PIT-CNT relega pelea por salarios y centra reclamo en bajar la inflación

Exigencias de la central apuntan a decisiones que son potestad exclusiva del Poder Ejecutivo
De cara a la segunda parte de las negociaciones salariales en el sector privado, las baterías del PIT- CNT apuntan hacia el Poder Ejecutivo. Es que a diferencia de rondas anteriores, hoy las exigencias de la central sindical dependen de decisiones que son resorte exclusivo del gobierno.

La preocupación principal se expresa en reclamar al gobierno que tome medidas para encaminar la inflación a niveles más bajos de los actuales (10,47% en abril) y deja en un plano secundario la vieja pelea con el sector empresarial por conseguir nuevas subas salariales.

Eso lo reconoce el discurso que tienen algunos dirigentes de primera línea del PIT-CNT. La semana pasada el secretario general de la central, Marcelo Abdala sostuvo en el programa En la Mira de VTV que si bien los planteamientos estratégicos de la central "son los mismos" que años atrás hay variantes en la manera de ponderarlos.

"Cuando en el sector privado contingentes de trabajadores empiezan a tener más en riesgo el trabajo, tal vez la ponderación de cómo jugar en defensa del trabajo y del salario al mismo tiempo sea un poco más equilibrada", apuntó.

En el esquema actual de negociación basado en ajustes nominales, el comportamiento de la inflación es un elemento de peso y la posibilidad de que haya pérdida de poder adquisitivo está latente. De hecho, los aumentos salariales previstos para este y el próximo año no lograrán compensar la suba de precios que proyectan los economistas.

Si se cumplen los pronósticos de la media de los expertos encuestados por El Observador el mes pasado, por primera vez en 13 años los trabajadores enfrentarán una leve caída del salario real (0,4%) en 2016 y 2017.

Si bien la inflación cedió en la medición interanual a abril, la mayoría de los expertos ve como difícil que los precios puedan aumentar por debajo de los dos dígitos al cierre de este año. Los analistas consultados en la encuesta prevén una inflación de 10,3% para fines de este año y de 10,2% para 2017.

El pronóstico de pérdida de poder adquisitivo que proyectan los analistas viene acompañado de una nueva y más pronunciada caída del empleo este año, aunque se espera que ese deterioro se revierta parcialmente el año que viene.

Lo que se viene


Hasta ahora el gobierno se plantó firme en mantener las pautas sugeridas el año pasado.
De todas formas, y en un contexto en donde las presiones inflacionarias no dan señales de moderación, la central mantiene la esperanza de que las autoridades se hagan eco de alguna de sus reivindicaciones.

El pedido principal se concentra en que se tolere que los convenios incorporen correctivos por inflación observada a 12 meses, tal como se hacía antes. Hoy esa corrección está acotada a plazos de 18 y 24 meses. La central volverá reunirse con Tabaré Vázquez el mes entrante y es intención "discutir con qué criterios se para el Poder Ejecutivo" en la ronda de negociación que comenzará en julio, según dijo Abdala.

El tema fue tratado con Vázquez en marzo pasado y en esa instancia, si bien el presidente no accedió a flexibilizar los lineamientos sí se comprometió a considerarlos nuevamente antes de la nueva etapa de negociación, atendiendo a la evolución de distintos indicadores de la economía.

En diálogo con El Observador el dirigente del PIT-CNT, Julio Burgueño, dijo que llevar los correctivos a un año "ayudaría y mucho". En segundo lugar, subrayó la importancia de que los lineamientos tengan "una mirada especial" a los salarios sumergidos en cada rama de actividad con aumentos "superiores a lo común" y "no ser tan fijos" como se propone actualmente.

Eso está asociado a que se suban las franjas que definen a los salarios sumergidos en las pautas de gobierno y que hoy cuentan con ajustes adicionales, de manera que haya más trabajadores que se beneficien.

A juicio de Burgueño, en caso que el Poder Ejecutivo no accediera a introducir modificaciones, cada sindicato "tendrá que salir a pelear" cuando le toque discutir el salario en su rama para mejorar los lineamientos oficiales.

En junio de este año caerá el grueso de los convenios salariales que están vigentes de la quinta ronda. En total, serán 105 mesas las que deberán abrirse a la negociación que representan el 47% de los 225 grupos que cuentan con negociación tripartita.

Un porcentaje importante de esas mesas está vinculado a la industria: molinos de arroz, molinos de trigo, aceiteras, bodegas, fábricas de pastas y químicos, entre otros. También hay de servicios como supermercados, logística, servicios financieros y AFAP. Además, la lista incluye uno los sectores donde nunca es sencilla la negociación: el agro.

La ronda celebrada el año pasado marcó que pese a la disconformidad que había con los lineamientos, de los 64 subgrupos que negociaron, el 91% aceptó el modelo propuesto por el Poder Ejecutivo. Además, un 76% de los subgrupos se autoclasificaron como sector medio (42%) o en dificultades (34%). En tanto, el 86% aplicó correctivos por inflación pasada dentro de los plazos que fijó el gobierno.

Conflictividad


En diálogo con El Observador, el director del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica, Juan Manuel Rodríguez, destacó que el segundo semestre del año pasado fue de una conflictividad "muy fuerte", tanto a nivel del PIT-CNT como de algunos sindicatos, pero el resultado marcó que se firmaron convenios que no implican aumentos salariales.

A su juicio, la segunda parte del año podría tener algo más de conflictividad que lo ha mostrado el primer semestre, y por el lado de sindicatos poderosos como el Sunca, que anunció su voluntad de concretar convenios con porcentajes que aseguren crecimiento real de salario.

Respecto a la estrategia del PIT CNT, Rodriguez considera que la central "ya hizo todo lo que tenía que hacer" el año pasado con varios paros generales, pero el resultado no fue el que pretendía.

Industriales presentan proyecto de "flexibilización laboral"


El presidente de la Cámara de Industrias, Wáshington Corallo, informó a El Observador que en las próximas horas enviará al Ministerio de Trabajo, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y al PIT-CNT un texto con el proyecto de "Adecuación de la jornada laboral" con el que se apunta a preservar el empleo en momentos de deterioro de la actividad productiva. La iniciativa, que el Poder Ejecutivo deberá decidir si le da forma de decreto o ley para que tenga valor jurídico, habilitará a empresarios y trabajadores a llegar a acuerdos de partes para evitar despidos. La CIU promueve, por ejemplo, que una semana se trabaje de lunes a viernes y a la siguiente de martes a jueves, de forma rotativa. El texto de solo dos artículos permitirá ese tipo de acuerdos de manera "transitoria" y en empresas que demuestren mediante la presentación de balances que están viendo afectada su actividad.

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