Pretenden que Banco Central bloquee cuentas de usuarios de Uber

La iniciativa fue planteada por el Poder Ejecutivo a la bancada de diputados del Frente Amplio
El Poder Ejecutivo presentó ayer en la bancada del Frente Amplio un borrador de proyecto de ley para reforzar la capacidad punitiva, y acaso disuasiva, de los organismos del Estado ante el accionar de empresas que como Uber y Airbnb utilizan sistemas informáticos para prestar sus servicios.

Entre otras cosas, la iniciativa establece que si las empresas no cumplen con las exigencias de registrarse, realizar aportes laborales y dar información sobre su actividad, el Banco Central del Uruguay podrá disponer que se "impida preventivamente las transferencia de fondos" y cualquier operación desde y hacia las cuentas incumplidoras.

La propuesta establece que cada organismo podrá disponer de la intervención de la fuerza pública para garantizar el cumplimientos de las medidas que se dicten.

El escrito quedó abierto a incorporaciones de parte de la bancada frenteamplista. Se espera que el proyecto ingrese formalmente a la Cámara antes de fin de mes.

El diputado frenteamplista Felipe Carballo (lista 711) -quien presentó su propio proyecto para prohibir la actividad de Uber durante un año hasta regularizar el servicio- dijo que la iniciativa del Poder Ejecutivo está "en el buen camino" porque pretende "generar un marco jurídico que va al corazón del asunto". "La propuesta genera condiciones para que puedan trabajar los que quieran siempre que cumplan la normativa existente. Genera condiciones de contralor del Estado para dar la señal clara de que que quienes no cumplan se verán perjudicados en sus movimientos económicos", dijo Carballo.

Propuesta

La propuesta que ayer dejaron en la bancada del Frente Amplio los secretarios y prosecretarios de la Presidencia de la República, Miguel Angel Toma y Juan Andrés Roballo, señala que los servicios prestados por personas físicas o jurídicas, mediante el uso de sistemas informáticos, incluidos los intermediarios en la trasmisión de contenidos vía electrónica, quedaran sometidos a los controles, autorizaciones, permisos, licencias, registros, y otras regulaciones que ya rigen para la actividad privada.

Advierte que las relaciones de trabajo se regirán por las normas laborales previsionales vigentes, y que los prestadores de servicios estarán obligados a disponer de los medios que permitan, tanto a los destinatarios del servicio de que se trate, como a los órganos competentes, el adecuado acceso por medios electrónicos, de forma permanente, fácil directa y gratuita la información que se requiera desde el Estado.

Esta información tiene que ver con el nombre de la empresa, su denominación social; el de su representante legal, su domicilio, o en su defecto la dirección de uno de sus establecimientos permanentes en el país; su dirección de correo electrónico y todos los datos que permita establecer una comunicación directa con el empresario.

Por su lado, los trabajadores que cumplan servicios para esas empresas deberán indicar su número de registro previsional y el titulo oficial o profesional con el que cuentan

Asimismo, los organismos estatales deberán comunicar al Banco Central los incumplimientos que constaten al marco normativo y, dentro de los tres días hábiles de recibida tal comunicación, el BCU procederá a instruir a las instituciones sujetas a su control para que "impidan preventivamente las transferencias de fondos así como cualquier otra operación, desde y hacia las cuentas de las personas físicas y jurídicas incumplidoras". La decisión deberá ser comunicada a la Justicia. Por último, se exhorta a los gobiernos departamentales a adoptar medidas similares a las previstas en la ley

En medio de la polémica por Uber y ante el insistente reclamo de los taxistas para que se bloquee ese servicio que conecta a clientes con conductores particulares, el presidente Tabaré Vázquez anunció a fines de febrero que el Poder Ejecutivo preparaba un proyecto de ley para regular esa "y todas las aplicaciones que quieran llegar al país".

"El nudo del asunto está en que quien venga a trabajar al país lo puede hacer con libertad pero cumpliendo estrictamente la normativa. Si están dispuestos a cumplir con esa reglamentación, trabajarán libremente; si no están dispuestos no lo van a hacer porque este es un país serio y responsable donde tenemos normas de convivencia que todos tenemos que respetar", agregó Vázquez.


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