Presupuesto defectuoso

Lo consumó con el artículo 15 de la mal llamada Rendición de Cuentas, que habilita al Poder Ejecutivo a dilatar a su antojo el cumplimiento de fallos del Poder Judicial para el pago de juicios perdidos por el Estado. Esta claudicación en detrimento de uno de los tres poderes del Estado, que el Ejecutivo podrá aplicar ahora sin restricciones en todos los casos, tuvo su génesis en el conflicto con los funcionarios judiciales desatado por el gobierno anterior por ignorancia imprevisora. Cuando aprobó equiparar los salarios de los ministros de la Suprema Corte a los de los secretarios de Estado no percibió que legalmente correspondía aplicar en cascada igual mejora porcentual a todos los integrantes del sistema judicial. El artículo estaba trancado en Diputados, pero finalmente fue aprobado, con modificaciones de forma pero no de fondo, por el inexplicable voto 50 que el diputado colorado Fernando Amado le dio al oficialismo.

El otro grave error presupuestal es haber caído en gasto de mala calidad, cediendo a presiones sindicales y de los sectores frenteamplistas que siguen creyendo que la generosidad voluntarista reemplaza al realismo a que está obligado cualquier gobierno más o menos serio. El senador nacionalista Álvaro Delgado estimó que el déficit es de US$ 2.500 millones, una cifra cercana al 4% del PIB, que no termina de bajar a un recorrido más sustentable. Es una perspectiva ominosa en momentos en que un persiste un déficit fiscal cercano al 4% del Producto Interno Bruto sin señales de abatimiento, situación que amenaza aumentar el endeudamiento y que pone en riesgo el grado inversor.

El déficit se acumula porque los sucesivos ajustes fiscales, con más impuestos directos y desmedidas tarifas en los servicios públicos, han sido insuficientes para cubrir exceso de gasto que contraría la sensatez económica. Dos casos notorios son la educación y la salud. Si la educación pública estuviera en proceso de reformarse para salir de su pavoroso atraso actual, estaría más que justificada una inversión acrecentada en el sector. Pero el presupuesto vuelca más y más recursos solo para aplacar reclamos sindicales y partidarios, sin contrapartida de mejor calidad educativa. Y el cúmulo de falencias asistenciales, despilfarro por desorden administrativo y corrupción que asuela a ASSE restan toda razón a validar ese desastre con recursos fiscales sin garantía de buen uso. Este mal presupuesto para 2018 ya está. Durante su vigencia se verá su impacto negativo en las condiciones de vida de la población, en la evolución de una economía todavía con muchos claroscuros y, sobre todo, en la estructura institucional del país.