"Profesionales asesoran sobre lavado"

Para el experto en controles antilavado Ricardo Sabella la ley integral que está a discusión del Parlamento –que incorpora como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a partidos políticos, ONG y contadores– es necesaria porque "los resultados en la aplicación de controles parecen ser siempre escasos". Además aclaró que los abogados no están comprendidos en los controles pero que sí incorpora a los servicios profesionales (que asesoran en la creación de sociedades anónimas, o participación en compraventas), "para evitar la utilización de los mismos en áreas que no hacen al ejercicio de la profesión". Aseguró que "en todos los esquemas complejos de lavado de activos, los delincuentes son asesorados por profesionales" acerca de la forma en la que pueden ocultarlo, y "es lo que se quiere evitar".

A pesar de que las técnicas de lavado de activos en general siguen siendo muy parecidas conceptualmente, las herramientas, personas e instrumentos que hoy utilizan los delincuentes son muy diversos y cambian día a día. Los resultados en la aplicación de controles en esta materia parecen ser siempre escasos. Es por ello que los estándares internacionales, al igual que las regulaciones que aplican los países, están en constante modificación al ritmo de los nuevos casos. Uruguay ha venido desarrollando muy buenas normas, pero estas no pueden ser estáticas. La ley actual tiene prácticamente ocho años. El desafío es adecuar los sistemas de control a los nuevos actores e instrumentos. Para atacar este fenómeno se requiere una constante modificación y también correcciones sobre aquellas cosas que no funcionan. En unos años seguramente veremos si las nuevas normas mejoran o no la eficiencia del sistema. Esto podremos apreciarlo conociendo que las personas involucradas en estos actos se encuentren condenadas y se pueda estimar la cantidad de dinero y activos que los delincuentes han intentado lavar y se ha impedido por aplicación de los controles.

La ley integral que está en discusión plantea una serie de modificaciones en línea con lo que los estándares internacionales pretenden hoy, así como presenta una serie de medidas relacionadas con la faz represiva para que la aplicación de los procesos penales por estos delitos sea más eficiente.

Incorporando a las ONG y partidos políticos seguramente se logrará una mayor atención y colaboración de este sector, dado que el proyecto de ley prevé sanciones severas por incumplimiento de los controles. Tenemos un colega que se ha dedicado íntegramente a analizar los esquemas de lavado vinculados a las ONG y partidos políticos a nivel internacional y ha intentado asesorar a estos para prevenir este fenómeno pero al día de hoy no ha conseguido ni un solo cliente. Es necesario que se tome suma conciencia sobre estos temas en el seno de estas organizaciones. Algunas ONG han estado vinculadas a casos de financiamiento del terrorismo, mientras que en el caso de los partidos políticos, clubes de fútbol e instituciones religiosas se ha constatado casos de desvíos de fondos, corrupción y lavado de activos. Si bien el proyecto de ley incorpora directamente a la profesión de contador, no es así para los abogados, que quedaron en un borrador del proyecto pero luego no se incorporó al texto. El tema de los servicios profesionales se da fundamentalmente para evitar la utilización de los mismos en áreas que no hacen al ejercicio de la profesión. Por ejemplo, administrar fondos, cuentas bancarias o participar en la compra venta de bienes por cuenta de sus clientes. En todos los esquemas complejos de lavado de activos, los delincuentes son asesorados por profesionales sobre la forma en la que pueden no demostrarlo y eso lo que se quiere evitar, estableciendo sanciones por no cumplimiento de las normas que obligan al reporte de operaciones sospechosas.

La verdad no estoy de acuerdo. Una de las respuestas está en los mal llamados Panamá Papers, o en los estudios vinculados al caso Lava Jato. ¿O acaso Mossack Fonseca era un estudio de profesionales de la medicina? Quizá puede haber temas de redacción que seguramente pueden mejorarse, redefinirse para asegurar el respeto a los derechos y las garantías para que no quede duda sobre ello. Pero no considero que realizar la debida diligencia y reporte de situaciones sospechosas en asistencias que no estén relacionadas con la legítima defensa, violente garantías. En Uruguay existen casos de profesionales que han asistido o estuvieron involucrados en maniobras de lavado. El retroceso es seguir permitiendo o colaborando con la impunidad.

En verdad espero que ese no sea el fundamento básico, sino realmente mejorar el sistema de prevención. El dilema que algunos reguladores enfrentan en estos casos es, trabajar para el Grupo de Acción Financiera Internacional o trabajar contra el lavado a través de los estándares. Uruguay se ha visto involucrado en muchos escándalos vinculados a procesos de lavado, con lo cual puede ser visto por sus pares con ciertas debilidades. Es absolutamente necesario demostrar el verdadero apego a los estándares internacionales, uno de los elementos es a través de una nueva ley. Pero no como único objetivo. Ingresar en una lista de países no cumplidores sería un problema muy serio para Uruguay, en donde entre otras cosas se complicaría, aun más de lo que hoy está, el acceso a cuentas de corresponsalía bancaria para realizar transacciones internacionales, posibles trabas a las exportaciones de productos, importaciones de billetes extranjeros, acceso a crédito.