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Policías que viven con el enemigo
Más de 1.000 policías viven en asentamientos y son víctimas del hostigamiento de sus vecinos
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29 de enero de 2017 a las 05:00
Aquella tarde de febrero, el teléfono de Carlos volvió a sonar. Era su esposa, que le pedía que volviera a la casa, porque por tercer día consecutivo sus vecinos estaban arrojando piedras contra la vivienda ubicada en un barrio humilde de Progreso. Él, que es policía, estaba acostumbrado al hostigamiento de los adictos, ladrones y narcotraficantes que tenía como vecinos, y para calmarla le dijo que "si eran solo unas piedritas no pasaba nada".
En apenas unos minutos ya eran más de 20 los que arrojaban toda clase de proyectiles contra la vivienda. El estallido de las ventanas, el golpeteo incesante de objetos contra la chapa del techo y las detonaciones de disparos en la esquina aterrorizaron a la familia que se atrincheró en la casa como pudo.
Carlos, que trabaja a varios kilómetros del lugar, emprendió un viaje a toda velocidad rumbo a su casa, y tan pronto como llegó, ingresó bajo una lluvia de piedras, desenfundó su arma de reglamento y apuntó a la puerta con la intención de disparar en caso de que la turba decidiera entrar.
El policía recuerda el retumbar del techo, la sangre de su hijo herido por el impacto de uno de los objetos arrojados, el llanto de sus nietas de apenas 3 años y la difícil decisión que debió tomar cuando a las cinco de la mañana cesó el bullicio.
Con las primeras luces del día, Carlos se subió a su camioneta y con su familia escondida en la caja del vehículo, decidió abandonar la casa en la que había vivido 30 años, para no volver nunca más. "El trabajo de una vida, lo perdimos en un día", cuenta mientras intenta ocultar las lágrimas que vienen a sus ojos.
Durante el año siguiente, Carlos y su familia debieron refugiarse en un galpón sin baño ni ventanas, para luego ocupar de manera informal una vivienda abandonada que hasta hacía unos meses había sido el hogar de unos adictos a la pasta base.
Según la presidenta del Sindicato de Policías de Montevideo (Sifpom), Patricia Rodríguez, en los últimos tres años los casos de policías amenazados por sus vecinos no ha parado de crecer. "Es como si quisieran quitarlos de esa zona", comenta la dirigente.
Según una encuesta del Ministerio del Interior realizada en 2015, más de 1.000 policías (4,2% de un total de 25.255 funcionarios registrados en ese momento) viven en asentamientos. Además, unos 764 manifestaron querer cambiar de vivienda por vivir en zonas conflictivas y por carecer de servicios.
Si bien algunos se ven forzados a abandonar sus viviendas para huir de las amenazas, otros deben quedarse a pesar del miedo, porque no tienen ningún lugar adónde ir. Tal es el caso de Jorge, quien vive en el barrio Unidad Casavalle.
"Me fui a vivir al barrio porque no tenía dónde ir, y una vez que me mudé allí fue como entrar al infierno, nunca más pude salir", cuenta este policía con más de 20 años de servicio. Primero, se mudó a un predio que tiempo atrás fue un chiquero en el que se hacían faenas clandestinas, y desde 2002 ocupa informalmente una vivienda precaria. La casa se llueve y las aguas servidas fluyen a una cañada cercana, donde las heces y la basura se acumulan por doquier.
Casi enfrente a su vivienda una boca de pasta base reúne a adictos, que alguna vez fueron "niños que corrían con los moquitos colgando", y ahora son "ávidos delincuentes", relata Jorge.
Una noche, mientras circulaba en moto rumbo a su casa, unos delincuentes le tiraron un hueso de vaca en el casco, haciendo que perdiera el dominio del vehículo hasta caer al suelo. Allí, mientras los dos delincuentes se acercaban, logró ponerse de pie y huyó.
"Por suerte tenía el casco, si me veían la cara me reconocían y me mataban", recuerda Jorge. Al igual que la familia de Carlos, Jorge recibió pedradas en su casa y el hostigamiento se trasladó a la escuela a la que asiste su hija de 7 años, donde los niños la discriminaban.
"Con mil sacrificios tuve que mandar a mi hija a una escuela privada porque no podía ser rehén de la situación" agregó.
A pesar de eso, Jorge dice que continuará denunciando ilícitos del barrio. "Más de una vez me dijeron que me fuera del barrio, ¿quieren que me vaya a vivir abajo de un puente? Tengo que hacer de tripas corazón, y cuidar a mi familia", concluyó el policía.
Viviendas precarias
En diciembre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, firmaron un convenio para dar facilidades a policías "que residan en lugares cuya situación edilicia sea carenciada", consignó el sitio de Comunicación Institucional de Presidencia. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo en la conferencia de prensa durante la presentación del convenio que "es imprescindible dar solución a 600 policías que tienen urgencia" en materia de vivienda.
El último Presupuesto Nacional incluyó una cláusula que establece un descuento del 1 % del salario del personal policial y del Ministerio del Interior con el objetivo de instaurar un fondo destinado a viviendas. Al respecto, Bonomi dijo que ese fondo puede ser ejecutado en cooperativas, compra de vivienda usada, construcción de vivienda nueva, la participación en programas en curso del Ministerio de Vivienda o de la Agencia de Vivienda, según se entienda en cada caso.
Según la encuesta del Ministerio del Interior, más de 900 policías habitan en viviendas cuyo estado es "malo". El asesor legal del Sindicato Único de Policías, Miguel Barrios, dijo a El Observador que para solucionar la situación habitacional de estas personas hay que tener en cuenta que muchos de ellos tienen un "endeudamiento patológico" y que por lo tanto no pueden hacer frente a una cuota para pagar la vivienda.
De hecho, unos 1.198 policías no acceden a crédito por estar en el clearing. Barrios dijo que el ministerio está planteando que se dé un préstamo con devolución, algo que, a su juicio, no solucionará el problema de aquellos que integran "el núcleo" duro de la pobreza. Por el contrario, el dirigente opinó que se debe trabajar para sacar del endeudamiento a las personas, para recién luego empezar a cobrarles el valor de la propiedad a la que accederían a través de este plan.
(Los nombres de los policías entrevistados fueron cambiados por razones de seguridad)
Policía asesinada
El ataque con una bomba incendiaria en el que murió la policía Ingrid González Martínez (29), que vivía en el Block H del complejo de Aparicio Saravia y San Martín, fue al principio catalogado como un ejemplo de hasta dónde podía llegar el hostigamiento a funcionarios del Ministerio del interior. Sin embargo, la Justicia probó que el verdadero móvil del ataque era una venganza contra un sobrino que vivía con ella, y que días atrás se había enfrentado a un grupo de delincuentes de la zona. Pese a esto, la familia relató tiempo después que varios delincuentes de la zona pasaban cerca de la casa de Ingrid cantando "Hay que matar a los policías, crecen como piojos".
