<b>Gabriela Fulco, presidenta del Inisa</b><br>

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Propuestas de Fulco: colchones para reprimir y silla de ruedas

La presidenta del Sirpa respalda el fallo judicia por el que fueron procesados 26 funcionarios, explica los motivos de su nueva denuncia y señala que el sindicato es "necio"
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27 de agosto de 2015 a las 05:00

Gabriela Fulco cumplirá este domingo 100 días al frente del Sistema Penal de Responsabilidad Adolescente (Sirpa). La crítica a la anterior gestión, varios motines, dos denuncias penales, el procesamiento con prisión de 16 funcionarios y sin prisión de nueve, una huelga de trabajadores y un decreto de esencialidad han marcado el pulso de su gestión. En esta entrevista asegura que el sindicato actúa de forma "necia" y niega que exista una "crisis".

¿Qué denunció ante la Justicia este lunes?

Denunciamos que los 19 jóvenes trasladados a consecuencia del motín (en el Ciedd) y reubicados en Burgues, en un área que ya estaba cerrada, tenían distintas lastimaduras en cabeza, espalda y piernas. Los hicimos ver por médicos y luego les tomamos actas uno por uno para sustanciar la noticia al juez. Los incidentes en el Ciedd se producen a partir del abandono de las tareas por parte de los funcionarios, tema que no es menor. Los jóvenes vuelven a decir que gritaron durante horas "funcionario, funcionario", que había algún joven que necesitaba asistencia médica y que nadie aparecía. Ahí empiezan los problemas y se pide al juez el ingreso de la Guardia Republicana.

El sindicato denunció que en Burgues estuvieron casi 20 horas engrilletados y que no todos recibieron asistencia médica.

Todos fueron vistos por médicos. El juez tiene la constatación de las lesiones vistas por médicos.

¿Hubo un trato degradante hacia esos jóvenes luego del traslado?

Los grilletes y las esposas son una medida de seguridad dentro de un ambiente de privación de libertad. El punto es saber qué seguridad tenían las celdas para justificar o no grillete o esposa, de lo que se desprendería si hubo trato degradante o no.

Quizá el juez pueda considerar que los adolescentes que estuvieron casi 20 horas con grilletes también sufrieron trato degradante, tipificado en el delito de tortura.

No es la primera vez en este sistema que ellos han tenido medidas de sujeción a la cama a través de esposas. En el período anterior también hubo. Es lo que relatan los adolescentes. Si hubo investigaciones o no, no sé porque yo no estuve.

¿La orden de mantenerlos engrilletados fue suya?

Se hicieron consultas con el juez. No hay una orden expresa. Con la Institución Nacional de Derechos Humanos estuvimos evaluando qué medida de seguridad se tomaba si no hay candados. Pero de eso no puedo hablar más porque está en la Justicia.

Hoy (por ayer) visitó los centros Ceprili y Ciedd con la ministra Marina Arismendi. ¿Cuál fue el motivo de la visita?

Comprobamos que no se estaban cumpliendo los puntos del preacuerdo de la medida de esencialidad (decretada el sábado a raíz de una huelga iniciada ese mismo día, en protesta por los procesamientos de 26 funcionarios). La esencialidad marca (que los funcionarios deben asegurar) la salida de la celda (de los internos) más actividades recreativas y educativas. Lo que más nos interesaba era la salida de la celda porque estaban desde la madrugada del domingo encerrados. Tres días estuvieron encerrados. Había una confusión porque los funcionarios nos decían que ellos no tenían conocimiento del preacuerdo, nadie se los había informado. El martes de tarde no tenían conocimiento de eso, por lo tanto, se mantenían en las medidas gremiales, (asegurando solo) alimentación, visita y salud.

¿Incumplieron la esencialidad?

Les explicamos que se estaba incumpliendo. La respuesta fue: "A nosotros nadie nos explicó nada, no sabemos el contenido del acuerdo". Por lo tanto, llamé a la viceministra, Ana Olivera, y le comuniqué la situación. Ella llamó al sindicato para comunicar que la gente no estaba informada. De todas maneras, el martes no logramos que salieran en todo el día, a pesar de que la esencialidad rige desde el sábado. Como íbamos tres días (de encierro), el martes le pedimos por favor a los funcionarios de planta de Ceprili y Ciedd que los sacaran media hora, pero no lo logramos. Por lo tanto, hoy (por ayer) fuimos con la ministra para volver a chequear que la medida se estuviera cumpliendo. Hoy (por ayer) sí están saliendo de las celdas.

¿Los que no cumplieron la esencialidad serán sancionados?

Por el momento no lo hemos pensado porque ellos dicen que el sindicato no les comunicó.

¿Los 26 trabajadores procesados por tortura serán destituidos?

Cualquiera que está en un proceso penal es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que no termine el juicio y haya una sentencia no se puede resolver nada a nivel administrativo en cuanto a destitución.

¿Cómo valoró el fallo?

El juez lo explicó muy bien en su dictamen. Él detalla qué es tortura, que no es solo pegar. Incluye tratos crueles, inhumanos y degradantes. Uruguay no tenía antecedentes de este tipo de procesamientos, salvo uno por incidentes en la cárcel de Canelones. Esta es la primera vez que ocurre en el sistema juvenil.

El sindicato tiene un poder muy fuerte. Cree que el fallo judicial lo debilita y que la Comisión Delgada toma así las riendas del Sirpa?

Los responsables de la conducción del Sirpa están en la Comisión Delegada. A nivel institucional se puede dialogar con los trabajadores sobre las condiciones de trabajo del personal, que deben ser mejoradas porque no son buenas. Las condiciones de trabajo incluyen también vestimenta. La gente tiene que estar uniformada para trabajar. En las políticas de conducción de esta institución nunca se pensó en esta área de bienestar de los funcionarios. Además, tenemos que sumarle capacitación, que evidentemente no ha sido suficiente. Lo otro son los manuales de procedimiento.

El sindicato sostiene que el protocolo que propuso establece que los adolescentes deben ser reprimidos con colchones.

Estas son las cosas que se distorsionan. En una conversación con el sindicato mencioné que hay experiencias muy importantes de otros países que podíamos incorporar: Estados Unidos, Israel, Suecia, Francia. Hice comentarios sobre cosas que vi y viví durante mis propios entrenamientos. Mencioné cómo se asegura la integridad física del funcionario y del adolescente donde nadie sale ni con el menor rasguño y di dos ejemplos. Uno es el del colchón. Se ponen cuatro funcionarios atrás de un colchón y avanzan hacia una persona que está desacatada y cuando está cercan la envuelven. Luego que está envuelta, como en un chaleco de fuerza psiquiátrico, alguien pone los grilletes abajo y las esposas. Luego pueden conducirlo normalmente o -y este es el segundo ejemplo- se utiliza una silla de ruedas donde se sienta a la persona para llevarlo a otra sala. No sé por qué les llamó tanto la atención que lo repitieron y quedaron con que yo nunca había escrito cómo se usa el colchón. Eso capaz que se incorpora al nuevo protocolo de seguridad o capaz que no. Es una cuestión medio necia de la contraparte que no quiere entender o quiere que mal se interprete algunos ejemplos.

¿El sistema está en crisis?

No. Hay una línea muy clara de política institucional que es modernizar el sistema, prevenir y eliminar cualquier foco de corrupción e impunidad, trabajar bajo el parámetro y el paraguas del respeto por la dignidad de las personas privadas de libertad, por la mejora de las condiciones de vida de los que cumplen funciones dentro del sistema y tolerancia cero a lo que suponga situaciones de tratos y penas inhumanas y degradantes.


Los números de Vázquez no cierran

El presidente Tabaré Vázquez dijo este miércoles en rueda de prensa que "en el INAU se atienden decenas de miles de niñas, niños y adolescentes, pero los menores infractores es un grupo muy reducido, de no más de 200 o 300, algo así por el estilo". Sin embargo, la cantidad de adolescentes infractores bajo la órbita del Sistema Penal de Responsabilidad Adolescente (Sirpa) son 914, según cifras oficiales a las que accedió El Observador. De ellos, 531 están internados en centros de privación de libertad, mientras que el resto está en régimen de libertad asistida.


José López presentó denuncia penal

El Sindicato Único del INAU (Suinau) presentó ayer una denuncia penal. El presidente del Suinau, José Lorenzo López, procesado sin prisión por el delito de tortura, exige "que se investigue quiénes son los verdaderos responsables de que el domingo, después de un traslado a un centro al que la propia administración había cerrado porque no estaba apto para atender a jóvenes privados de libertad, los jóvenes trasladados estuvieron casi 20 horas esposados, engrilletados y durante un lapso grande sin recibir atención médica, lo que es una cuestión muy grave". "En ese momento se estaba desarrollando una huelga por parte de nuestra organización", dijo a Telenoche. López aclaró que la denuncia no se presentó contra los policías acusados de agredir a los adolescentes.


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