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Prestigia reconocer errores
La renuencia a reconocer errores y la tendencia a disimular la realidad cuando se toman medidas impopulares son elementos recurrentes en nuestro sistema político, equivocación que conspira contra la transparencia y la confianza ciudadana. No es prerrogativa del Frente Amplio, ya que se ha registrado también en previos gobiernos de los partidos tradicionales. Pero hay casos evidentes en los 11 años de administraciones de la alianza de izquierda. El más reciente es la afirmación del Ministerio de Economía y Finanzas de que el generalizado aumento de las tarifas de servicios públicos por encima de la inflación no es un ajuste fiscal.
Todos los gobiernos le huyen a un término que augura privaciones y sinsabores. Pero tratar de eludirlo cuando rompe los ojos es fuente de desprestigio. El ajuste fiscal, medida forzosa cuando hay que reacomodar las finanzas públicas en una economía debilitada, es siempre un golpe a la población, pero puede tener grados diferentes de severidad. En casos extremos, como ocurrió en España para salir de la crisis mundial desatada en 2008, incluye baja del gasto público, aumentos tributarios, reducción de salarios y despidos masivos.
El que ahora ha dispuesto el gobierno se limita a multiplicar impuestos indirectos a todas las empresas y hogares a través de las tarifas de las empresas estatales de servicios, para ayudar a financiar un presupuesto deficitario en una época de bajo crecimiento económico. No se tocan ni el gasto estatal ni el empleo o los salarios en el sector público. Al margen de las decisiones del gobierno, el empleo baja solo en el sector privado por caída de actividad. Pero el hecho de que el efecto adverso de los aumentos de tarifas recae sobre todas las empresas y hogares del país para apuntalar las finanzas públicas los convierte, indiscutiblemente, en un ajuste fiscal, aunque el gobierno diga lo contrario sin convencer a nadie.
Otros dos casos notorios de sacarle el cuerpo a la transparencia han sido el imprevisor gasto público de las dos primeras administraciones frenteamplistas y ANCAP. El primer gobierno de Tabaré Vázquez y el de José Mujica se encandilaron con los masivos ingresos durante una década de florecimiento exportador, de grandes inversiones y de aumento del consumo interno. Gastaron toda la recaudación adicional sin anticipar la inevitable reversión de los ciclos económicos, que aconsejaba la elemental prudencia de ahorrar parte de lo que entraba para acolchonar mejor el país. Pero no se ha escuchado en público ni una sola voz gubernamental admitiendo esa claudicación, curso aconsejable que hasta habría ayudado a explicar las medidas tomadas ahora y a atenuar el generalizado rechazo que han causado.
El escándalo de ANCAP alcanza proporciones de tal magnitud que tornan imposible negar errores de gestión en una empresa estatal que explota un mercado monopólico, sin las exigencias que impone tener que competir con otras. El vicepresidente Raúl Sendic, involucrado en el tema como expresidente del ente petrolero, aduce persecución política desde la oposición y desde sectores de su propio Frente Amplio para desprestigiarlo, en vez del rédito de sincerarse sobre la cuota de responsabilidad que le corresponda. Cuando los errores son evidentes para todos, reconocerlos aporta respeto en la opinión pública. Negarlos o disfrazarlos, en cambio, solo conduce a mayor descrédito, lección que el sistema político se niega a aprender.
