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Ponerse a rueda del mundo real
La concreción de la nueva planta de celulosa de UPM, un enorme salto hacia la reactivación y el empleo, depende de la visión del gobierno y de que su Frente Amplio y el PIT-CNT se pongan a rueda del mundo real. Los debates sobre capitalismo y socialismo, que ya afloran y a los que son tan afectos sectores de la alianza de la izquierda y sindicales, nada tienen que hacer en este caso. No se trata de una improductiva discusión ideológica sobre presencia privada sino de la oportunidad que le ofrece a una economía estancada y a una masa laboral castigada por desocupación y salarios bajos.
El panorama no puede ser más claro. UPM ofrece la mayor inversión privada en la historia del país, por US$ 4.000 millones, que significaría un tremendo salto en la industria forestal, ya convertida en el principal rubro de exportación. Pero solo la realizará si el gobierno asegura mejoramiento ferroviario, vial y portuario, indispensable para llevar la madera a la planta y la pasta de celulosa al punto de exportación. Esto requiere US$ 1.000 millones adicionales. Como el gobierno no los tiene, la única salida es recurrir a capitales privados que se asocien con los escasos recursos que el Estado pueda aportar.
La administración Vázquez está dispuesta a seguir esa ruta, mediante acuerdos bajo la ley de participación público privada (PPP). Pero ahí asoman dificultades e incertidumbres. Aunque la PPP fue aprobada hace cinco años, su aplicación avanza a paso de tortuga por demoras burocráticas y exigencias que retraen el aporte de capitales. Incluyen, entre otras, el absurdo de que, si los permisos para obras acordadas se dilatan por lentitud del Estado, el costo resultante recae sobre el inversor. Lo único que ha avanzado es la construcción de una cárcel moderna para 1.960 reclusos, en tanto otros proyectos modestos siguen en pañales pese a que un decreto del año pasado agilitó algo la complicada tramitación.
Obviamente ningún gobierno serio puede acceder a ojos cerrados a todos los requerimientos de un inversor privado, ya sea UPM o las empresas que acuerden PPP para las obras de infraestructura. Sería irresponsable descuidar la protección del medio ambiente o los intereses económicos del país. Pero ninguna entidad privada radica sus capitales en un país por generoso altruismo, ya que su motivación básica es hacer buenos negocios. UPM había proyectado inicialmente su nueva planta en Brasil, pero optó por ofrecerla a Uruguay por considerar que existen mejores condiciones operativas.
Esta preferencia puede derrumbarse si la tramitación de la inversión privada para las obras de infraestructura, a través de la PPP, se enreda en la burocracia que aún campea en el Estado o en los reparos de sectores frenteamplistas y sindicales que siguen reclamando mayores impuestos a la producción, pese a ser el camino seguro al declive económico y el desempleo. Hay que tener también en cuenta que las mejoras ferroviarias, viales y portuarias atenderán no solo a la producción forestal, sino que abaratarán el caro trasiego actual de mercaderías en otros muchos rubros de actividad. El gobierno tiene por delante una tarea ardua. Por un lado, tiene que equilibrar las ventajas del negocio para los inversores con la conveniencia del país. Y por otro tiene que superar el ciego voluntarismo iluso de sectores de su fuerza política y del sindicalismo.
