierno reiteró que los lineamientos no se tocan.

Aun así, el PIT-CNT no está dispuesto a dar brazo a torcer en esta disputa. Es así que, pese a los anuncios del ministro de Economía, Danilo Astori, el presidente de la central obrera, Fernando Pereira, dijo a El Observador que la decisión del gobierno traerá una "conflictividad gigantesca" y no va a "obligar" en nada al movimiento, que buscará superar los lineamientos en el ámbito de los consejos de salarios.

Esta situación fue alertada por el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, la semana anterior cuando, durante una entrevista en radio El Espectador, dijo que las pautas están siendo "superadas por la realidad" en el marco de los consejos, donde trabajadores y empresarios acuerdan lineamientos superiores sin la aprobación del Poder Ejecutivo.

Para el PIT-CNT, la resolución del Consejo de Ministros fue "negativa" porque no tomó en consideración ninguno de los pedidos que la central sindical presentó a las autoridades de gobierno e impulsó en el marco del paro parcial del pasado miércoles. "No fuimos escuchados pero no es que eso nos obligue. Sabemos que vamos a tener que pelear más, que vamos a tener que tratar dentro de los consejos de salarios de ir por encima de las pautas y veremos cuáles son los resultados", dijo Pereira.

El PIT-CNT pide que las pautas salariales se modifiquen de modo que tengan correctivos por inflación anuales y no cada 18 o 24 meses como estipulan las pautas actuales, para garantizar que no haya pérdida de salario real. Al mismo tiempo, rechaza la postergación del gasto social para la educación, salud y primera infancia que estaba previsto para 2017 pero que en el proyecto de Rendición de Cuentas se quiere trasladar a 2018.

"Estas cuestiones fueron negadas por el Poder Ejecutivo, ignorando que esto va a generar una conflictividad gigantesca. Comienzan 105 grupos de negociación colectiva en los próximos días y esta pauta es mucho peor que la del año anterior. Los sindicatos van a ponerse en pie de lucha y la central sindical va a acompasarlos porque coincide con que las conquistas de los últimos diez años no se pueden perder sin luchar", sostuvo Pereira.

El PIT-CNT, crítico con la decisión del gobierno, se concentra ahora en el paro general de 24 horas del próximo 14 de julio y en buscar alianzas para lograr que el Ejecutivo finalmente modifique las pautas salariales y la postergación de gastos en educación, salud y primera infancia.

Por otra parte, el dirigente manifestó disconformidad con los mecanismos de comunicación que desde el gobierno se utilizan para hacer llegar a la central sindical las resoluciones en materia laboral, así como también los espacios de diálogo. "Sentimos que no se están utilizando los mecanismos que se utilizaron durante diez años, que le dieron al país y a la sociedad resultados importantes. Habría que reencauzar caminos de diálogo más reservados, más abiertos y también buscar cuestiones que contemplen las partes. Si esto no sucede, va a haber una conflictividad gigantesca", reiteró.

Si bien la prioridad está puesta en concretar el paro general de 24 horas previsto para el próximo 14 de julio, Pereira dijo que en los próximos días podría haber anuncios de nuevas movilizaciones en rechazo a la actitud del gobierno.

"Lo primero que hay que hacer es que ese paro tenga los resultados que aspiramos: que Uruguay efectivamente entienda la medida y dé una señal al gobierno de que está dispuesto a pelear para modificar esas pautas y para modificar la postergación del gasto social", dijo. Asimismo, adelantó que la central buscará iniciar una serie de diálogos con las autoridades de gobierno y bancadas parlamentarias, así como también sindicatos de la educación, cooperativas y jubilados para generar alianzas.

"El gobierno tiene todo el derecho del mundo a tomar esa decisión, pero nos parece que van a perjudicar el poder de compra de los trabajadores y no estamos dispuesto a aceptarlo, por lo menos sin poner todo lo que esté a nuestro alcance", concluyó.

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