La San Felipe cierra el año de las grandes carreras callejeras

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¿Por qué la IMM no denunció ante la Justicia a su director de Deportes?

La comuna esperará a que finalice la investigación administrativa para determinar si Sanmartino cometió delitos
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04 de julio de 2016 a las 11:34

La Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) investiga a su director de Deportes, Pablo Sanmartino, a partir de la denuncia del sindicato de trabajadores municipales (Adeom), por presuntas irregularidades en el manejo de dinero.

Desde julio de 2015 Sanmartino es coordinador de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia y al mismo tiempo era el presidente de la Confederación Atlética Uruguaya (CAU). Durante este tiempo la IMM y la CAU coordinaron la organizaron cuatro carreras (la Carrera de la mujeres, la San Felipe y Santiago y las dos medias maratones de Montevideo).

Cuando Sanmartino llegó a la comuna, la CAU dejó de rendir cuentas a la IMM luego de cada carrera y, según los denunciantes, la organización nunca volcó el dinero excede de los eventos en la comuna, tal como se hacía antes de que liderara la secretaría de Deportes. Los clubes de atletas presentaron otras 23 denuncias de violación del estatuto de la CAU y además varios atletas que sacaron los primeros puestos en algunas carreras organizadas durante la administración de Sanmartino reclaman que se les pague los premios correspondientes. También señalan diferencias de unos $ 383 mil entre lo recaudado por la CAU en una maratón y lo documentado por el organismo.

Sanmartino pidió licencia a su cargo en la comuna mientras se realiza la investigación administrativa. Durante este tiempo la IMM decidió no pagarle su sueldo.

Mientras tanto, la Justicia se ha mantenido al margen. Según informó a El Observador el secretario general de Adeom, Facundo Cladera, el sindicato hizo lo que le "compete", que es radicar la denuncia ante la administración. Sanmartino "a nosotros no nos robó", indicó.

El decreto reglamentario que regula la función pública señala que los funcionarios están obligados a denunciar a su superior jerárquico los hechos de apariencia ilícita o delictiva de los que tengan conocimiento en el ejercicio de su función. Luego, a quien competa resolver sobre la investigación interna, si resulta la posible configuración del delito, estará obligado a realizar una denuncia policial o judicial.

Fuentes de la IMM señalaron a El Observador que la denuncia judicial se hará siempre y cuando se encuentren irregularidades que ameriten dar cuenta a la Justicia Penal.

Del mismo modo, el vocero del Poder Judicial, Raúl Oxandabarat señaló que en el ámbito público la denuncia se realiza luego de los resultados de la investigación administrativa.











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