PIT-CNT torció el brazo del Ejecutivo y logró correctivos por inflación a un año

El gobierno, sindicatos y empresarios esperan que esto ayude a destrabar la actual ronda salarial
*Por Miguel Noguez y Andrés Oyhenard

Una vez más el PIT-CNT ratificó su poder de presión ante el Poder Ejecutivo. Con la incipiente ola de conflictividad sindical que ya estaba distorsionando el normal funcionamiento de la economía del país, y la amenaza latente de un paro general a la vuelta de la esquina por el trancazo en la ronda de negociación en los Consejos de Salarios, el gobierno accedió a otorgar el "trofeo más preciado" de la reivindicación de la central sindical: correctivos por inflación pasada cada un año, la mitad del plazo de 24 meses que el gobierno había sugerido en julio del año pasado cuando presentó los lineamientos. El PIT-CNT entiende que ese es el mejor seguro que los convenios salariales pueden contar para salvaguardar el poder de compra del salario ante el riesgo de un rebrote inflacionario.

Esta semana, la central sindical había recibido del presidente Tabaré Vázquez un compromiso personal de buscar alguna solución para destrabar la negociación, cuando restan menos de 20 días del plazo de tres meses que dio el gobierno para firmar los convenios.

Fue por ello que este viernes el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, convocó de urgencia al Consejo Superior Tripartito del sector privado para informarle de los cambios, que surgieron de una reunión previa que Vázquez mantuvo con ese jerarca y el titular de Economía y Finanzas (MEF), Danilo Astori.
En esa instancia, se comunicó que todos los convenios firmados de aquí en más serán analizado a los 12 meses y, en función de la evolución de la inflación, se habilitará otorgar un correctivo si se constata pérdida de salario, una opción que hoy esta vigente para un plazo de 18 y 24 meses, según el convenio.

El director Nacional de Trabajo Juan Castillo informó a El Observador que esto "contempla gran parte de las aspiraciones de los trabajadores, así que es de esperar que genere un impacto positivo en todas las negociaciones, incluida la Sunca", indicó.

"La negociación colectiva es un instrumento vivo, no es una cosa fría. Analizando que en 90 días de empezada esta negociación hay 112 grupos estancados, es casi una concordancia que la mayoría tenía esto (por los correctivos) como uno de los elementos. Algunos de los sectores empleadores admitieron –y lo expresaron en actas– que no tenían problema en otorgar esto, pero los lineamientos no se lo permitían. Ahora los lineamientos se lo permiten", explicó Castillo.
Hasta el viernes había ocho acuerdos firmados y 17 en consulta.

Alcanzar un consenso entre trabajadores, empresarios y gobierno para renovar los convenios se había tornado una misión bastante compleja y llena de obstáculos, donde el mayor grado de confrontación paradójicamente se estaba dando entre trabajadores y el Poder Ejecutivo. Los empresarios, en líneas generales, han optado por mantenerse al margen, o incluso acordar con los trabajadores convenios por fuera de los lineamientos para cerrar la ventana a la conflictividad.

El paso que dio el gobierno es "una contribución importante para agilizar la negociación. Es una buena noticia que sin dudas va a ayudar a resolver uno de los cuellos de botella que teníamos y da la posibilidad que las partes puedan negociar las cosas particulares de cada sector, como salarios mínimos y condiciones de trabajo", valoró el director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, Milton Castellano.

Para Castellano, la modificación "no implica un cambio radical de las pautas" sino que se trata de "una señal" del Poder Ejecutivo para "facilitar las cosas cuando los datos de la realidad marcan que está todo trancado".

La credibilidad en juego

El asesor laboral de la Cámara de Industrias (CIU) Juan José Fraschini –que participó del Consejo Superior Tripartito– dejó en claro en esa instancia la "disconformidad" por los "procedimientos y formas" que escogió el gobierno para manejarse en la sexta ronda de la negociación colectiva. "Da la sensación que se actúa por impulso de una de las partes (por el PIT-CNT)", cuestionó.
El delegado de la CIU reconoce que esa flexibilización puede ayudar a "destrabar" la negociación, pero al mismo tiempo genera "inequidad" con los sectores que ya negociaron con los lineamientos que estaban vigentes hasta ahora.

Al tiempo que también está en juego la "credibilidad" de las pautas que fija el gobierno, cuando cada seis meses se están haciendo ajustes. Fraschini aprovechó esta instancia para insistirle al gobierno en que las pautas "no sean tan estrictas" y que deje librada el grueso de la negociación a empresarios y trabajadores como ir a convenios a cuatro años y no a dos años como tope, como plantea el Ejecutivo.
Por otro lado, el empresario advirtió por una "traba" que puede surgir en la práctica con los convenios que estaban a punto de firmarse donde los empresarios habían realizado concesiones con correctivos a 18 meses. "Ahora que se flexibilizan los correctivos: ¿qué va a acontecer con esos convenios?", se preguntó Fraschini.

El PIT-CNT lo hizo

El economista y experto en relaciones laborales, Juan Manuel Rodríguez, de la Universidad Católica, había vaticinado a El Observador –antes que se conociera la determinación del Ejecutivo– que la única salida viable para destrabar esta ronda de los Consejos de Salario pasaba porque el gobierno accediera a otorgar correctivos por inflación cada 12 meses o habilitar aumentos de salarios anuales y no semestrales como están fijados hoy en las pautas. "En una negociación con escaso contenido, al gobierno no le conviene una ola de conflictividad" explicó.

El experto coincidía con la central sindical en que bajo las circunstancias actuales se hace "muy complejo" darle celeridad y consenso a la ronda salarial si lo que está sobre la mesa es "esto o nada". Pero: "¿Quién es el inflexible?", se preguntó el director del Instituto de Relaciones Laborales de la Ucudal.

En el primer tramo de la ronda el Ejecutivo accedió a tolerar en los convenios correctivos por inflación cada 18 meses en lugar de los 24 meses. En tanto, cuando se lanzó el segundo tramo de la ronda con las 104 mesas de los acuerdos salariales que cayeron en junio de este año, ante gestiones que el propio PIT-CNT hizo ante el presidente Vázquez, la central consiguió en agosto que el gobierno dejara incambiado los porcentajes de ajustes nominales de 2015 para los grupos que negociaban en el segundo semestre de este año. Eso implicó ajustes de entre 1 punto y 1,5 puntos porcentuales por arriba de los porcentajes que estaban previstos a partir de julio de 2016, según la clasificación de cada sector.

Señal para convenio de la construcción

Otro de los cambios que el Consejo Superior Tripartito comunicó este viernes fue que se autorizó a los sectores que tienen vínculo con el Estado trasladar a precios el correctivo por inflación pasada del convenio anterior. La semana pasada, el Sunca se había mostrado sorprendido por la negativa de Ejecutivo a avalar esa vía que le permitía acceder a un ajuste de 3,9% a partir de octubre de este año. "El gobierno está dispuesto a que se incluya y admite el traslado a precio donde esto ocurriera", informó el director Nacional de Trabajo, Juan Castillo. Las cámaras empresariales de la construcción estaban dispuestas a considerar ese aumento, pero se encontraban con la dificultad de no poder pasar ese costo a los precios en los casos donde hay vínculos con el Estado. Se espera que esta señal, sumado a los correctivos anuales por inflación, despeje el camino para un convenio colectivo en la construcción.

Revés inoportuno para la desindexación

Luego de un intento frustrado que experimentó el Ministerio de Economía en la administración de José Mujica para que los trabajadores aceptaran ajustes de salarios nominales –en lugar del viejo esquema de un porcentaje de recuperación más un correctivo por inflación pasada–, esa postura logró imponerse como la única alternativa de negociación que encaró el segundo mandato del presidente Tabaré Vázquez. Esto no sin antes generar algunos cortocircuitos y fuertes discusiones entre los ministerios de Economía y Trabajo.

Los lineamientos que rigen desde julio de 2015 tuvieron como novedad la incorporación de ajustes nominales decrecientes en función de la realidad de cada sector de actividad. Si bien ese mecanismo de ajuste no elimina la indexación de los salarios a la inflación, los correctivos planteados a 24 meses iban en la dirección "correcta", según destacaron en su momento los analistas privados que reclamaban desde hace un tiempo un cambio. También algunos organismos multilaterales –como el Fondo Monetario Internacional (FMI) en cada revisión anual en el marco del Artículo IV– se encargaron de recalcar la necesidad de corregir la indexación de los salarios a la inflación.

"Es un revés para apostar a la desindexación salarial. Nos parece una decisión innecesaria e inoportuna", evaluó la gerente senior de asesoría financiera de Deloitte, Florencia Carriquiry.
La analista indicó que se da justo en el momento en que hay un riesgo latente que el tipo de cambio pueda iniciar una nueva escalada por la incertidumbre regional y mundial que trajo a los mercados el triunfo inesperado del candidato republicano Donald Trump en Estados Unidos. Una suba del tipo de cambio podrá cortar la fuerte baja de precio que han mostrado los bienes transables en los últimos meses como consecuencia del desplome del dólar, hoy el principal motivo para que los la inflación en el último año móvil a octubre se ubique en 8,45%.

Por otro lado, Carriquiry indicó que "sorprendió" el cambio que accedió a otorgar el Ejecutivo porque la inflación viene en una clara tendencia bajista donde no hay riesgos que el salario real de los trabajadores pueda estar comprometido. Además dijo que aún no se aprecia una moderación evidente en el precio de los bienes y servicios no transables –aquellos que no se comercializan con el exterior–.
En tanto, Rafael Paganini de Cinve considera que esta modificación de las pautas no generará "presiones adicionales" sobre los precios para el año en curso y el próximo. Esto porque los correctivos recién se aplicarían en julio de 2016 y tampoco abarcará a la totalidad de los convenios que están vigentes.


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