Policía liberará calles ocupadas sin previa consulta a la Justicia

El Ministerio del Interior comenzará a liberar calles, rutas o caminos ocupados por manifestantes de manera directa y sin esperar el fallo de la Justicia, según establece un decreto de la Presidencia de la República del 20 de marzo.

El derecho de la libre circulación y la actuación de la Policía en este sentido ya están amparados por la normativa vigente. Sin embargo, hasta el momento los funcionarios del Ministerio del Interior solían esperar la actuación de la Justicia para cumplir con su tarea, pese a que tenían la directiva de no aguardar hasta la determinación del Poder Judicial.

Ese proceso demoraba la actuación policial y, por ende, no se garantizaba la libre circulación de manera inmediata. Por eso, este nuevo decreto pretende reforzar la norma para que de ahora en más la Policía actúe rápidamente y sin previa consulta a la Justicia, explicó a El Observador una fuente de gobierno.

"El Ministerio del Interior dispondrá las medidas pertinentes a los efectos de preservar el uso público de las calles, camino o carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza. Para tal fin dicha Secretaría de Estado podrá requerir en forma directa el auxilio de otros organismos públicos así como coordinar, en tal caso, la actividad tendiente a dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior", establece el decreto en su artículo primero.

En tanto, el artículo tres señala que el Ministerio del Interior debe dar cuenta "en forma inmediata" a la Justicia de la intervención policial.

La norma va en línea con la Ley Nº 19.315 que establece que la Policía Nacional tiene como misión "proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar el orden y la seguridad interna".

También está respaldado en el decreto Nº 127 de mayo de 1999 que comete al Ministerio del Interior la adopción de las medidas pertinentes a los efectos de preservar el uso público de las calles, caminos o carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza, estableciendo la comunicación a la Justicia en forma inmediata a la actuación.

Esa medida, que tiene 17 años, ya establecía la posibilidad de que hubiera una intervención directa de la Policía, sin embargo hasta ahora seguía sin poder aplicarse.

En los últimos meses se sucedieron diferentes cortes de ruta y calles por diferentes motivos. Esta medida ha sido recurrente entre quienes buscan manifestarse por una determinación judicial que consideran injusta, una muerte en rutas nacionales por la falta de cruces o como una forma de llamar la atención de la capital desde el interior del país. El corte se puede contemplar como parte del derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, en algunos casos ese derecho entra en conflicto con otro derecho: el de la libertad de circulación.

Luego de que una niña muriera atropellada, el domingo 5 de marzo hubo una manifestación en la ruta Interbalnearia sobre el kilómetro 35 que reclamaba un puente que cruzara la ruta. Por ese motivo un grupo de vecinos cortó el tránsito y se manifestó con pancartas entorpeciendo el retorno de quienes iban hacia Montevideo desde el este. Un día antes habían hecho un piquete para en el que prendieron fuego cubiertas. A raíz de la medida tomada por los vecinos, Policía Caminera optó por realizar desvíos en la intersección de la Interbalnearia con la ruta 11.

Durante el 2016 en Montevideo se reiteraron los cortes de calles por las protestas de los taxistas ante el desembarco de Uber en el país. Hubo ocasiones en las que los taxistas coparon 18 de julio impidiendo la movilidad en el centro de la ciudad durante varias horas de la jornada laboral.

En julio de 2015 unas 50 personas cortaron la ruta en los accesos a Montevideo, en ambas sendas, así como las vía laterales para reclamar por la detención de un hombre acusado de una rapiña. Quemaron cubiertas y provocaron caos en el tránsito.

En tanto en diciembre de 2015, 150 policías de diferentes fuerzas se desplegaron en el Cerro para evitar el corte de la ruta 1 y de la ruta 40.

Participaron de ese operativo efectivos de la Guardia Republicana y del Grupo de Respuesta Táctica. Los manifestantes tenían como objetivo protestar por el procesamiento con prisión de dos vecinos del lugar, que consideraban injusto.

Debido al corte de ruta y al operativo para impedirlo, se formaron largas colas de automóviles en los accesos a Montevideo.