La Comisión de Trabajo Tercerizado (CTT) del PIT-CNT elaboró un proyecto de ley que apunta a "eliminar" la contratación de empresas tercerizadas en las empresas públicas y privadas. El proyecto ya fue entregado a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y será presentado mañana en el Parlamento.
"Nuestro objetivo siempre es eliminar las tercerizaciones. Entendemos que no deben existir cuando el trabajo es genuino", dijo a El Observador el dirigente Ismael Fuentes.
Según la comisión, las empresas optan por acceder a este servicio al momento de contratar personal pero los contratos no garantizan sus derechos ni la calidad de trabajo. "Venimos hace tiempo tratando el tema fundamentalmente porque entendemos que hay un montón de situaciones no solo de injusticia sino que generan dificultades a los trabajadores", dijo Fuentes.
En este proceso de contratación dos situaciones son recurrentes, dijo el dirigente. Por un lado, los trabajadores de empresas tercerizadas ganan la mitad o incluso la tercera parte que un funcionario fijo del organismo por desempeñar la misma tarea. Pero además, la situación laboral del trabajador es inestable ya que estas empresas suelen trabajar por licitación a uno o dos años. En este caso, el empleado puede ser tomado por la nueva empresa, perdiendo la antigüedad; o puede no ser tomado, sin derecho a despido.
La situación es más grave en el caso de las empleados públicos, dado que el sector privado garantiza en algunos casos un salario mínimo del sector y el pago de créditos laborales. De acuerdo con cifras de la comisión, en el Estado hay 120 mil trabajadores tercerizados de unos 270 mil empleados públicos. Muchos de ellos trabajan hasta 10 o 15 años en los organismos. "Cuando esa situación se da no debería ser trabajador de una empresa tercerizada sino del organismo", sostuvo Fuentes.
En el ámbito público, los sector más afectados son los de los pasantes, las empresas suministran mano de obra, las que brindan servicios especializados como seguridad o limpieza, y los contratos a término.
De acuerdo al proyecto, publicado en el sitio web de la central, se apunta a prohibir las subcontrataciones de personal para todas aquellas "obras, servicios o actividades que tengan calidad de permanentes" dentro de la empresa. Además, prohíbe la utilización de cualquier forma jurídica que oculte la dependencia de ese personal bajo una apariencia empresarial.
Una vez que la ley se promulgue, la autoridad competente tendrá la potestad de declarar nula toda tercerización y exigir a las empresas el reintegro inmediato a dichos empleados tercerizados en un plazo de hasta dos años como máximo.
En caso que la empresa solicite un plazo mayor para el reintegro, la ley exige que de igual modo se le pague a los trabajadores como si estuvieran efectivos en la plantilla y por lo tanto perciban los beneficios salariales y de seguridad social que correspondan.
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