Prevén mayor espera y menos estudios en mutualistas por ajustes

El anuncio del Poder Ejecutivo de recortar 2% el valor de las cápitas a las mutualistas –el dinero que reciben por parte del Estado por cada usuarios, según edad y sexo– llevó a que las instituciones comiencen a plantearse qué servicios se verán afectados en caso de que la medida se concrete. A grandes rasgos, las empresas insisten en que la reforma en curso del sector de la salud se retrasará. La presidenta de la Cámara de Instituciones y Empresas de Salud de Montevideo, Evelin Wibmer, afirmó el martes antes la Comisión de Salud del Senado que el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) "está en peligro".

Entre las prestaciones que, prevén, pueden verse afectadas, Wibmer destacó los estudios que se realizan con tecnología de avanzada –como fibrolaparoscopías– se verán "comprometidas seriamente", así como la implementación de la historia clínica electrónica en su totalidad, uno de los objetivos de este gobierno. "Tenemos un ingreso fijo y cada vez más exigencias de la población, que son reales. Y está bien que existan porque son avances de la tecnología, pero los costos se vuelven muy altos. Eso no está evaluado en esta cápita", indicó Wibmer.

Por su parte, Daniel Porcaro, representante ante Consejo de Salarios de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva de Montevideo, sostuvo que las instituciones se verán obligadas a "revisar la canasta de prestaciones" que ofrecen. "También debemos analizar cómo va a afectar ese recorte en la calidad de atención", manifestó.

Sumado a eso, las instituciones sostienen que los tiempos de espera "se van a prolongar y va a haber más retraso en las operaciones". Según explicó Wibmer, el aumento en la espera se deberá a que no tendrán dinero para contratar más profesionales.

Porcaro indicó que el déficit del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) continuará creciendo hasta 2025 "ante una caída de salario real y un aumento de la desocupación". En los últimos tres años, han acumulado un déficit de $ 131 millones. "Con un déficit de esa naturaleza ningún sector puede actuar de manera sana", afirmó el represante de las instituciones.

Desde que asumió su cargo, el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, ha insistido con la complementación de servicios entre prestadores públicos y privados. En el Parlamento, los representantes de las instituciones manifestaron que el mayor problema está en lograr esa complementación con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) porque no han podido coordinar correctamente la utilización de servicios en común.

Además, afirmaron que "las reglas del juego no son claras" a la hora de definir cómo se lleva adelante la complementación y que falta un estudio para determinar cuánto puede servir ese sistema, mediante el cual los prestadores comparten servicios para bajar los costos. Se ha dicho que se puede hacer y vamos en ese sentido, pero realmente falta un estudio cierto para saber cuánto se puede llegar a complementar, sobre todo en el interior del país", indicó Webmer.