Policía investiga si hay militares implicados en denuncia de explotación sexual

Así se extrae de las declaraciones de las menores. Por esta investigación cinco trabajadores de Cutcsa fueron procesados

La denuncia por explotación sexual infantil por la que fueron procesados cinco trabajadores de Cutcsa, incluye también a militares, según se extrae del auto de procesamiento de la jueza del caso María Helena Mainard. A su vez, fuentes de la investigación dijeron a El Observador que en las declaraciones de las menores surge la participación de los militares, aunque todavía no está claro cuántos estarían implicados.

El auto del procesamiento señala que los uniformados "han entablado en varias oportunidades contacto de tipo sexual" con "por lo menos" tres adolescentes de unos 15 años de edad.

La investigación, que se inició el 27 de setiembre luego de que el Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) presentara la denuncia, llevó a la detención de 12 trabajadores de la línea D de Cutcsa, que a través de un grupo de Whatsapp se pasaban fotografías de las menores (de entre 15 y 17 años) y se arreglaban encuentros sexuales.

Finalmente cinco de los detenidos fueron procesados. Cuatro de ellos, de entre 32 y 43 años, por un delito de "contribución a la explotación sexual de menores de edad o incapaces" en calidad de autores previsto en el artículo 5º en la ley 17.815, mientras que al quinto, de 43 años, por la "promesa de retribución de personas menores o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo".

La pena prevista para estos delitos es de un mínimo de dos años de prisión a un máximo de 12 años, por lo que se trata de un delito inexcarcelable.

Según se extrae del documento de la Fiscalía, una menor de 16 años mantuvo desde que tenía 13 un vínculo con el trabajador de 43 años, que la "sometía" para que le practicara sexo oral en el ómnibus de Cutcsa, una vez finalizada su jornada laboral en el recorrido que termina en Playa del Cerro, a cambio de viajar gratis en el ómnibus "en algunas oportunidades".

Esa situación se mantuvo por dos años, hasta que la menor –en ese momento de 15 años- comenzó a salir con otros choferes y guardas de la compañía. Uno de ellos de 32 años, dijo no haber dado retribución alguna.

Luego, la misma menor se vinculó con otro trabajador de 43 años el cual admitió haberle regalado ropa, calzado y un celular, pero dijo que la consideraba su "novia". Según afirma la joven, la madre "no sabía la vida que estaba llevando".

En tanto, la otra víctima, mantenía conversaciones telefónicas de "alto contenido erótico" con otro trabajador que le prometía pagar a cambio de sexo, teniendo presente que eso es un delito, según él mismo lo manifiesta por teléfono.

Al menos 333 niños y adolescentes uruguayos sufrieron explotación sexual en 2016. Si bien los datos son oficiales y son los que maneja el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), las autoridades creen que se trata de un subregistro, porque hay factores estructurales y culturales que obstaculizan las investigaciones. En la capital, la mayoría de los casos se concentran en el oeste.

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