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Presos en casa: 61 personas bajo arresto judicial en su vivienda
Cuatro policías hacen recorridas para controlar que se cumpla la reclusión domiciliaria
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12 de octubre de 2015 a las 05:00
Están presos en su casa. Pueden trasladarse dentro de la vivienda y recibir visitas sin restricción pero si ponen un pie en la vereda se considera un incumplimiento que puede determinar su envío a la cárcel o su reintegro a prisión.
Esa es la situación de 61 personas del área metropolitana (Montevideo, Canelones y San José) que si bien están acusadas de cometer un delito, la Justicia entendió que reúnen los requisitos necesarios para cumplir con un sistema de reclusión domiciliaria.
El miércoles 7, la jueza Julia Staricco autorizó que el extupamaro Héctor Amodio Pérez, a quien había procesado con prisión tres semanas antes, pase a cumplir la privación de libertad preventiva en la casa de su hermana, en el Cerrito de la Victoria.
El exguerrillero, acusado de participar en detenciones ilegales de sus antiguos compañeros en 1972, permaneció preso en el cuarto piso de la ex Cárcel Central, donde hoy funciona el Centro de Diagnóstico y Derivación del Instituto Nacional de Rehabilitación.
Para sustituir la reclusión de Amodio Pérez por un régimen de prisión domiciliaria, la jueza consideró el informe elaborado por el forense Guillermo López, que señaló que su edad (78 años) "es un problema cierto y de cuidado" y padece varias afecciones y porque "se está hablando de un ser humano en la etapa final de su vida y debe ser protegido".
"Es bien simple: la persona no puede salir de la puerta de su casa hacia afuera y nosotros somos muy estrictos en eso", expresó a El Observador el sociólogo Gustavo Belarra, subdirector técnico de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA), para resumir lo que implica el régimen de prisión domiciliaria.
De ellos, 61 casos son regímenes totales donde la persona no puede abandonar su domicilio en ningún momento del día salvo excepciones autorizadas, como ocurre con Amodio Pérez.
El resto de los casos se dividen en situaciones que tienen ciertas variantes, como prisión domiciliaria durante los fines de semana y los feriados, en horas de la noche o en el horario del fútbol, pena que se impone a los procesados por participar en incidentes en espectáculos deportivos.
Belarra explicó que las personas que cumplen prisión domiciliaria total son ancianos o mujeres que están a punto de dar a luz o que fueron madres recientemente, casos en los que se exime de la prisión en una cárcel.
"Con el implicado hacemos una especie de compromiso de parte que se firma y se le dan las condiciones a seguir: reportarse al oficial de cumplimiento, mantener una relación de respeto y cordialidad con el personal, abstenerse de consumir alcohol y drogas", explicó Belarra.
El OSLA tiene cuatro oficiales de supervisión que se ocupan de controlar que las personas que deben cumplir prisión domiciliaria no violen la medida. Para eso hacen recorridas diarias sorpresivas que, según el caso, pueden ser más de una vez al día.
En caso de constatarse un incumplimiento, los policías dan cuenta de la situación al juez de la causa para que determine los pasos a seguir.
Belarra dijo que normalmente la respuesta judicial en esos casos es progresiva y lo habitual es que ante una primera violación a la prisión domiciliaria se aperciba al implicado.
Por otra parte, el subdirector técnico del OSLA informó que actualmente se está controlando con tobilleras electrónicas a dos personas que deben cumplir arresto en su casa.
Los dispositivos electrónicos se configuran con el perímetro de la casa del implicado para que emitan una alerta en caso de que el imputado salga de su hogar. "Estamos empezando a usar este instrumento que es muy novedoso para nosotros", dijo Belarra.
La última legislación vigente en materia de prisión domiciliaria es la ley de Humanización del Sistema Carcelario, aprobada en 2005, durante el primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez.
El abogado y profesor de derecho penal, Gustavo Bordes, explicó a El Observador que el juez puede otorgar ese beneficio basándose en razones de salud tanto a personas procesadas como condenadas.
La norma excluyó de esa posibilidad a los acusados por homicidio especial y muy especialmente agravados, violación o por los delitos previstos en el Estatuto de Roma, que regula los delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, Bordes dijo que la jurisprudencia ha otorgado la reclusión domiciliaria a exmilitares por razones "humanitarias".
A través de un mail que envió a El Observador, relató su experiencia en esos días de reclusión.
"Los primeros días fueron muy malos. El primero, sobre todo, con una crisis de prisión muy alta. A medida que me fui adaptando, la situación fue cambiando", escribió.
Contó que actuó como psicólogo e hizo reclamos para mejorar las condiciones de reclusión.
Esa es la situación de 61 personas del área metropolitana (Montevideo, Canelones y San José) que si bien están acusadas de cometer un delito, la Justicia entendió que reúnen los requisitos necesarios para cumplir con un sistema de reclusión domiciliaria.
El miércoles 7, la jueza Julia Staricco autorizó que el extupamaro Héctor Amodio Pérez, a quien había procesado con prisión tres semanas antes, pase a cumplir la privación de libertad preventiva en la casa de su hermana, en el Cerrito de la Victoria.
El exguerrillero, acusado de participar en detenciones ilegales de sus antiguos compañeros en 1972, permaneció preso en el cuarto piso de la ex Cárcel Central, donde hoy funciona el Centro de Diagnóstico y Derivación del Instituto Nacional de Rehabilitación.
Para sustituir la reclusión de Amodio Pérez por un régimen de prisión domiciliaria, la jueza consideró el informe elaborado por el forense Guillermo López, que señaló que su edad (78 años) "es un problema cierto y de cuidado" y padece varias afecciones y porque "se está hablando de un ser humano en la etapa final de su vida y debe ser protegido".
"Es bien simple: la persona no puede salir de la puerta de su casa hacia afuera y nosotros somos muy estrictos en eso", expresó a El Observador el sociólogo Gustavo Belarra, subdirector técnico de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA), para resumir lo que implica el régimen de prisión domiciliaria.
Hay 128 casos
Actualmente, en el área metropolitana hay 128 personas que cumplen algún tipo de arresto domiciliario.De ellos, 61 casos son regímenes totales donde la persona no puede abandonar su domicilio en ningún momento del día salvo excepciones autorizadas, como ocurre con Amodio Pérez.
El resto de los casos se dividen en situaciones que tienen ciertas variantes, como prisión domiciliaria durante los fines de semana y los feriados, en horas de la noche o en el horario del fútbol, pena que se impone a los procesados por participar en incidentes en espectáculos deportivos.
Belarra explicó que las personas que cumplen prisión domiciliaria total son ancianos o mujeres que están a punto de dar a luz o que fueron madres recientemente, casos en los que se exime de la prisión en una cárcel.
"Con el implicado hacemos una especie de compromiso de parte que se firma y se le dan las condiciones a seguir: reportarse al oficial de cumplimiento, mantener una relación de respeto y cordialidad con el personal, abstenerse de consumir alcohol y drogas", explicó Belarra.
El OSLA tiene cuatro oficiales de supervisión que se ocupan de controlar que las personas que deben cumplir prisión domiciliaria no violen la medida. Para eso hacen recorridas diarias sorpresivas que, según el caso, pueden ser más de una vez al día.
En caso de constatarse un incumplimiento, los policías dan cuenta de la situación al juez de la causa para que determine los pasos a seguir.
Belarra dijo que normalmente la respuesta judicial en esos casos es progresiva y lo habitual es que ante una primera violación a la prisión domiciliaria se aperciba al implicado.
Por otra parte, el subdirector técnico del OSLA informó que actualmente se está controlando con tobilleras electrónicas a dos personas que deben cumplir arresto en su casa.
Los dispositivos electrónicos se configuran con el perímetro de la casa del implicado para que emitan una alerta en caso de que el imputado salga de su hogar. "Estamos empezando a usar este instrumento que es muy novedoso para nosotros", dijo Belarra.
La ley vigente
La última legislación vigente en materia de prisión domiciliaria es la ley de Humanización del Sistema Carcelario, aprobada en 2005, durante el primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez.
El abogado y profesor de derecho penal, Gustavo Bordes, explicó a El Observador que el juez puede otorgar ese beneficio basándose en razones de salud tanto a personas procesadas como condenadas.
La norma excluyó de esa posibilidad a los acusados por homicidio especial y muy especialmente agravados, violación o por los delitos previstos en el Estatuto de Roma, que regula los delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, Bordes dijo que la jurisprudencia ha otorgado la reclusión domiciliaria a exmilitares por razones "humanitarias".
"Los primeros días fueron muy malos"
El extupamaro Héctor Amodio permaneció 23 días preso en Cárcel Central hasta que se le otorgó la prisión domiciliaria en la casa de su hermana.A través de un mail que envió a El Observador, relató su experiencia en esos días de reclusión.
"Los primeros días fueron muy malos. El primero, sobre todo, con una crisis de prisión muy alta. A medida que me fui adaptando, la situación fue cambiando", escribió.
Contó que actuó como psicólogo e hizo reclamos para mejorar las condiciones de reclusión.
