Proponen prohibir a comercios tirar comida apta para consumo

El proyecto, elaborado por un diputado colorado, recoge apoyo en otras bancadas y en el PIT-CNT

Un proyecto del diputado colorado Adrián Peña (Vamos Uruguay) propone prohibir a los supermercados y otros comercios tirar alimentos que al final de día estaban a la venta y por tanto en condiciones de ser consumidos. Tampoco las grandes superficies podrán almacenar comida con fecha de caducidad próxima, según la iniciativa. Todos esos productos deberían donarse.

La iniciativa propone entregar la comida a organizaciones no gubernamentales (ONG), bancos de alimentos y entidades de beneficencia para que la distribuyan, sin costo, entre personas pobres o indigentes.

La intención del legislador es poder multiplicar el número de comidas gratuitas que se brindan diariamente a personas que generalmente viven en situación de calle y reciben platos calientes de organizaciones civiles, sobre todo en horas de la noche.

Peña presentó la idea en el Parlamento y al PIT-CNT, que lo recibió en su Secretariado. El presidente de la central obrera, Fernando Pereira, opinó que el proyecto "es totalmente compartible". El texto pasó a la sala de abogados del PIT-CNT que lo revisará y la dirigencia sindical dará su opinión positiva en la comisión de Población de Diputados donde se discute el tema.

Pereira dijo a El Observador que ese tipo de iniciativa "seguro ayudará" a resolver un problema y sin costos porque los comercios no pueden calcular exactamente lo que compran para hacer comidas y siempre algo les queda.

En Uruguay no está cuantificada la cantidad de alimentos que se tira a la basura pero sí el número de ciudadanos que tienen problemas económicos para comer.

De acuerdo a datos oficiales, son 10 mil las personas que no pueden satisfacer mínimamente sus necesidades alimentarias. Además, en el país hay 335 mil pobres (9,7% de la población total) que no cuentan con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, de acuerdo a datos del año pasado del Instituto Nacional del Estadística.

El diputado Peña dijo a El Observador que el texto está sujeto a cambios y ya recibió comentarios favorables de colegas del Partido Nacional así como del Frente Amplio, que lo aceptan con algunos cambios en la redacción.

El país cuenta con un sistema de apoyo a sectores vulnerables de la población, fundamentalmente a través del Ministerio de Desarrollo Social que entrega tarjetas para comprar en almacenes.

Además están los programas del Instituto Nacional de Alimentación (INDA) que atienden a 200 mil personas ya sea en forma directa, a través de organizaciones sociales, Plan CAIF o comedores administrados por los gobiernos departamentales. "También por medio de las 28 mil tarjetas activas por hogares con riesgo nutricional o por personas con enfermedades crónicas que requieren complementos alimenticios", informó en enero el director del INDA, Gerardo Lorbeer, a la web de Presidencia de la República.

Pablo Pacheco, coordinador del área de desarrollo comercial del Mercado Modelo, dijo a El Observador que en el caso de ellos "naturalmente" se estableció un mecanismo donde organizaciones no gubernamentales y hasta el Ejército, pasan con camionetas a recoger alimentos que no llegarán al consumidor. "El resto, lo que se tira, no tiene calidad de consumo", afirmó.

Generalmente, dijo Pacheco, se entregan más alimentos a las ONG cuando sobra un producto y eso se puede deber a que hay mucha oferta o cuando las temperaturas son más altas, lo que acelera la degradación y por tanto no se pueden conservar, explicó.

El proyecto del diputado Peña, titulado "mejor uso de alimentos", apunta a los supermercados, los establecimientos comerciales de grandes superficies destinados a la venta de artículos alimenticios –ahí entran las cadenas de comidas rápida- la industria alimentaria, las empresas elaboradoras de alimentos y aquellas dedicadas a la distribución y comercialización. Peña explicó a El Observador que se apunta a los comercios con más de 200 metros cuadrados de espacio para atender al público.

Todos ellos "no podrán destruir o tirar comida o productos de alimentación que se han quedado sin vender y que todavía se encuentran en condiciones de ser consumidos", establece el proyecto en su artículo primero. Los productos caducados tampoco podrán tirarse y deberán destinarse para alimentar animales o para la producción de compost para la agricultura.

En el proyecto también se recomienda al Poder Ejecutivo hacer campañas educativas que enseñen a no despilfarrar alimentos.


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