PIT-CNT reclama al gobierno respuesta sobre desaparecidos

La central afirma que el silencio es una muestra de la "falta de una política eficaz"
En su discurso de asunción, el 1º de marzo de 2015, el presidente Tabaré Vázquez mencionó especialmente a los derechos humanos como un "imperativo ético de la democracia", anunció la creación de un grupo de trabajo sobre verdad y justicia abocado a la búsqueda de información, y hacer un "seguimiento del cumplimiento de las sentencias dictadas contra el Estado"; y llamó a las "personas y organizaciones que crean tener una propuesta mejor", a que la presentaran formalmente a Presidencia.

Así, el PIT-CNT y la asociación de expresos políticos, Crysol –que no fueron incluidos dentro del grupo de trabajo creado por el gobierno para trabajar en estos asuntos– presentaron en ese mismo mes sus medidas para trabajar con respecto a las investigaciones de crímenes perpetrados durante la dictadura cívico-militar. Sin embargo, un año después, critican al gobierno por no haber tenido respuesta.

Para la central de trabajadores, la falta de respuesta a las propuestas realizadas configura "un síntoma más de la ausencia, en casi todos los niveles del Estado, de una política eficaz y en tiempos razonables" respecto a las "gravísimas violaciones a los derechos humanos".

A través de un comunicado, la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales de la central de trabajadores, fustigó entonces el "silencio" de las autoridades, lo que se interpretó como un rechazo.
Hacer una gestión eficaz de las políticas de "verdad, justicia, reparación integral y nunca más terrorismo de Estado", hace "imprescindible" tener en cuenta la experiencia que han acumulado las diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos, estableció el comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos de la central de trabajadores.

Se criticó, por otra parte, el hecho de que tampoco se tiene conocimiento de un plan de trabajo "que apunte a resolver en su totalidad las obligaciones internacionales" formuladas por el relator especial de Naciones Unidas, Pablo de Greiff.

Esta no es la primera vez que el PIT-CNT hace un reclamo a las autoridades por verdad y justicia. Así, según se deja constancia en el comunicado, ante la falta de un pronunciamiento del Estado, en julio de 2015, el PIT-CNT ya había reclamado al gobierno, debido a que consideraba que "la larga postergación que sufre el proceso de verdad y justicia hace necesario que el Estado en su conjunto adopte las medidas necesarias". Sin embargo, tampoco se obtuvo respuesta, lo que según el PIT-CNT podría entenderse como un "rechazo".

La propuesta de la central


En el plan, presentado en conjunto por el PIT-CNT y la asociación de expresos políticos Crysol se proponía realizar desde una ceremonia oficial y pública en la que el gobierno asumiera la responsabilidad de los delitos hasta la creación de un plan que unifique las acciones realizadas tanto por los gobiernos departamentales como desde el gobierno central.

Además, se pedía que algunos jueces se dedicaran exclusivamente a estos temas, "hasta que se resuelvan las causas de los derechos humanos, dada la edad avanzada de las víctimas y presuntos victimarios". Según había explicado entonces a El Observador el presidente de Crysol, Gastón Grisoni, a través de esa medida se buscaba"alivianar transitoriamente" a los jueces a cargo de las causas, que al mismo tiempo debían dedicarse a dictar sentencia sobre otro tipo de delitos.

Por otra parte,se proponía designar en los ministerios de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores "un funcionario responsable al que se dotará de facultades y los medios necesarios para recabar toda la documentación de interés" y que sería responsable de dar una respuesta en tiempo y forma a los pedidos de información. Además, se proponía que el equipo especial de la Justicia en Crímenes de Terrorismo de Estado del Ministerio del Interior tuviera expertos en investigación criminalística y otros especialistas.

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