Plantean crear ventanilla única para denuncias de corrupción

Presidente de la Jutep asegura que hoy no está claro adónde dirigirse
¿Si tuviera que denunciar un presunto caso de corrupción en un organismo público sabría dónde hacerlo? Según el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, es probable que su respuesta sea negativa. Para el jerarca, "hoy un ciudadano o funcionario no tiene claro adónde dirigirse si quiere hacer una denuncia (por corrupción)". Al asumir su cargo en la Jutep en febrero de este año, Gil Iribarne se propuso cambiar esa situación y crear una "ventanilla única" que recepcione denuncias de corrupción.

"Parece necesario crear un punto único de referencia, que además dé las garantías necesarias a los denunciantes. Si se acuerda eso, luego hay que definir donde se ubica. ¿Podría ser la Jutep? Entendemos que sí, pero también podría ser en otros ámbitos, como la Fiscalía General de la Nación. El "quién" no es lo central; lo importante es que exista", dijo en diálogo con El Observador.

El planteo del presidente de la Jutep va en línea con un concepto que ha querido dejar claro en el Parlamento, cuando asistió invitado por una comisión de la Cámara de Diputados, y en conferencias que ha realizado en los últimos meses: "la respuesta del sistema para casos de corrupción no es buena".
"No existe una preocupación y sobre todo no existe una línea de trabajo claro que permita decir que nos vamos a parar bien parados para frenar o atenuar la corrupción. Si no hacemos nada en cinco, ocho, diez años podemos estar igual que los vecinos u otros países de la región. ¿Por qué Uruguay va a estar a salvo? No hay ninguna razón", indicó en entrevista con El Observador.


El nombre de Gil Iribarne fue propuesto para la Jutep en setiembre de 2016 y su venia fue votada en el Senado en la última sesión parlamentaria de ese año. Según el jerarca, desde setiembre hasta febrero de 2017 –mes en el que asumió– "nadie preguntó" qué pensaba hacer en la Jutep. El mayor acercamiento con los legisladores lo tuvo en marzo, cuando fue convocado a una comisión de Diputados que analiza eliminar el delito de abuso de funciones.

Que no se le haya preguntado por su objetivo en la Jutep no le sorprendió porque considera que va en línea con una deficiencia en un "sistema nacional de anticorrupción".

"No está claro qué rol cumple cada actor. Eso implica que la Jutep tenga muy pocas funciones y muy pocas potestades", afirmó.

A su juicio, eso implica también que no está clara la función que tienen las comisiones investigadoras parlamentarias. "Yo las respeto y las valoro pero el tema es, perseguir la corrupción en Uruguay, ¿pasa solamente por las comisiones parlamentarias o pasa también por otro lado?", se preguntó.

En investigaciones "la pata del Estado está renga"

¿Cuál es su objetivo dentro de la Jutep?
La Jutep tiene que seguir trabajando en materia de prevención y capacitación; es un trabajo que se ha hecho bastante bien. En la parte más represiva, la Jutep puede cumplir un rol. Por ley la Jutep es el órgano asesor en materia de delitos de corrupción. No puede investigar de oficio. No está claro qué podemos hacer porque no está clara la función. La Jutep no es para mí un órgano de investigación. La investigación la tienen los órganos correspondientes y la va a tener la Fiscalía (con el nuevo Código del Proceso Penal -CPP) y me parece bárbaro. Pero nosotros podemos ser un órgano de apoyo en ese sentido. Un órgano que asesore y que participe en algún proceso de investigación a nivel técnico.

Parecería que el trabajo de la Jutep se redujera a recibir declaraciones juradas.
Actualmente simplemente las tenemos guardadas. La propuesta que hay en discusión en el Parlamento sobre modificaciones a la ley de lavado de activos amplía las posibilidades pero hemos sido consultados y realizamos propuestas procurando que el sistema de las declaraciones tenga resultados concretos. Actualmente se guardan en un cajón y sirven para muy poco. En el proyecto de ley de lavado (de activos) se amplía en plazo por el que deben conservarse de cinco a diez años. Pero si no están siendo útiles, ampliar el plazo o el número de declarantes no sirve de mucho. Lo mismo cuando se plantea que los técnicos puedan examinarlas: sería fundamental que alguien lo hiciera, pero para eso tiene que tener acceso a la información de los registros, bancaria, etcétera. No importa si es la Jutep o no; lo que importa es que alguien lo haga.

¿Tal como se están realizando hoy no sirven?
Entiendo que sirven para muy poco. Le complican la vida a 46 mil tipos que tienen que declarar. El 100% de los funcionarios del Ministerio del Interior, por ejemplo, que me parece innecesario. Es más un mensaje de que cuidamos la imagen de ese ministerio. Estamos inundados de declaraciones, hay hasta físicamente poco lugar para ponerlas. Ahí viene un tema nuestro: la declaración digital, que ya está implementada pero hay que generalizar. Alguno se ofende cuando digo que tenemos un sistema como para que parezca que hacemos cosas, pero en realidad no las hacemos bien. El sistema parece que anda pero no estamos funcionando bien.

Los últimos casos por presuntas irregularidades en organismos del Estado que se han llevado a la Justicia comenzaron a nivel político. ¿Es bueno eso o debería haber un balance entre esos casos y los que surgen de investigaciones judiciales?
Creo que es muy importante y defiendo que los partidos políticos hagan denuncias. También defiendo que la prensa haga denuncias. Me parece totalmente legítimo y es parte del sistema. Pero, ¿cuál es la acción del Estado en definitiva? ¿Está bien que siempre venga de la política? No, no está bien. Deberían venir también de investigaciones serias sobre prácticas de corrupción porque la forma de investigar es distinta a la de narcotráfico o robo de bancos. Está faltando esa acción seria del Estado. Eso implica algún riesgo, que es la politización excesiva o el eventual mal uso y la percepción de la gente que lo que se hacen son juegos políticos y no combate serio a la corrupción. La pata del Estado está renga: la Policía, la Jutep y la Justicia. Tal vez con el nuevo CPP como la Fiscalía va a tener una actuación con una estrategia definida, tal vez pueda mejorarse. En los equipos especializados en Crimen Organizado nunca hubo técnicos especialistas en corrupción. Es parte de esa debilidad del Estado en investigar y perseguir la corrupción, es un tema que hay que sincerarse más. ¿Aceptamos que esto es un tema serio o pensamos que así vamos bien? Yo lo que digo es que no vamos bien.

¿En la Jutep ven al nuevo CPP como una oportunidad?
Yo creo que sí. Creo que la Fiscalía tiene una visión mucho más global de los delitos. No hay ningún juzgado que estudie "el fenómeno de la corrupción en Uruguay". La Fiscalía sí puede hacerlo.

Con el presupuesto limitado

Desde 2015, la Jutep dejó de depender del Ministerio de Educación y Cultura y pasó a ser un organismo descentralizado. Si bien Gil Iribarne evaluó la medida como "muy positiva" consideró que el problema actual son los recursos. "Hoy estamos absolutamente limitados. Pero tiene que ver con el tema de las potestades: tenemos que ser más eficaces y demostrar que los recursos que se destinen se justifican porque hay resultados", dijo.

Antes de presidir la Junta de Transparencia y Ética Pública, Ricardo Gil Iribarne asesoró al gobierno en lavado y fue, durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez, titular de la Secretaría Antilavado de Activos. Luego fue director de Proyectos del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud).

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