Propondrán penas específicas para castigar la corrupción política

Dentro de su propuesta para fiscalizar con mayor atención y severidad el dinero que manejan los partidos políticos, el Frente Amplio procurará impulsar la creación de un delito específico para penar la corrupción política e inhabilitar a aquellos dirigentes que caigan en ella.

Asimismo, se propondrá que tanto el corruptor como el corrompido le devuelvan al Estado el dinero que hayan obtenido de él, dijeron a El Observador fuentes de la coalición de izquierda.
Por lo pronto, el Partido Independiente -que está elaborando un documento sobre financiamiento electoral- apoya este tipo de propuesta.

"Me parece muy bien que afinemos la caracterización del delito de corrupción. Ahora tenemos el delito de abuso de funciones pero es demasiado laxo", dijo a El Observador el senador Pablo Mieres. La idea del Frente Amplio pasa por crear una comisión especial que aborde este asunto en el marco de una nueva ley de financiamiento de partidos que, entre, otras cosas, limite la cantidad de dinero que los privados puedan aportar a las colectividades políticas.

. La creación de un nuevo delito implicaría la reforma del Código Penal y, por tanto, la izquierda pretende que el Parlamento entre en contacto con integrantes de la Suprema Corte de Justicia y con otros especialistas en asuntos penales.

Cambios.

La bancada de senadores del Frente Amplio ya instruyó a José Mujica, Rafael Michelini y Enrique Pintado para que acuerden con la oposición nuevas normas de la financiación de los partidos. En un escrito al que tuvo acceso El Observador, la bancada de senadores de la izquierda establece que esos acuerdos deben perseguir varios objetivos, y entre ellos destacan "el compromiso de los partidos políticos con la ética de la responsabilidad y la reserva moral que debe guiar todo el accionar del sistema democrático y republicano".

En ese sentido, se señala que es necesario "aumentar la confianza de la gente en el sistema político que los representa, promoviendo un marco legal que clarifique absolutamente la relación de los partidos políticos con el dinero y con el sector privado, aventando toda duda sobre eventuales conflictos de intereses".

. Además, desde el Frente Amplio se quiere "garantizar la máxima transparencia y el libre acceso a la información" respecto a la financiación de los partidos políticos y "dotar a los organismos de control de todos los recursos humanos y materiales necesarios para que puedan auditar profesionalmente y en tiempo real todos los ingresos y egresos" de cada colectividad.

La izquierda considera necesario "diseñar un marco legal que garantice que el funcionamiento de los partidos políticos tenga máxima autonomía del financiamiento privado, promoviendo equidad, donde los recursos para invertir en campañas electorales provengan exclusivamente del erario público, adherentes y aportes de quienes ocupan cargos en representación de cada partido político".

Además, propone "penalizar severamente las transgresiones al nuevo marco legal que se logre consensuar con todos los partidos políticos" y "promover la implementación de campañas políticas a la medida de la cultura cívica y ciudadana" de Uruguay, donde "la cercanía con la gente y el cara a cara, predominen claramente sobre las campañas basadas en marketing publicitario".

Asimismo, planea profundizar la concresión de convenios con fundaciones u organismos internacionales para mejorar los conocimientos en gestión pública.