La última declaración ante la Justicia sobre el caso Pluna del ex ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo (2010-2015), vuelve a poner en evidencia las discrepancias entre los gobernantes de la época sobre cómo procedieron para darle un aval bancario a la empresa fantasma Cosmo, que ofertó US$ 13,6 millones por siete aviones Bombardier cuya garantía de pago era del Estado. Para determinar la responsabilidad, la jueza y la fiscal del caso intentan saber, entre otras cosas, quién se hace cargo de la orden que desembocó en la entrega de ese aval dado por el Banco República.
Mientras por un lado el expresidente José Mujica (2010-2015) aseguró por escrito en setiembre de este año a la sede judicial que él pidió a Lorenzo que solucione el tema, y para eso dio "lineamientos generales", tanto Lorenzo como el expresidente del Brou, Fernando Calloia, aseguran que fue el gobierno en su conjunto el responsable del tema.
En rueda de prensa este viernes a la salida del juzgado, Lorenzo dijo que no realizó ningún acto como ministro "en el que no estuviera representando al gobierno" que integraba, y que si creyera que algún acto suyo fue incorrecto o ilegal, "estaría pidiendo disculpas". El diario El País agrega este sábado que Lorenzo afirmó en la audiencia judicial que Presidencia de la República sabía de sus actos.
Calloia, en tanto, había dicho en el mismo juzgado que él había recibido un pedido de Lorenzo, quien actuaba "como ministro, pero en nombre del gobierno nacional sin duda".
El teléfono descompuesto sobre el caso Pluna de las últimas semanas, protagonizado por los exgobernantes de primera línea del período pasado, le hace honor al escándalo político generado tras el cierre de la aerolínea de bandera el 5 de julio de 2012.
El punto sobre el aval es importante a despejar porque se trató de un trámite irregular llevado adelante por el apuro y la improvisación, lo que determinó en procesamientos sin prisión por abuso de funciones de Lorenzo y Calloia. Los jerarcas de entonces aseguran que en ningún momento buscaron beneficiarse ni hacerle favores a nadie. Sin embargo la ansiedad por sacarse un problema de encima los llevó a cometer errores que los hizo ser castigados por la Justicia.
Ese aval fue otorgado de palabra a un sujeto español que intentó ocultar su identidad haciéndose llamar por su segundo nombre y segundo apellido, porque tenía el respaldo en las sombras del dueño de Buquebús, Juan Carlos López Mena. Hernán Calvo levantó su mano con el cartel número 1 en el remate de los siete aviones que eran de Pluna, para ofertar US$ 136 millones, cosa que pudo hacer por tener en su poder el aval mal otorgado por el Brou. Un mes después de ese episodio, que se llevó adelante el 1° de octubre de 2012 en el pabellón España del predio de la Asociación Rural del Uruguay en el Prado, la oferta trucha quedó por el camino y el gobierno se vio obligado a ejecutar el aval. Allí se puso de manifiesto que el documento carecía de validez, y por eso tuvo que negociar de palabra con López Mena, quien finalmente se hizo cargo de la deuda, pero en cuotas.
Luego, los aviones pasaron a manos de la sindicatura que lleva adelante el concurso de Pluna. El año pasado los terminó vendiendo a una empresa estadounidense a US$ 70 millones, un precio mucho menor al fijado en el fallido remate.
En definitiva y más allá de las discrepancias entre los involucrados, Mujica fue quien dio la orden a Lorenzo para que solucione la entrega del aval al misterioso enviado de López Mena. Posteriormente Lorenzo se comunicó con Calloia, que era presidente del Brou, para que haga afectivo el trámite.
En el medio de ese cruce de llamados queda la responsabilidad del acto irregular, lo que deberá determinar la Justicia.
En las próximas semanas la fiscal del caso, María de los Ángeles Camiño, deberá ahora decidir si pide la condena de Lorenzo y Calloia sobre el escándalo de Pluna, o de lo contrario absuelve a los exjerarcas.
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