Programa trabaja con jóvenes para evitar que cometan delitos

También realizan tareas para evitar que reincidan luego de quedar en libertad
A Javier le gustaba la electricidad. Podía imaginarse estudiando para ser electricista. Pero ir de un centro de reclusión a otro en menos de un año, le dejaba poco tiempo para pensar que podía llegar a estudiarlo cuando saliera. Javier (nombre ficticio) llegó al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa, ex Sirpa) en enero de 2015. Prefirió no decir por qué. Faltando poco más de un mes para quedar en libertad, un grupo de educadores del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) lo fue a buscar. Era el momento de pensar qué pasaría cuando los centros donde estuvo recluido por más de un año quedaran cada vez más atrás.

El Instituto Nacional de la Juventud (INJU), que está dentro del Mides, posee un programa en coordinación con el Inisa y el INAU, que trabaja con los adolescentes que están por egresar de un centro de reclusión para guiarlos y acompañarlos en el camino de la inserción dentro de la sociedad.
El programa tiene seis meses de duración, más el mes y medio en el que los educadores trabajan con los jóvenes dentro de Inisa. El INJU tiene acceso a la base de datos de quienes están por egresar o ya lo hicieron, para poder captarlos. La idea es conocerlos y entrar en contacto con ellos antes de que queden en libertad porque es una forma de evitar que rechacen el programa, que es totalmente voluntario, explicó a El Observador Claudia Viñoles, coordinadora del área de conflicto con la ley del Inju. Hay 110 cupos en total y cada educador trabaja, como máximo, con 10 jóvenes.

A los adolescentes se les ofrecen diferentes opciones de estudio, se les enseña a hacer un currículum vitae (CV) y se les acompaña a entrevistas laborales. La semana en la que Javier conversó con El Observador, iba a aprender cómo preparar su CV y presentarse en una entrevista. Aunque ya había llenado algunos formularios de ciertos lugares que buscaban trabajadores, todavía no había recibido ningún llamado. Además de presentarse a trabajos, volvió a estudiar.

Para evitar que otros jóvenes lleguen a la situación que vivió Javier desde enero de 2015 a marzo de 2016, el INJU cuenta con otro programa que capta a aquellos adolescentes que tienen anotaciones en comisarías, es decir que fueron detenidos e indagados por presunción de delito, pero nunca ingresaron a un centro de reclusión. Actualmente el programa trabaja en coordinación con el Ministerio del Interior en torno a la seccional de La Teja, Punta de Rieles y Malvín-Unión. La idea es que a esas tres seccionales se le sumen la de Marconi-Casavalle y la del Cerro. Se trabaja con unos 40 jóvenes por seccional.

El proceso

El Ministerio del Interior brinda los datos de los menores de entre 13 y 17 años a un psicólogo que integra el programa, que toma esos datos y los pasa a los coordinadores de las tres zonas donde se trabaja. A partir de ahí comienzan, literalmente, a golpear puerta por puerta las casas de los adolescentes para contarles sobre el programa y esperar a que acepten ser incluidos. "La idea es acercarnos a trabajar y decirles que vimos que tiene una anotación. Es contarles que sabemos que el punto de partida es ese, pero tenemos que saber qué cosas están pasando (en su contexto) para cambiar ese recorrido de vinculación con el delito, que puede empezar a fortalecerse", explicó Viñoles.
La forma de hacerlo es ir a su casa. Ir y volver a insistir. El proceso dura nueve meses y en un primer momento se intenta detectar cuáles fueron los motivos que lo llevaron a vincularse, de alguna manera, con el delito, aunque no haya llegado a cometerlo. Los educadores acompañan a los jóvenes a talleres laborales, creativos o de orientación, dependiendo cuál sea el factor de riesgo que predomina. Por ejemplo, si el principal problema es el consumo de drogas, se le puede llegar a recomendar un tratamiento. "Hay que ver de generar rutinas, espacios, acompañarlo, tratamientos específicos, que se le proponga un tratamaiento ambulatorio", sostuvo Viñoles.

El problema que tiene el programa es que una vez que finalizan los nueve meses, no hay manera de realizar un seguimiento a esos adolescentes. Para la coordinadora, se tiene que pensar en "una continuidad". "Esto lo que intenta es focalizar en algo en particular, para que el joven esté preparado, pero tiene que tener una oferta del Estado fuerte para poder continuar", afirmó. Por ahora, son nueve meses que se dedican exclusivamente a intentar evitar que haya más adolescentes privados de libertad.

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