Procesan a una persona por disturbios en la Corte hace 4 años

Fue por el delito de atentado; había sido procesada por asonada pero ese delito fue declarado inconstitucional

La jueza Blanca Rieiro procesó sin prisión por el delito de atentado a la docente Patricia Borda por los incidentes que se desarrollaron en la Suprema Corte de Justicia en febrero de 2013 el día que se iba a concretar el traslado de la jueza Mariana Mota de una sede penal a una civil, según informó a El Observador el fiscal del caso, Gustavo Zubía. Aquel día unas 300 personas ingresaron en la Corte protestando por el traslado de la jueza.

Borda había sido procesada sin prisión junto con otras seis personas, entre las que se encontraban Irma Leites, Jorge Zabalza, los hermanos Diego y Eduardo Jaume y el padre de ambos, Álvaro Jaume, por el delito de asonada. En ese entonces, los otros seis procesados habían presentado "un recurso de reposición, apelación y además uno de inconstitucionalidad sobre el artículo del Código Penal que tipifica la asonada.

En julio de 2015 el delito de asonada fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Los magistrados Graciela Gatti, Rolando Vomero y Sergio Torres entendieron que la norma penal cuestionada resultaba "inidónea e innecesaria" y a la vez traducía "una patente, notoria e inadecuada desproporción entre los medios elegidos para proceder al sacrificio de los derechos afectados en relación al fin perseguido" por lo que resultaba "inevitable concluir, a la luz de los dictados de la lógica y la mejor razón" que ella se situaba "al margen de lo autorizado por el texto constitucional".

De esta forma, el procesamiento por el delito de asonada sobre estas siete personas quedó sin efecto. El fiscal Zubía apeló la decisión de la Justicia que los había procesado y pidió que se procesara a Borda por el delito de atentado.

Los incidentes se habían generado debido a que la jueza Mota tenía a su cargo cerca de 50 casos vinculados con los derechos humanos durante la última dictadura.

La jueza se había enfrentado en dos oportunidades al entonces ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro. La primera vez fue cuando le prohibió a la magistrada realizar una inspección ocular en el Batallón 14.

El segundo enfrentamiento fue cuando el ministro no acató la orden de continuar con la búsqueda del avión Air Class, que cayó en junio de 2012 cerca de la isla de Flores. Algunas organizaciones sociales entendieron que el traslado de lo penal a lo civil era para sacar a la jueza de estos casos.


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