Primer procesado de una mutualista por estafa

El encarcelado era dueño de empresa promotora que tenía a nombre de testaferro
Con el primer procesamiento con prisión de un trabajador de una mutualista por parte de la Justicia se confirma la participación de, por lo menos, empleados de las instituciones en la estafa, aunque se sospecha que también puede haber mandos implicados. Uno de los dos procesados ayer por la jueza Julia Staricco, que es empleado del Círculo Católico, era el verdadero titular de una de las dos empresas promotoras que contrataba esa mutualista para que captara afiliados, aunque como dueño de la firma figuraba un testaferro.

Esa persona pagaba a otros dos –un hombre y una mujer, también procesados ayer– para que captaran a los afiliados. Esas dos personas, a su vez, le pagaban al usuario para que se afiliara al Círculo Católico. Los tres fueron enjuiciados con prisión por el delito de intermediación lucrativa.
Ese delito se creó en 2002 para penalizar a quien con la finalidad de captar socios para las instituciones de asistencia médica privada, ofrezca la entrega o la promesa de entrega de dinero a socios o afiliados. Se castiga con penas de cuatro a 24 meses de prisión.

El funcionario de la mutualista que era el dueño oculto de la empresa promotora se beneficiaba porque el Círculo le pagaba $ 3.500 por cada socio que conseguía.

Con los procesamientos de ayer, ya son nueve los imputados por la estafa millonaria que le costó al Estado unos US$ 5 millones y por la que las autoridades se aprestan a tomar medidas para modificar los controles del Fonasa.

La Justicia ha dictado los procesamientos con prisión "teniendo en cuenta que aún restan diligenciar probanzas para esclarecer los hechos investigados", según explicó Staricco en las resoluciones que ha tomado.

La jueza se propone llegar "hasta las últimas consecuencias" –dijeron fuentes del caso– para confirmar si autoridades o mandos medios de las mutualistas están involucrados, así como funcionarios del BPS.

Las autoridades de las mutualistas han dicho estar dispuestas a colaborar para que se aclaren los hechos delictivos, mientras que la Junta Nacional de la Salud (Junasa) fue citada hoy a pedido del representante de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) para conformar "un ámbito de trabajo específico en el cual se analicen estrategias y propuestas que impidan la realización de cualquier maniobra futura en perjuicio del Fondo Nacional de la Salud (Fonasa)", informaron las mutualistas en un comunicado.

De las actuaciones desarrolladas hasta ahora existen indicios de que algún funcionario del BPS debió asesorar a los estafadores en las maniobras, por la precisión con la que actuaban.

Para cometer la estafa se creaban empresas fantasmas que eran dadas de baja días antes de que se cumplieran los tres meses, debido a que luego de ese plazo el BPS da de baja a los trabajadores por lo que no recibe aportes. Cuando eso sucedía, se abrían nuevas empresas fantasmas. Pero antes de ello, por esos tres meses las mutualistas cobraban las cápitas por los falsos trabajadores.
Hoy volverán a declarar ante la jueza Staricco y la fiscal Mónica Ferrero, dos personas –un hombre y una mujer– que permanecen detenidos desde ayer por su participación en la estafa.

Industria de afiliaciones

Según el auto de procesamiento del sexto procesado, dictado por Staricco el pasado viernes, la red de estafadores era amplia y hay más de un vínculo con el Círculo Católico. El sexto procesado, un hombre de 50 años, de ocupación sereno, "trabajaba como promotor –relató la jueza– para la empresa SMS, propiedad de la esposa de un supervisor de la mutualista Círculo Católico".

Al igual que en el resto de los promotores que fueron procesados, "su tarea consistía en captar socios para dicha mutualista y a cambio de ello, la empresa le pagaba por cada afiliación la suma de $ 2.500", agregó Staricco.

Ese dinero era abonado "directamente a la esposa (del funcionario de la mutualista) o alguna empleada, sin documentar la empresa dicho pago".

La Justicia también logró determinar que del listado aportado por el supervisor de la mutualista y por el propio indagado, surgen nueve personas de las cuales ocho fueron ingresados al sistema Fonasa de manera irregular ya que no trabajan en ninguna empresa.

"Al ser preguntado S. por dicho listado expresó que pudo haberla llenado L. o alguna de las otras chicas que trabajan para C., o haberla llenado un tal "J.", reconociendo como propia la firma que luce en dicha acta", escribió la jueza, como forma de dar la pauta de que eran numerosas las personas que trabajaban como promotoras.

Además se demuestra que entre los afiliados a los que se les pagaba no sólo figuraban personas sin trabajo, sino que la maniobra incluía a trabajadores afiliados al Fonasa. "Expresó también haber afiliado a otras personas que sí trabajaban en empresas legalmente constituidas, y que a estas personas, las cuales serían alrededor de 80, pagó la suma entre $ 700 a $ 1.000 a cada una de ellas. Actividad que venía desarrollando desde tiempo", agregó Staricco.

Hasta ahora figura como cabecilla de la estafa Christian Martín Ferreira, de 23 años, quien al momento de ser procesado ya estaba recluido en Cárcel Central por reiterados delitos de estafa a bancos privados a través de las buzoneras. Además, tenía otros dos procesamientos por ese delito, en 2015 y 2011, aunque su rol de estafador comenzó a ejercerlo en 2009, según declaró.

El hombre dijo que en ese momento aprendió de otra persona, quién le enseñó a realizar estafas a bancos. Esa otra persona permanece prófuga desde hace días. La Justicia la considera fundamental para esclarecer los hechos.

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